Selva Política

*Proponen Incluir las Lenguas Indígenas en el Proceso de Titulación

*Proyectos Carreteros, Debe Cumplir Principios de Sustentabilidad

La diputada María de los Ángeles Ballesteros García (Morena)plantea modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, a fin de que cuando las instituciones de educación superior establezcan en los requisitos para titulación el dominio de una segunda lengua, deberán validar como opción equivalente las de origen indígena nacionales reconocidas, en igualdad de condiciones que las extranjeras.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, expone que es indispensable el reconocimiento de las lenguas indígenas como opción válida en los procesos de titulación, pues con ello se respeta el derecho de los pueblos a preservar y fortalecer sus lenguas como parte fundamental de identidad y patrimonio cultural, para garantizar el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

Refiere que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Carta Magna dicta: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”, lo cual implica que las instituciones educativas deben garantizar condiciones equitativas que reconozcan y valoren la diversidad lingüística del país.

También debe permitir que las lenguas indígenas sean consideradas como segunda lengua en los procesos de titulación, promover una educación incluyente y respetuosa con los derechos humanos y contribuir en la revitalización y preservación de las lenguas indígenas de nuestro país.

Resalta que el Estado tiene la obligación de garantizar y promover el uso de estas lenguas en los sistemas educativos indígenas, interculturales y plurilingües, sin que el bajo número de hablantes pueda ser motivo para su exclusión o abandono.

Menciona que, las lenguas indígenas en México son muy importantes, y, pese a esto, la exigencia de una segunda lengua para titulación en diversas instituciones de educación superior suele centrarse en idiomas extranjeros como el inglés, relegando a las lenguas indígenas.

Además, en similitud con el artículo 4º de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se reconocen las lenguas indígenas como nacionales y con la misma validez que el español para cualquier asunto público y privado, es necesario que instituciones educativas de nivel superior armonicen sus requisitos de titulación con dicho marco jurídico.

Argumenta que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. Con base en datos de los institutos nacionales de Lenguas Indígenas y de Estadística y Geografía se hablan 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes dialectales, con aproximadamente 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas.

Sin embargo, señala que más de la mitad de estas lenguas están en riesgo de desaparecer debido a factores como la discriminación, la migración y la globalización.

Las lenguas indígenas no solo son medios de comunicación, sino también portadoras de identidades culturales, saberes ancestrales y visiones del mundo únicas, por lo que su preservación es fundamental para la diversidad y riqueza cultural de México, puntualiza.

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En otro tema, ayer el diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (MC) a través de una iniciativa plantea instituir como obligación legal que todos los proyectos y servicios relacionados con infraestructura carretera cumplan principios de sustentabilidad, minimización del impacto ambiental y respeto a comunidades y ecosistemas.

Se adiciona una fracción V al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) deberá supervisar, regular y garantizar que los proyectos, obras y servicios en materia de caminos, puentes y autotransporte federal cumplan con dichos principios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El documento, enviado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expone que la construcción y operación de infraestructura federal ha sido indispensable para el desarrollo nacional; sin embargo, también ha generado la fragmentación de ecosistemas, la contaminación del aire y del agua, y el desplazamiento de comunidades.

Indica que esta reforma busca generar mejores condiciones para la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de proyectos carreteros y la rendición de cuentas por parte de concesionarios y autoridades. También, responde al llamado urgente de una infraestructura moderna, segura y comprometida con las generaciones presentes y futuras.

Resalta que, a pesar de los avances en regulación ambiental, la citada Ley no contempla de manera explícita la obligación de incorporar criterios ambientales en la planeación, construcción, mantenimiento y operación de las obras, omisión que representa un rezago frente a los estándares actuales de desarrollo sostenible y una oportunidad para actualizar el marco jurídico.

Precisa que la Ley establece las facultades de la SICT para regular el sistema carretero federal y los servicios relacionados; sin embargo, carece de una disposición que mandate expresamente a dicha dependencia a incorporar en sus funciones el principio de sustentabilidad ambiental.

El diputado Gómez Villalobos considera que esta iniciativa permitirá fortalecer el marco jurídico en materia de sustentabilidad y responsabilidad ambiental y garantizar que la infraestructura federal se construya con una visión integral que contemple los impactos sociales, ecológicos y económicos.

Asimismo, contribuirá al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; además de establecer un precedente legal para asegurar que los proyectos de infraestructura se sometan a evaluaciones rigurosas de impacto ambiental y medidas de mitigación adecuadas.

