Selva Política
- MIGUEL BARBA
- 17 mar
- 5 Min. de lectura

*Prepara Comisión de Pesca, Cinco Reformas a la Ley; Atenderán Necesidades del Sector
*Garantizarán Acceso a Personas con Discapacidad a Playas Nacionales; Alistan Reformas
La Comisión de Pesca trabaja en coordinación con dependencias federales en cinco reformas de ley que atienden las necesidades del sector pesquero, informó la diputada Azucena Arreola Trinidad (Morena), presidenta de esta instancia legislativa.
“Estamos trabajando de manera coordinada con Conapesca, Sader, varias dependencias federales, Secretaría de Marina, la Semarnat; también es importante para el tema de los sistemas lagunarios y los manglares”.
En entrevista, la legisladora por Chiapas indicó que el pasado 19 de febrero, en una reunión de comisión y las dependencias federales, se acordó trabajar en cinco reformas
“Una, a la Ley Federal del Trabajo, para reconocer el trabajo de los pescadores, acuicultores, buzos pescadores, que es un primer paso para visibilizar el trabajo que ellos realizan”, expuso.
Del mismo modo se trabajan modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura, a la Ley de la Marina Armada, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de Derechos, detalló.
En el caso específico de los cambios a la Ley Federal de Derechos se busca exceptuar del impuesto que se aplica a las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña.
La legisladora hizo hincapié en que las propuestas de modificación surgen de las peticiones del sector pesquero que han sido recogidas en reuniones y foros de trabajo. “Hemos escuchado y llegamos a la conclusión de que es importante primero realizar estas reformas”.
Indicó que la Comisión que encabeza trabaja en conjunto con su homóloga en el Senado de la República, así como con gobiernos estatales para impulsar dichas modificaciones.
“La senadora Ivideliza (Reyes Hernández) también tiene ya hace dos meses con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Estuvimos platicando de todas las reformas que se van a hacer para impulsarlo juntos, tanto la Cámara de Diputados como los senadores. Y todos los jueves con las dependencias: Semarnat, Semar, Conapesca, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acuden a las mesas de trabajo para que sea una colaboración de todas y de todos”, detalló.
La diputada adelantó que tres de las reformas se presentarán a finales de marzo o principios de abril. Estas incluyen la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Armada de México.
En el caso de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura se está trabajando y se decidirá si se presentará en este periodo ordinario de sesiones o en el siguiente, ya que se planean realizar foros en 17 estados a fin de recoger aportaciones del sector pesquero.
Por otra parte, sobre la relación comercial con Estados Unidos, la diputada destacó que México exporta el 92 por ciento de sus productos del mar, y las negociaciones con el gobierno de ese país son cruciales, especialmente para productos procesados como el atún y el abulón azul.
“Espero que todo este proceso, las negociaciones que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sean para bien del sector. Sobre todo, va a afectar más a aquellos productos que son procesados, enlatados, donde más impuesto les cobra”, subrayó.
En otro tema, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC), presentó una iniciativa que plantea reformar los artículos 8 y 120 de la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las playas marítimas, a la zona federal marítimo terrestre y a los terrenos ganados al mar.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población, establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)deberá promover, proteger y asegurar las medidas de inclusión necesarias que garanticen el acceso a las personas con discapacidad.
Asimismo, el Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat, promoverá las medidas de inclusión que garanticen el acceso a la zona federal marítimo terrestre.
En la exposición de motivos señala que si bien la legislación ha avanzado al incluir en la Ley General de Bienes Nacionales la prohibición de restringir o condicionar el acceso a todas y todos los ciudadanos y visitantes a las playas nacionales, es fundamental garantizar el ingreso a personas con discapacidad.
Refiere que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México hay seis millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país, de las cuales 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.
Este Censo define a personas con discapacidad a aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como ver, escuchar, caminar, recordar, concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse.
La diputada Núñez Sánchez subraya como indispensable que la autoridad federal, en coordinación con los municipios costeros y los particulares, avancen en la suscripción de “Acuerdos de Destino” y “Concesiones” que sirvan como base jurídica para la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de los accesos libres al mar, los cuales deben contar con una perspectiva de inclusión para las personas con discapacidad.
“Si las playas nacionales son de acceso y disfrute de todas las personas, es necesario que también estén consideradas las personas que cuentan con alguna discapacidad, para garantizar su accesibilidad en términos de igualdad y respecto de los demás”, destaca la legisladora.
Por ello, señala que es primordial desarrollar acciones que permitan generar las condiciones necesarias para que las y los mexicanos cuenten con un desarrollo integral en actividades laborales, personales, cotidianas y de recreación.
De salida informamos que la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del grupo parlamentario del PRI, planteó una iniciativa que reforma el artículo 248 bis del Código Penal Federal, con el objetivo de combatir y castigar las denuncias falsas, dando un paso no solo en la impartición de justicia, sino también en la consolidación de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.
La modificación agrega a dicho precepto que “a cualquier persona que denuncie actos que no hayan sido perpetrados y existan pruebas fehacientes de la falsedad de los dichos”, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, subraya que es necesario tipificar de manera expresa el delito de denuncia falsa, diferenciándolo de la simple falsedad de declaraciones, e incluir sanciones adecuadas que disuadan este tipo de conductas sin afectar el derecho legítimo de denunciar cuando existen hechos reales.
Rugidos
Huellas

Ante el desafío, acciones inmediatas parece ordenar la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al anunciar que se atenderá el grave problema de las desapariciones con una. Uva estrategia.
Entre estas acciones, la mandataria adelantó que habrá reformas las cuales buscarán equiparar la desaparición en secuestro.
Más allá de una respuesta jurídica y legal al problema de las desapariciones, el gobierno federal debe implementar un programa de medidas que prevenga este delito y ayude definitivamente a reducir el número de lamentables casos de desapariciones qué terminan en muerte y desolación.






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