Selva Política

*Plantean que Ninguna Mujer Tenga Responsabilidad Penal, por Defender su Vida

*Lista, Iniciativa Para Castigar el Acoso Escolar a Niños Indígenas y Afromexicanos

La diputada Marisol García Segura (Morena) impulsa una iniciativa que plantea reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, con el propósito de que ninguna mujer tenga responsabilidades penales por defender su vida ante su agresor o agresores, después de haber sido víctimas de violencia física, sexual o feminicida, o bien, defienda a un tercero en los mismos términos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, estipula que, en los casos de violencia física, sexual o feminicida en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no se aplicará el término exceso en la legítima defensa cuando se defienda un bien propio o ajeno”.

Refiere que el juzgador podrá imponer tratamiento psicológico a la persona que se defienda, así como medidas para la protección de su integridad y sus bienes.

La legisladora sostiene que otra finalidad de estas modificaciones es promover la obligación de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos, así como de los entes encargados de impartir justicia en todos los casos relacionados con la violencia sexual, feminicida y de género.

Subraya que en México no hay estadísticas respecto al número de las mujeres encarceladas por defender su vida ante una situación de peligro, prueba de ello es que en los centros penitenciarios de mujeres este tipo de casos son criminalizados e invisibilizados, lo cual obstaculiza el acceso a la justicia.

“Las mujeres no deberían ser procesadas y sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la legítima defensa, pues no agredieron o asesinaron a sus agresores, sino que reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba”, puntualiza la diputada Sodi.

Reitera que las mujeres agredidas y que se defienden tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar encarceladas, lo cual añade es preocupante, pues las autoridades ignoran los protocolos de atención, los tratados y convenios internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, que tienen como objetivo permitir su acceso a la justicia.

Enfatiza que el sistema de justicia continúa sin tomar en cuenta el contexto que viven las mujeres, pese a conocer que el 70 por ciento, mayores de 15 años, son víctimas de violencia de género y que se asesina a 11 mujeres por día en este país.

Por otra parte, resalta que para las autoridades el veredicto del agresor, los signos de violencia que éste presente y el arma son pruebas suficientes para que las mujeres puedan ser condenadas, pues en la lógica machista de las y los operadores “las mujeres que matan” son culpables.

Argumenta que la invisibilización de la violencia contra las mujeres es palpable en la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer, así como la poca información que existe sobre la magnitud de los casos de legítima defensa que afectan principalmente a la mujer.

La diputada García Segura sostiene que la falta de datos en los casos de legítima defensa por mujeres víctimas de violencia sexual y feminicida obstruye el esfuerzo por elaborar estrategias de intervención concretas; de ahí la importancia de reformar el Código Penal Federal.

En otro tema, la diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) presentó una iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a fin de facultar a esta institución para que colabore en la planeación y elaboración de programas contra el acoso escolar a niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos.

La modificación precisa que el Instituto tendrá entre sus atribuciones “colaborar con la Secretaría de Educación Pública (SEP), planear, elaborar, implementar y promover acciones, medidas, protocolos y programas orientados a evitar el acoso escolar a niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, entendido éste como todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, también propone la integración de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Junta de Gobierno del INPI.

En su argumentación, explica que el INPI debe estar facultado para colaborar con la SEP, pues de nada sirve que las leyes protejan sus derechos, si éstos sufren en la escuela actos de violencia motivados específicamente por su etnia.

Subraya que para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos es necesario impulsar medidas que activamente rompan con esas estructuras discriminatorias e impulsen acciones específicas para proteger su integridad y derechos humanos, respetar su derecho a la autodeterminación, y evitar que la dominación cultural acabe con sus costumbres, tradiciones y conocimientos.

El espacio donde se deben reforzar dichas acciones a favor de los pueblos indígenas es, particularmente, en lo referente al acoso escolar, definido en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

Menciona que es conveniente que la CNDH forme parte de la Junta de Gobierno del INPI, por ser ésta la entidad del gobierno que se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que contar con expertos para asesorar en dicha materia es especialmente importante para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

De salida les informamos que la diputada Gabriela Sodi (PRD) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VII denominado Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La propuesta, remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana, define al Registro de Personas Agresoras de Animales como la base de datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que contiene, administra y controla los registros de las personas que han sido sentenciadas por maltrato en contra de los animales en el ámbito de la Federación o de los estados.

Además, que la SSPC, mediante convenios de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y de los estados, compartirá información sobre las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial en contra de personas que hayan cometido actos de crueldad animal.

Plantea que el Registro contendrá nombre y Clave Única del Registro de Población de quien haya ejecutado conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal, así como su residencia, datos de documentos oficiales, del expediente del que deriva su inscripción, la sentencia o resolución que fije la pena o sanción, y las medidas de atención de salud emocional o de algún trastorno.

La información del Registro estará disponible solamente para el personal que designe la Secretaría, quien deberá recopilar, almacenar y actualizar la información relacionada con el padrón de todas aquellas personas que hubiesen sido condenados mediante sentencia o resolución. Por ningún motivo podrá hacer público su contenido.

También señala que con la finalidad de salvaguardar la vida de los animales, los responsables de los refugios, asilos y albergues para animales dependientes de las dependencias e instituciones oficiales en el ámbito Federal de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán consultar si la persona adoptante se encuentra en el Registro, antes de darle en adopción cualquier animal o emitir la autorización de las licencias correspondientes.

Rugidos

¿Abstencionismo en puerta?

Conforme avanza el proceso electoral en México, la violencia, amenazas y agresiones verbales y físicas se multiplican en contra de las y los candidatos que compiten por un puesto de elección popular, lo que podría poner en riesgo la participación de millones de mexicanos.

Durante las últimas horas, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que en Tabasco 300 funcionarios de casilla renunciaron a participar en el proceso del 2 de junio, debido a las amenazas y riesgos en contra de su integridad física. A este anuncio que alarma, en los últimos días se reportaron casos de agresiones en contra de quienes en estos momentos realizan campaña en busca del voto ciudadano.

A un mes de que millones de mexicanos, asistamos a las urnas, las autoridades del INE y los tres niveles de gobierno –municipal, estatl y federal- deben instrumentar un plan que ofrezca certidumbre y seguridad para los electores en todo el país.

De no implementar ninguna acción en este sentido, el fenómeno del abstencionismo podría presentarse y jugarle la contra a las afirmaciones de los dirigentes de los partidos políticos, respecto a que esta jornada cívica será la más participativa y concurrida en toda la historia del país.