Selva Política

*La Próxima Semana se Votarán las Reformas a las Leyes de Ingresos y de Amparo

*Propondrán Incorporar a Trabajadoras Sociales en Escuelas de Educación Básica

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la siguiente semana la Cámara de Diputados sesionará intensamente para sacar adelante la Ley de Ingresos y la Ley de Amparo, y garantizó que todas las voces interesadas serán escuchadas.

En entrevista con reporteros que cubren las actividades de la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que “estamos construyendo el acuerdo suficiente, tendremos sesión de la Mesa Directiva y también habrá sesión de la Junta de Coordinación Política, la intención es que podamos transitar la próxima semana con esta prioridad en términos de la Ley de Ingresos, esto es cómo se cobrarán los impuestos a los mexicanos”.

En ese sentido, garantizó que el debate será amplio y se verán representados todos los puntos de vista, pues, afirmó “mientras yo presida la Cámara de Diputados, será una discusión pública, será una discusión plural y será una discusión respetuosa”.

Asimismo, confirmó que en el tema de Ley de Amparo habrá audiencias públicas, de acuerdo con la decisión de las comisiones dictaminadoras.

“Yo siempre creo que lo más importante es que la ciudadanía sea escuchada, que las organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas, que los litigantes sean escuchados. Si hay más oportunidades de debatir, bienvenidos y ojalá y se puedan construir más acuerdos para que todavía haya más espacios de escucha. Si es así, será muy bueno para la Cámara de Diputados y para toda la ciudadanía”, sostuvo.

Finalmente, ratificó que fue recibida por la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial para crear la Ley General de Aguas, y adelantó que “convocaremos, por supuesto, a una discusión amplia, importante, tiene que ver con las y los mexicanos, en un tema absolutamente importante para este país y pues una iniciativa más para esta discusión en el Congreso”.

En otro tema, la diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Educación, a fin de incorporar a personal de trabajo social en las escuelas públicas de educación básica, al ser una disciplina comprometida con la justicia social, derechos humanos y desarrollo integral de las personas.

En conferencia de prensa, explicó que su incorporación en el ámbito educativo es fundamental e impostergable. “Las y los profesionales del trabajo social tienen la capacidad de identificar problemáticas familiares, sociales e individuales que inciden directamente en el rendimiento, bienestar e integridad física y emocional de las y los estudiantes”.

Hizo hincapié en que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 50 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en México viven en condiciones de pobreza, lo que refiere que gran parte de los estudiantes enfrentan barreras estructurales que dificultan su acceso y permanencia en la escuela.

En este contexto, añadió, “el trabajo social se convierte en un puente entre la escuela, la familia y la comunidad, facilitando apoyos, canalizando recursos y acompañando procesos de transformación social”.

Actualmente, dijo, la Ley General de Educación no contempla, de manera explícita, la presencia de trabajadores y trabajadoras sociales dentro de las escuelas, lo que “limita las posibilidades de ofrecer una educación verdaderamente integral, que no sólo enseñe contenidos académicos, sino que atienda las dimensiones emocionales, sociales y culturales del desarrollo de las niñas, los niños y las juventudes.

“Pretender que las personas docentes asuman todo el trabajo que integra el entorno escolar es una carga desproporcionada y excesiva, que desgastará y frenará el desarrollo educativo del país”, apuntó.

Subrayó que su iniciativa “fue elaborada con conciencia, responsabilidad política y social”; dijo que esta reforma sería una herramienta clave para garantizar el derecho a una educación integral, inclusiva y con justicia social.

Laura Montalvo Díaz, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encomió la presentación de la iniciativa “que, sin duda, redundará en la mejora de la calidad y excelencia de la educación que se ofrece a las niñas, niños, adolescencias y juventudes de todas las escuelas”.

Dallany Trinidad Tun González, represente de la Red Nacional de Instituciones de Educación en Trabajo Social, hizo énfasis en que la incertidumbre, violencias, inseguridad y desafíos socioemocionales son elementos que impactan directamente en el desarrollo integral de los menores de edad.

“No podemos seguir abordando los problemas educativos de una forma reactiva, dejando que crezcan para nosotros intervenir. Necesitamos un modelo preventivo, inclusivo y humano. Es aquí donde la figura del trabajo social se vuelve indispensable.

“En el ámbito educativo, nuestra función va mucho más allá de la gestión administrativa o el mero apoyo operativo. Somos los ojos y oídos que detectan las vulnerabilidades, los corazones que atienden las necesidades y las manos que construyen soluciones junto a las familias, docentes y la comunidad”, agregó.

Por otra parte, ayer el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto de reforma constitucional que faculta al Congreso a legislar en materia de extorsión.

El pasado 9 de septiembre, por unanimidad de 474 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.

El documento, cuyo origen fue una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se avaló en lo general y en lo particular, con la mayoría calificada de 474 votos a favor, y se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En el régimen transitorio expone que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Subraya que con el cambio constitucional el Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Con la nueva constitucionalización y sucesivamente con la Ley General, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la presidenta de la República y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes.

Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación y la implementación de una campaña de prevención nacional.

Con esta reforma se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.

Hace referencia que la iniciativa por sí misma encuentra una justificación necesaria, urgente e inaplazable. Las cifras y datos demuestran que día con día se comete este delito que atenta contra personas, familias trabajadoras y comercios, el cual además ha presentado un desafortunado crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución

De salida les informamos que la Cámara de Diputados recibió de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, expone que con la expedición de la Ley General de Aguas se busca cumplir con el mandato transitorio del Constituyente Permanente, que reglamenta el ejercicio del derecho humano al agua y, con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, se pretende retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.

La Ley General de Aguas considera delinear las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico; sentar las bases y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos fundamentales de la persona.

También, plantear reglas claras para la distribución de competencias entre las autoridades federales, las de las entidades federativas y de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; incluir un apartado dedicado a fomentar la cultura del agua, a través del cual se busca generar conciencia sobre la importancia que tiene al agua para la vida y la dignidad de las personas, promover el uso racional y eficaz de este recurso, además de fomentar una mayor participación social para su conservación, y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de aguas.

Rugido

Sin acuerdos

No cabe duda que las tempestades en el sector político del país, registran la misma intensidad de las precipitaciones pluviales que enfrenta el territorio nacional, pues nada más no se ve que haya acuerdos y negociaciones en los temas relevantes, entre las bancadas de los partidos políticos en Cámara de Diputados y Senadores.

Los señalamientos, acusaciones y exhibiciones entre legisladores de las distintas bancadas están a la orden del día y las confrontaciones abiertas se dan hasta por las peticiones de un minuto de silencio por las personas que fallecen en la Franja de Gaza.

Dividida y confrontada la clase política mexicana sigue dando mucho de qué hablar, pues deja en su quehacer legislativo pendientes que retrasan la atención a los problemas que viven los sectores sociales más necesitados en el México de la Transformación.