Selva Política

*Proponen Crear la Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura Para el Bienestar

*Ya se Reúnen Diputadas y Funcionarios de Hacienda, Previo al Paquete Económico 2026 

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa busca abrogar la Ley de las Asociaciones Público Privadas, que data del 2012, y crear al Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar.

Sostuvo que las asociaciones público privadas han generado muchísima polémica, una gran desconfianza y un abuso muy grande por muchos de los que se dedicaron a construir carreteras, hospitales, centros penitenciarios y que, con toda la experiencia de más de 12 años, el resultado ha sido una falta de compromiso con el desarrollo del país y un esquema de financiamiento que dañó muchísimo las finanzas nacionales, estatales y municipales. 

“Por ello, queremos suprimir ya de una vez por todas el esquema de APP y dar paso a una nueva legislación. Es una legislación que voltea a ver un rezago muy grande que tenemos en la infraestructura básica, ya no solamente centrado en las grandes autopistas y en algunos proyectos en materia energética, sino que estamos buscando poner atención a un sector que requiere con urgencia la participación pública, pero sobre todo un incremento de la inversión privada”, señaló. 

En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, Ramírez Cuellar subrayó la importancia de alcanzar mayores niveles de presencia de los inversionistas en materia de conectividad, tanto de caminos, de carreteras como de Internet. 

“Hemos aprobado recientemente una legislación en materia de telecomunicaciones, y creo que es el momento de generar todos los espacios y los escenarios favorables para poder llevar la conectividad a aquellas regiones y comunidades más alejadas”, abundó. 

También, dijo, es preciso atender el tema de la infraestructura en agua, particularmente en rehúso de agua, el tratamiento de desechos y de residuos sólidos, y la infraestructura en materia de educación de salud, bajo un esquema distinto a las APP, donde haya posibilidad de garantizar mayores niveles de bienestar a las comunidades y a las familias de nuestro país. 

En ese sentido, expuso que la nueva Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar plantea incluir inversiones mixtas, inversiones directas, inversiones mínimas, a fin de iniciar una estrategia contracíclica, sobre todo porque las últimas del Inegi revelan la necesidad de que crezca la inversión en el país, como lo ha proyectado la presidenta Claudia Sheinbaum, para que la inversión privada alcance alrededor de 24 o 25 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, se pretende que la inversión pública tenga un mayor dinamismo. “Hay restricciones fiscales, pero tenemos una gran cantidad de fondos, de fideicomisos, de ahorros establecidos en las afores, créditos en las instituciones bancarias y lo que queremos es que este nuevo marco legal permita una movilización nacional de todos los recursos económicos y financieros para atender las grandes necesidades que tenemos en infraestructura para el bienestar”. 

El diputado destacó que este nuevo marco jurídico permitirá diseñar un régimen especial sin la necesidad de las restricciones de la legislación en materia de obras públicas de adjudicación. 

Plantea, anotó, la creación de la Comisión Nacional de Infraestructura para el Bienestar, ya que las inversiones colocadas principalmente en un sector, son muy buenas, pero no pueden quedarse solamente ahí, cuando hay muchos requerimientos en materias de agua, carreteras, conectividad, salud y tratamiento de residuos. 

De igual manera, indicó, se busca que haya un esquema de utilidades y beneficios mutuos y de prosperidad compartida para la iniciativa privada y el Estado. 

Por otra parte, cuestionado sobre la posible desconfianza de los empresarios en el Poder Judicial tras la reciente elección de personas juzgadoras, Ramírez Cuéllar afirmó que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen el reto de acreditar la Independencia de sus resoluciones y la pulcritud de sus sentencias, así como la certeza de todos aquellos que concurren a que se diriman de manera adecuada los conflictos. 

“Eso no se predice, no se logra en automático, la confianza es algo que se construye y se conquista. Y yo creo que toda la ciudadanía, las cámaras empresariales, el ejecutivo, los juzgadores, las juzgadoras estamos en ese reto: construir imparcialidad, construir probidad y construir un equilibrio en las resoluciones y las sentencias”, puntualizó.

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Por otra parte, la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, informó que se están organizando reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) previas a la recepción del Paquete Económico para 2026, con el fin de facilitar la discusión entre todas las fuerzas públicas. 

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó que la próxima semana se reunirá con funcionarios de la SHCP para planear cómo van a ser las mesas de trabajo en la Comisión, como en ejercicios anteriores, donde se dio voz a la oposición y se realizaron reasignaciones presupuestales con base en los acuerdos alcanzados. 

En ese contexto, Gómez Pozos dijo que se tiene prevista una reunión en la primera semana de agosto con la subsecretaria de Egresos de la SHCP, antes de que se presente formalmente el proyecto de presupuesto, en la cual se buscará optimizar tiempos y construir consensos anticipados.

Al ser cuestionada sobre las críticas de la oposición respecto a un presunto enfoque electorero en el precriterio presupuestal, la legisladora opinó: “es lo que van a decir siempre, su papel es buscar el cómo no”.