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De salida les informaos que el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, resaltó que se debe modificar la Ley General de Salud para que se cuide el consumo de las bebidas energéticas, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena recalcó que presentó una iniciativa para alcanzar ese propósito.

Dijo: “es muy interesante, sé que habrá reacciones, sobre todo con las empresas que producen o que venden estos productos energetizantes”.

Argumentó que en Europa ya está legislado, y en varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad y “nosotros no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Son bebidas que generan adicciones y efectos similares a las drogas en menores de edad. Por eso vamos a insistir en que se modifique la Ley General de Salud”.

El documento, que fue turnado de forma directa a la Comisión de Salud por la Permanente, el pasado 9 de julio de 2025, reforma los artículos 215 y 419 y adiciona el 216 Ter de la Ley General de Salud, para prohibir la venta, distribución o suministro de bebidas energéticas a personas menores de 18 años, tanto en establecimientos comerciales como a través de cualquier otro canal de distribución o promoción.

También establece sanciones de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien viole esa disposición.

Además, define a la “bebida energética” como toda bebida no alcohólica que contenga en su composición ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, guaraná, ginseng, vitaminas del grupo B u otros ingredientes estimulantes, que se comercializan con el propósito de aumentar el nivel de alerta, concentración, o energía física o mental de quien la consuma. Dichas bebidas pueden contener azúcares, edulcorantes y otros aditivos.

El diputado Ricardo Monreal expone que el propósito es abordar esta problemática con un enfoque restrictivo que, de manera integral y anteponiendo el interés superior de la niñez, evite los riesgos asociados al consumo de las llamadas bebidas energéticas, al impedir que menores de edad las adquieran y consuman.

Subraya que las reformas representan una medida de protección de la salud pública que permitirá, a largo plazo, disminuir enfermedades asociadas al consumo de este tipo de bebidas y fomentará el disfrute de un mayor estado de salud entre la población en general.

Con ella se prevé establecer un marco regulatorio más estricto para la comercialización y promoción de las bebidas energéticas, con especial énfasis en los jóvenes, quienes son más susceptibles a los efectos adversos de estos productos. “Esta propuesta no solo se encamina a regular la venta y promoción de las bebidas energéticas, sino también a crear conciencia en la sociedad sobre los peligros que su consumo puede representar, contribuyendo así a la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”

Refiere que el consumo de bebidas energéticas entre niñas, niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años, lo cual ha generado preocupación debido a los riesgos para la salud asociados con su ingesta, toda vez que contienen altos niveles de cafeína, taurina, azúcares y otros estimulantes que pueden afectar negativamente el desarrollo y bienestar de la infancia y juventud.

Destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación por el consumo de bebidas azucaradas y su relación con enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, por lo que este organismo recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10 por ciento de los alimentos que se consumen diariamente, y señala que una reducción por debajo del cinco por ciento proporcionaría beneficios adicionales para la salud.

Indica que de aprobarse estas adecuaciones normativas se lograría adoptar un enfoque de prevención desde la legislación en salud pública y precisa que su iniciativa no tiene por objeto limitar libertades de consumo de la población adulta, sino salvaguardar el bienestar y el desarrollo saludable de las niñas, niños y adolescentes, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano.

Rugidos

“¡Miserables!”

Para la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, las personas que informaron sobre el secuestro y muerte de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández no son más que “miserables”.

La señora Nahle reprobó la conducta no sólo de los comunicadores de los medios nacionales y locales, sino además de los llamados youtubers, así como las autoridades municipales de Alamo, al norte de Veracruz pues fueron todos ellos “en nado sincronizado” quienes difundieron los acontecimientos y muerte de la maestra jubilada.

Los hechos se le han adjudicado a la Mafia Veracruzana y, de acuerdo a la declaración e imagen que se difundió a través de redes sociales, Irma Hernández adelantó su final, tras negarse a pagar la cuota exigida por la delincuencia organizada.

El caso abrió un frente entre la gobernadora de Veracruz y los comunicadores de radio, tv, prensa escrita y youtubers quienes, desde sus propios noticieros han coincidido en señalar que lo que debe indignar a la señora Nahle es la alta inseguridad pública que vive Veracruz. Su gobierno flaquea, se percibe débil y sin rumbo y con adjetivos calificativos intenta, en vano componerlo, aseguran.