Selva Política

*Avanza la reforma para frenar la extorsión, enviada por la Presidenta Sheinbaum

*Un Desafío en el Presente Sexenio, la Creciente Movilidad Humana: Estudiosos

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente informó que el pasado 10 de julio turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión.

Ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política, y con fundamento en los artículos 33, numeral 1 de las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente y 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 89 de las citadas Reglas Básicas.

El oficio de la Secretaría de Gobernación menciona que la propuesta de la titular del Ejecutivo busca dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general que establezca como mínimo la homogeneización del tipo penal y de sus penas, con lo cual retoma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto.

Añade que la iniciativa se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, toda vez que es necesaria para que en la ley general correspondiente se desarrollen tres de sus cuatro ejes rectores relativos a establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno.

También, desarrollar mecanismos de colaboración entre las instituciones de seguridad pública en donde se privilegie el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación de este delito y disponer mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones del gabinete de seguridad, a través de la definición de atribuciones comunes en la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales solo comprenden las denuncias efectivamente presentadas ante las fiscalías estatales, en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas de extorsión, respectivamente, subraya.

Precisa que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.

Además, de acuerdo con datos del SESNSP, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento.

Considera que una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas. Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos.

En el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. “Esta disparidad debe ser corregida”, indica.

Enfatiza que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país.

Dicha situación es resultado de que los gobiernos estatales generalmente enfrentan retos de múltiple naturaleza para formular estrategias adecuadas en la prevención, sanción o disminución de la incidencia de este delito, puntualiza.

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En otro tema y como parte del proyecto de acercamiento y reflexión sobre temas de la agenda internacional promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, este miércoles tuvo lugar en la Cámara de Diputados la conferencia “Los grandes desafíos de la movilidad humana en el presente sexenio en México”, impartida por el doctor Andrés Ramírez Silva.

La secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, Aliza Chelminsky, agradeció al ponente por sumarse a estos diálogos entre académicos, diputadas, diputados, investigadores y asesores de la LXV Legislatura para hablar sobre migración.

Expresó que migrar es un derecho humano que tienen las personas para buscar mejores oportunidades, escapar de la violencia, salir de las guerras, dejar condiciones precarias ocasionadas por eventos climáticos, así como abandonar situaciones de desempleo y pobreza.

Señaló que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente 184 millones de personas, es decir el 2.3 por ciento de la población mundial, vive fuera de su país de origen. México fue por mucho tiempo expulsor de personas, sobre todo hacia Estados Unidos, donde 40 millones hoy son mexicanos.

“México también se ha convertido en un país de tránsito e incluso de destino para las personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida”. Según cifras recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, cuatro de cada 10 personas que ingresaron de forma irregular consideran al país como su destino final”.

“Estamos hoy ante una coyuntura delicada; las y los migrantes hoy son criminalizados en el mundo entero. En los Estados Unidos están sujetos a deportaciones masivas o amedrentados para provocar su autodeportación”, agregó.

Al ofrecer su conferencia, el coordinador general del Centro de Estudios de Políticas Públicas para la Movilidad de las Personas, Andrés Ramírez Silva, sostuvo que en la historia se puede ver que el país no solo es un lugar de tránsito, ya que “actualmente llegan personas de gran diversidad de origen y poco a poco se ha convertido de tránsito y destino”.

Subrayó que no se puede pensar la política en el país ni la manera en que se enfrentan los problemas de movilidad, desligados del mundo, por lo que subrayó que las políticas migratorias de Estados Unidos siempre van a un impacto directo en el país a nivel económico, de empleo y seguridad.

Informó que desde el inicio de la administración del presidente Trump a la fecha se han deportado a 75 mil 241 personas, de los cuales 68 mil 690 son mexicanos. “El gobierno de México tiene toda la capacidad y voluntad de desplegar un operativo para dar respuesta y atender a la población deportada”.

Enfatizó en que México tiene que desarrollar una política humanista, incluyendo una atención especializada para tener un paquete integral de apoyo a personas que no tengan a dónde ir, así como brindar la tarjeta de visitante por razones humanitarias a extranjeros para permanecer legalmente en el país.

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De salida les informamos que en el marco del “Año del Cooperativismo”, la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, que preside el diputado Jesús Valdés Peña (Morena) convocó en la Cámara de Diputados a la “Mesa de Trabajo 2: Tema Fiscal”, a fin de conocer las propuestas, preocupaciones y necesidades de expertos y representantes del sector.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), secretaria de la Comisión, fungió como moderadora de la mesa de trabajo, en la que participaron representantes y experto en materia fiscal desde el punto de vista del cooperativismo.

La legisladora explicó que en las reuniones previas se presentaron varias propuestas que tienen que ver con el régimen de seguridad social y la sobrerregulación que afecta a las cooperativas de ahorro y préstamo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Indicó que los resultados de estas mesas de trabajo deben ser puntos concretos y no solo una transcripción de lo que se dice en la mesa de trabajo.

  La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) dijo que en la propuesta de reforma no se está dando una simplificación administrativa ni transparencia, por lo que consideró que se debe hacer un análisis con datos y explicación de forma y fondo para darle reversa en lo que concierne a las cooperativas.

Sugirió exhortar a la autoridad con los razonamientos presentados por las organizaciones preocupadas porque podrían verse afectadas.

Ricardo Gutiérrez, en representación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, planteó trabajar de la mano con el Legislativo para ayudar a la reformar el marco legal a fin de que los fedatarios públicos participen en la constitución y registro de sociedades ante el Registro Público de Comercio.

Cesar Zepeda, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (MEXICOOP), apuntó que el Código Fiscal contiene diversas ambigüedades y se manejan diversos criterios. Puso como ejemplo la falta de definición de la “estructura orgánica” dentro del marco legal.

Mario Reiche, asesor cooperativo, mencionó que existen aspectos tanto de orden jurídico como político que deben ponerse sobre la mesa, como lo es el tema de fedatarios públicos y la simplificación de las reglas.

Rafael Martínez Ponce, presidente de Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), calificó como una locura la solicitud de certificación para las cooperativas que se dedican a la materia de ahorro y préstamo cuando estas ya obtuvieron una autorización, a lo que se suman las multas y recargos de no cumplirlo.

Rugidos

Paciencia y Prudencia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un día sí y el siguiente también arremete contra el gobierno y pueblo de México, al acusarnos de todo lo que se le viene en mente, buscando sin duda alguna, deteriorar aun más la relación entre ambas naciones.

Impredecible y muy posiblemente bipolar, el mandatario estadounidense deja mucho que desear en su accionar y paso por el máximo cargo de responsabilidad política en su país. Como vecinos, debiera considerar ampliamente limar asperezas con México.

La realidad en la relación México-EU cambia a diario y, todas las mañanas  debemos esperar de qué humor se levantó el presidente Trump para saber el tamaño de la amenaza, la acusación o intimidación comercial que anunciará en algún momento del día.

Lo lamentable de esta relación peligrosa es que, aunque no es cierto sobre lo que Trump acusa a México, él intenta repetirla cuantas veces sea necesario para ganar la narrativa y verse favorecido. Vaya presidente