Selva Política

*Proponen Crear el Día Nacional Para Eliminar la Violencia Contra los Pueblos Indígenas

*Diputadas Plantean Crear Juzgados Especializados en Violencia Familiar

La diputada Concepción González Molina (PT) presentó una iniciativa para declarar el 22 de diciembre de cada año como “Día Nacional Para Eliminar la Violencia Contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, con la finalidad de visibilizar las condiciones de desigualdad y de pobreza que siguen sufriendo estas comunidades.

En un comunicado la legisladora señaló que, a pesar de las medidas emprendidas por la actual administración para buscar por todos los medios el adelanto social de los pueblos originarios y el reconocimiento pleno de todos sus derechos, las personas indígenas continúan padeciendo de violencia y vulneración a sus garantías, debido a su condición étnica.

Aseveró que estas comunidades viven en una situación de profunda desigualdad, pobreza e impunidad, especialmente las que defienden su territorio y su libre determinación.

De la misma forma, la congresista lamentó que la presencia del crimen organizado en las regiones indígenas del país ha generado un clima de tensión, toda vez que estos grupos buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas, así como la explotación ilegal de recursos naturales, situación que genera una violación sistemática a sus derechos humanos.

Reiteró que, derivado de lo que han enfrentado históricamente los pueblos originarios de México, que van desde la discriminación cultural y social hasta la represión política y económica, así como el crecimiento del crimen organizado y la sobreexplotación de sus recursos naturales, es que se debe visibilizar a los pueblos indígenas y afromexicanos y recordar las necesidades que tienen.

Por otra parte y para que el Estado cumpla su función de suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer que sufre violencia, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la creación y funcionamiento de juzgados especializados en violencia familiar.

 La propuesta señala que el Consejo de la Judicatura Federal podrá crear, mediante acuerdo, órganos jurisdiccionales especializados en Violencia Familiar para que ejerzan dicha función, siempre que cuenten con la formación, capacitación y especialización necesarias para tal efecto.

Establece que los jueces especializados en violencia familiar tendrán competencia mixta, por lo que conocerán de las materias familiar y penal, con las facultades y atribuciones que la legislación aplicable les confiere.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, indica que la creación y ubicación de estos juzgados se realizará conforme a las necesidades y demandas específicas de cada jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial en materia de violencia familiar, y garantizar así la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las víctimas.

Menciona que las y los Jueces de Distrito Especializados en Violencia Familiar tendrán las atribuciones de conocer de la violencia familiar y delitos que sean cometidos contra la mujer con quien el sujeto pasivo tenga una relación de cónyuge o excónyuge, concubina o exconcubina, tenga o haya tenido relación de pareja o con quien haya constituido sociedad en convivencia.

De igual forma, tener parentesco consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado o parentesco colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, sea adoptante o adoptado, o cuando los hijos de las mujeres, se encuentren sujetos a la custodia, guarda, protección, educación o cuidado del sujeto activo.

En tanto, en materia familiar podrán conocer y resolver del procedimiento familiar en los casos en que se advierta la probable existencia de hechos constitutivos de violencia en contra de mujeres, niños, niñas o adolescentes o grupos en situación de vulnerabilidad, dictar las medidas preparatorias, cautelares y provisionales reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, siempre que sean solicitadas por mujeres en casos de violencia familiar, ya sea que se trate de proteger derechos propios o los de sus hijos e hijas.

En materia penal, podrán conocer del procedimiento penal del sistema acusatorio y oral regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de los delitos contenidos en el Código Penal Federal, lo que incluye delitos de peligro para la salud personal, contra la libertad y seguridad en el desarrollo psicosexual de personas menores de edad, contra la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo de la personalidad, contra la vida y la integridad corporal, y contra el patrimonio.

Entre otras facultades, podrán dictar las medidas cautelares, así como ratificar, modificar o cancelar las medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y atender y resolver las salidas alternas o la forma de terminación anticipada, de acuerdo con el mismo.

La iniciativa destaca en su argumentación que el establecimiento de juzgados mixtos especializados en violencia familiar, permitirá atender y resolver de manera integral y con mayor calidad, celeridad, y eficiencia los casos de violencia familiar, evitando la revictimización y garantizando el acceso pronto y expedito a la justicia. Asimismo, hará posible que las mujeres reciban atención de forma inmediata y permitirá aligerar la carga excesiva de trabajo a la que se ven expuestos los tribunales.

Además, las mujeres víctimas de violencia familiar podrán recibir acompañamiento de forma consecutiva y secuencial, sin que resulte en la necesidad de acudir ante diversas instancias y autoridades, pues cuando así ocurre se ha observado la dilación del procedimiento, la incoherencia y contradicción en las resoluciones, así como la falta de sensibilización. 

De salida les informamos que la diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM) plantea considerar como amenazas a la seguridad nacional todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio, en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado mexicano.

A través de la iniciativa que adiciona la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, propone establecer este tipo de delitos como una amenaza, porque se trata de un ilícito con orígenes y alcances no solo nacionales, sino internacionales, y cuyos daños son incuantificables.

Indica que con esta reforma se reconoce la gravedad del problema y se garantiza la atención multiinstitucional y multifactorial que se necesita, para que verdaderamente y de manera efectiva y pronta, se pueda hacerle frente, mediante la atención, prevención, identificación, denuncia y sanción, de todas las instituciones relacionadas con la seguridad pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, al momento de incluir la ciberseguridad como tarea de seguridad nacional, el tema será objeto de atención del Consejo de Seguridad Nacional que, como señala el ordenamiento citado, se encarga de garantizar y asumir la materia.

Hernández Guerrero menciona que los ciberdelitos han crecido debido a los adelantos tecnológicos, y los mismos no atienden exclusividad de edad o género, ni tampoco condición social o estatus público o privado. “Es tan grande su prevalencia hoy, que hace parecer que se trata de un delito cobijado por la invisibilidad, o bien, por la impunidad”.

Rugidos

Semana Santa

Lo mejor que podría sucederle al país durante esta Semana Santa, sería que disminuya la inseguridad pública, la violencia y, desde luego el número de asesinatos que mantiene desangrándose a un país contrastante como lo es México.

Los buenos deseos y el convivio en paz y armonía deberán prevalecer entre los mexicanos, derivado de la fe religiosa y lo devotos de la religión católica que son la gran mayoría de los habitantes de este país, el cual sigue sorprendiendo por la ola de inseguridad, asaltos, secuestros y asesinatos que parecen no tener fin.

La Semana Santa que ayer domingo inició, deberá ser, insistimos, el marco de paz y sosiego en el cual debe moverse, convivir y caminar la sociedad mexicana. La violencia nuestra de cada día debe ser atajada, detenida y parece ser que estas fechas son idóneas para ello.

A las campañas políticas que se llevan a cabo, se deben acompañar parte de los usos y costumbres, las tradiciones y eventos culturales-religiosos que nos ofrece la también llamadsa Semana Mayor. Que así sea.