Selva Política

*Condena Congreso Mexicano, Persecución de Personas Migrantes en Estados Unidos

*La Iniciativa en Materia de Extorsión Podría Estar ya Aprobada en el mes de Agosto

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó la persecución de personas migrantes en Estados Unidos América, de manera violenta y arbitraria; es violatoria de los más elementales derechos humanos y se agrava con el hecho de enviar a las personas detenidas a la cárcel conocida como “Alcatraz de los Caimanes”.

Al emitir un pronunciamiento, consideró que esta situación es inaceptable, pues impone el terror, lesiona la dignidad de las personas y las somete a prisión de manera discrecional y fuera de todo marco legal y constitucional vigente en los propios Estados Unidos.

La cárcel llamada “Alcatraz de los Caimanes” --afirmó-- tiene condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas ahí detenidas, y a esto se suma el trato inhumano que se les impone; no omitimos señalar que las cárceles, como la aquí señalada, están proscritas desde el término de la Segunda Guerra Mundial.

Por lo anterior, exigió la liberación, no solamente de los mexicanos ahí detenidos ilegalmente, sino de todas las personas migrantes que están privadas de su libertad en “Alcatraz de los Caimanes”, y, a su vez, “exigimos el cierre definitivo de esa cárcel infamante”.

El pronunciamiento, relativo a la detención de personas migrantes mexicanas en Estados Unidos de América, fue leído por el presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, senador Gerardo Fernández Noroña (Morena), quien informó que el mismo fue signado por todos los grupos parlamentarios y firmado por las y los integrantes de la Mesa Directiva.

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Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que para agosto se podría tener la ruta para el análisis, discusión y aprobación de la iniciativa constitucional en materia de extorsión. “Creo que es algo que tiene que platicarse, no hacerse con prisas”.

Indicó que se tendría ese mes –agosto- “calculo yo, para iniciando en septiembre, pues ya pasarla al Pleno. Pero hay buen tiempo todavía para que pueda, digamos, orearse con las personas que tengan interés en manifestar alguna posición”.

En declaraciones a representantes de los medios de comunicación, el diputado consideró muy importante esa reforma, pero también lo es que la ciudadanía la conozca y la vea para llegar muy consensados el primero de septiembre, porque efectivamente es un tema que le hace mucho daño a la sociedad.

En cuanto a la aplicación y funcionamiento del decálogo de desapariciones a nivel nacional, mencionó que va avanzando poco a poco, pues es un tema que hay que tratar con respeto y cuidado. “Hay personas que se sienten lastimadas y han sufrido en carne propia este tema”.

Precisó que de por parte de la Cámara de Diputados, lo que se hace, es ser sensibles a esta situación y tratar de ayudar para generar condiciones normativas, leyes, reformas a leyes, que puedan ayudar a estas personas.

Respecto a que asesores de diputados votan en las comisiones, aseguró que está mal, no debe ser. Evidentemente, el trabajo es para los diputados y las diputadas y es personal. Es algo que no se debe hacer y hacerle un llamado a sus compañeros para que atiendan de manera personal las comisiones, las reuniones, las juntas, el pleno y todo el trabajo legislativo. Para eso estamos aquí”.

Precisó que sí habría la necesidad de analizarlo y legislarlo en nuestras normas internas y en el Reglamento. “Yo estaría totalmente de acuerdo que eso no se puede hacer. Incluso creo que es diferente faltar a tratar de que un asesor vote por un legislador. Son cosas completamente diferentes. Ambas tienen responsabilidad. Se puede faltar por muchas cosas, por enfermedad, por permiso, por acusaciones, por lo que sea. Pero el otro es algo inaceptable, y creo que sí debe de legislarse en el Reglamento o en la ley para que haya alguna consecuencia”.

Reiteró el llamado a todos los compañeros y compañeras para que atiendan las sesiones personalmente, ya sea por vía física o vía virtual, pero que sean ellos los que participen. “La responsabilidad que cada legislador tiene en su trabajo la evalúa la gente. Es algo para lo que no estamos aquí. Estamos aquí para tener nuestro trabajo de manera personal, de manera profunda, de manera comprometida, con convicción, y si es necesario plantearnos, el legislar sobre esas, digamos, malas prácticas”.

Subrayó que el tema de la tecnología es un tema importante, que también en este momento ayuda y sirve, y lo que se tiene que realizar es buscar más por la responsabilidad de cada uno, “no por eso sacrificar la tecnología en aras de forzar a los diputados a estar o no estar. El estar también de manera virtual, cuando alguien lo hace con convicción, con presencia, con participación, pues es algo que también debe valorarse”.

Dejó en claro que sí hay que revisar el Reglamento para poner alguna sanción, alguna consecuencia, fortalecer el tema de la tecnología, porque no se puede eliminar una cosa por la otra, sino “ser responsables y si no hay esa responsabilidad, generar alguna sanción, que puede ser un descuento, puede ser una amonestación, habría que verlo, pero más bien vayamos en esa ruta”.

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Ayer el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseveró que con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública “damos otro paso firme hacia una seguridad pública más justa, más profesional y más humana”.