En cuanto al contexto económico internacional, Gómez Pozos consideró que amenazas como los posibles aranceles al cobre anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump o los conflictos bélicos globales, deben contemplarse, pero no determinan la agenda económica nacional.

Destacó que México mantiene estabilidad gracias al manejo económico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su modelo de "humanismo mexicano".

Consultada sobre el destino de los recursos, reiteró que los programas sociales y las pensiones y jubilaciones seguirán siendo prioridad, ya que son derechos constitucionales, “no son dádivas a la gente”, y refirió que, según cifras del Banco Mundial (BM), “que no es precisamente una institución muy cuatrotera”, indican que 11 millones de personas salieron de la pobreza en años recientes, “eso habla de que se están haciendo bien las cosas económicamente.

“Es el retorno de sus impuestos también y es parte de esta economía circulante, y está lo que antes era prosperidad como parte de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum llama ‘humanismo mexicano’ y que está plasmado ya en la Constitución y, obviamente, tiene que ser una prioridad, es una inversión (…) no es un dinero que se esté dando y que no esté regresando en frutos dentro de las familias mexicanas”, concluyó.

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De salida les informamos que el Grupo de Trabajo en Materia de Cuidados, liderado por la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), suscribió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, efectúe los trámites necesarios para ratificar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

En conferencia de prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente que tiene lugar en el Senado de la República, la diputada Moreno Guerra explicó que el convenio, adoptado en 1981, es un instrumento internacional que promueve la igualdad de oportunidades y de trato entre las y los trabajadores con responsabilidades familiares. 

Subrayó que el punto de acuerdo, suscrito por las diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios que integran el citado Grupo de Trabajo, busca que se garantice la no discriminación en el ámbito laboral para que se puedan conciliar los asuntos personales con el desarrollo profesional.

“Ratificarlo abonaría a saldar la deuda que tenemos con las personas cuidadoras en México, no solo porque fortalecemos el marco legal de nuestro país, sino porque también traeríamos beneficios sociales, económicos y culturales para toda la nación”, apuntó.

Destacó que ratificarlo tendría varios beneficios como: la promoción de la igualdad de género, mejora de la productividad laboral, reducción de la desigualdad social y alineación con estándares internacionales. 

Reiteró que se fortalecería el bienestar familiar, la equidad de género y el crecimiento económico, por lo que exhortó a todas las fuerzas políticas a unirse para impulsar este proceso.  

Por su parte, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) confió en que este punto de acuerdo se vote lo más pronto posible en las comisiones pertinentes, “para que el Estado mexicano finalmente tome la decisión, porque se necesita avanzar en el derecho al cuidado”. 

Hizo hincapié en que los cuidados de personas enfermas, con discapacidad, de menores de edad y personas adultas mayores son una encomienda del Estado. “No podemos las mujeres seguir con esta responsabilidad en nuestros hombros, porque, además, el cuidado que podemos dar no es el que necesitan esas personas.

“La presidenta de la República ha dicho que va a impulsar, y ya se inició dos políticas públicas: una en Ciudad Juárez […] una serie de centros de cuidado infantil que ya fue firmado con el Seguro Social para echarlos adelante; y una política para los hijos e hijas de jornaleros agrícolas. Como dos entradas nos parece muy bien, para tener la experiencia de qué significa cuando hablamos de que el Estado tome en sus manos las responsabilidades de cuidado”, puntualizó.

La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena) remarcó la importancia de ratificar este convenio. Compartió que durante una reunión con representantes del IMSS en Guanajuato se le manifestó el interés de trabajar en el tema de cuidados, lo que daría justicia social a las personas que se dedican a ello.

“Pensamos que es algo como una obligación, cuando definitivamente es algo que se debe de visibilizar, de poner en las políticas públicas más relevantes del país”, expresó.

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Rugidos

¿Pájaros en el alambre?

En cualquier país del mundo y en el momento en que se da a conocer alguna acción de intervención en líneas telefónicas, las empresas que prestan servicios de intervención en la comunicación son severamente cuestionadas, pese a que por lo general quienes las contratan son los gobiernos.

Han transcurrido más de 10 años desde que la empresa Pegasus llegó por vez primera a nuestro país y los servicios para lo que fue contratada, siguen golpeando una y otra vez al ámbito político, un sector que ve en el espionaje una manera de actuar y alcanzar objetivos, pese a ser ilegal esa acción.

Ni duda cabe que a diferencia de hace 25 años, intervenir líneas de comunicación hoy en día, representa una acción posiblemente más sencilla, debido al desarrollo y avance de la tecnología que parece no tener freno. Realizar un ejercicio de este tipo está bien, si, siempre y cuando no estuviera prohibido.

La sombra de una empresa que intervenía comunicaciones, sigue reviviendo actuaciones de por lo menos los últimos 4 gobiernos federales de México.