En el texto “Profesionalización”, publicado en sus redes sociales y en un diario de circulación nacional, Monreal Ávila anota que “se está logrando por medio de leyes, con institucionalidad, con compromiso y poniendo en el centro de importancia a la gente. Así es como el Ejecutivo y el Legislativo trabajan para garantizar bienestar y paz duradera al pueblo de México”.

Indica que durante el periodo neoliberal “la seguridad pública en México se manejó entre el abandono, la improvisación y la fragmentación. Cada entidad, cada municipio y cada corporación hacían lo que podían, con los recursos de que disponían y sin una estrategia nacional.

“De ahí la trascendencia de la transformación profunda en este aspecto, que se concretó gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de México y el Congreso de la Unión, mediante la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Agrega que esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, “no es un ajuste más ni una simple actualización legal. Se trata de una transformación estructural que busca poner orden y elevar el nivel de quienes integran las instituciones de seguridad, además de garantizar que el trabajo policial se ejerza con preparación, humanismo, respeto y total compromiso con la ciudadanía”.

Destaca que “uno de los efectos más trascendentales de la reforma es la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Por primera vez en nuestra historia, México tendrá una institución encargada de formar, bajo criterios unificados, a las mujeres y hombres que están al frente de la protección ciudadana. No solo hablamos de policías, sino también de fiscales, personal penitenciario, mandos ministeriales y titulares de las secretarías de Seguridad de los estados.

“Lo anterior significa que ya no habrá formación dispersa ni criterios a modo, y que se acabará la simulación; significa que quienes porten un uniforme o tomen decisiones en materia de seguridad y construcción de la paz lo harán con base en estándares nacionales, con preparación técnica, formación ética y enfoque humanista, porque, como ha señalado la propia Presidenta, no se trata sólo de aplicar protocolos por cumplir, sino de formar personas comprometidas con los derechos humanos y la dignidad del pueblo; es decir, que cada acción esté respaldada por la ley, pero también por valores”.

Monreal Ávila afirma que la reforma establece igualmente que las policías y fiscalías de todo el país deberán cumplir con requisitos mínimos para operar: contar con academias propias, fiscalías especializadas, servicios periciales, áreas de atención a víctimas y mecanismos de evaluación tanto para las personas como para las propias instituciones.

“Ello permitirá saber cuántos elementos de policía hay realmente, en qué condiciones trabajan, si tienen o no prestaciones, si están capacitados(as) y a qué mando obedecen. Se trata, en pocas palabras, de profesionalizar la seguridad pública desde abajo, desde los cimientos”, concluye.

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De salida les informamos que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), sostuvo que el empresario y fundador de diversas asociaciones civiles, Claudio X. González, ha emprendido una campaña mediática que busca posicionar el tema de una “supuesta censura”.

Señaló que, por esta razón, el tema de la diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego y la ciudadana Karla María Estrella ha cobrado mucha relevancia en las redes sociales y los medios de comunicación.

“Es una estrategia política de Claudio X. González, de este grupo de derecha, para posicionar un tema. Por eso ustedes han visto que ha tenido relevancia y ven que las cuentas que mencionan, que replican el tema, son cuentas asociadas a ellos, cuentas asociadas a despachos, a asociaciones, a grupos”, aseveró.

En declaraciones a representantes de los medios de comunicación, Gutiérrez Luna señaló que el despacho de Claudio X. González, denominado Consejo Nacional de Litigio Estratégico es el que se ha involucrado en estos temas, incluida la directora Mariana Calderón Aramburu y otros destacados promotores de derecha.

Explicó que el tema de la diputada Diana Barreras surgió el año pasado durante la campaña, en donde presentó, ante el INE, una queja porque consideró que una persona utilizó estereotipos de género para señalar que era candidata por un mérito que no era propio.

“En primera instancia, la Sala Regional resolvió que efectivamente era violencia política de género. La persona señalada por haber cometido estas conductas, impugnó y el tribunal se tardó un año en resolver, es decir, es un primer tema, que no es un tema reciente, es un tema que data de la campaña electoral del año pasado”, abundó.

Incluso, dijo, se detectó que hay en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) 500 personas sancionadas, de las cuales 150 son ciudadanos y también figuran algunos periodistas que han cometido estereotipos de género.

Rugidos

A Callar

La clase política en México ha encontrado en la figura de la “violencia política de género”, la plataforma para acallar a todo aquel comunicador que al ejercer la libertad de expresión, informe sobre un tema que incomode a terceras personas.

Las mujeres que participan en política en nuestro país han sido, hasta el momento, las primeras en utilizar esta vía de queja y denuncia ante las autoridades correspondientes, para obligar en el mejor de los casos, a las personas que con sus comentarios, señalamientos e información incurrieron en la “violencia política de género”.

Las demandas correspondientes, han terminado en disculpas públicas diarias por un tiempo específico, antes de que puedan escalar a otro tipo de sanción que bien podría ser incluso económica.

Ante este nuevo panorama, ni duda cabe que la libertad de expresión está en jaque y condenada a desaparecer debdo a la censura que comienza a cobrar forma y fuerza desde la clase política de nuestro país.