Selva Política

*Aprueban Comisiones Unidas dar Seguridad Social a los Trabajadores del mar

*Solicitan Diputadas al Titular de Economía, Comisión Plural  al Revisar TLC

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, aprobaron por 48 votos reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de incorporar la figura de personas trabajadoras del sector pesquero al rubro de personas trabajadoras del campo y consecuentemente dotarles de seguridad social.

El proyecto, avalado por unanimidad de 24 votos a favor de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena), y 24 de la de Seguridad Social, presidida por diputado Arturo Olivares Cerda (Morena), respectivamente, se remitió a la Mesa Directiva para los efectos legislativos correspondientes.

La diputada Azucena Arreola Trinidad (Morena), presidenta de la Comisión de Pesca, quien presentó la iniciativa junto con las y los integrantes de esta instancia legislativa, explicó que se busca incorporar en la categoría de trabajadores del campo a las actividades pesqueras, con la finalidad de brindarles seguridad social a pescadoras y pescadores.

“Es fruto del trabajo conjunto y del consenso entre los distintos grupos parlamentarios, pero sobre todo refleja una profunda preocupación por los derechos laborales de pescadores”, subrayó.

A su vez, la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) dijo que la pesca es una actividad de gran importancia que contribuye a la comunidad, pero hay retos que enfrentan las y los pescadores, como temporadas bajas, exposición a riesgos climáticos, informalidad laboral y falta de acceso a seguridad social, lo que limita a sus familias e incluso los puede condenar a la pobreza.

La diputada Saray Vázquez Adasa (Morena) señaló que el dictamen es un acto de dignidad y justicia social, pues extiende la protección social a las y los pescadores de todo el litoral nacional, que habían permanecido al margen de una protección clara. Expresó que la reforma hace valer el principio de progresividad de derechos humanos, porque la seguridad social es un derecho humano.

Enseguida, la diputada Margarita García García (PT) manifestó su apoyo al dictamen, porque con esta modificación se visibiliza y lleva justicia a trabajadoras y trabajadores de la pesca para darles certeza jurídica, pues no habían sido tomados en cuenta en el marco legal.

Merary Villegas Sánchez, diputada de Morena, aseguró que esta aprobación representa un acto de justicia esperado por décadas en el sector pesquero que ha sufrido el abandono y que tendrá un impacto positivo para las mujeres dedicadas a esta actividad, que son parte importante de la cadena, desde la captura hasta la venta. Denunció que el crimen organizado ha afectado directamente al sector en Sinaloa, que se disputa los campos pesqueros, extorsionan y quitan su pesca.

Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel enfatizó que con esta reforma el Estado asume su responsabilidad de protegerlos, garantizando derechos laborales, seguridad médica y estabilidad. Además, la medida fortalece la economía social y coloca al bienestar de las familias en el centro de la acción legislativa. “No se trata de un tema sectorial, sino de justicia y equidad”.

Por el PAN, el diputado Germán Martínez Cázares, destacó la importancia de que se incluya a las y los pescadores de aguas interiores, y no solo los de las costas del Pacífico y del Golfo de México.

Dictamen en negativo

Con 20 votos a favor, 2 en contra y una abstención de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y 19 a favor, dos en contra y tres abstenciones de la Comisión de Seguridad Social, se aprobó el dictamen, en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo en materia de cuidados.

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) destacó que la iniciativa reconoce los cuidados como trabajo con derechos, pero “hay que cambiar muchas cosas para que sea posible”. Pidió una mesa de trabajo para analizar el tema.

El diputado Gilberto Daniel Castillo García (Morena) señaló que es loable, noble y correcto el espíritu de la iniciativa en el sentido de proteger a las personas cuidadoras, pero el tema se debe manejar adecuadamente para no equivocarse.

En otro tema y dentro del marco de la revisión del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC) la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó de manera respetuosa al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, contemplar la participación de una comisión plural de diputadas y diputados en el Cuarto de al lado.

En una carta enviada al funcionario federal, López Rabadán afirmó que los legisladores participarían en su calidad de representantes de la Nación y responsables de las decisiones presupuestales y de política económica.

La integración de esta comisión en el mecanismo de acompañamiento técnico y político a las negociaciones comerciales, conocido como Cuarto de al lado, fortalecería la legitimidad democrática de los acuerdos y permitiría una interlocución más directa entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, expuso.

Asimismo, sostuvo, garantizaría que los compromisos de México en el marco del T-MEC cuenten con respaldo institucional y un adecuado seguimiento presupuestal.

“En mi calidad de Presidenta de esta Cámara de Diputados, expreso mi disposición para mantener un diálogo constructivo y permanente”, expresó en la misiva.

De salida les informamos que la Comisión de Movilidad, que encabeza la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó, con 14 votos a favor y 2 en contra, su opinión a favor del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, “pues cumple con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

La legisladora precisó que no hay propuesta concreta sino un análisis respecto a lo que este presupuesto tiene en materia de movilidad. La reflexión se centra en cómo los recursos de distintos ramos presupuestales inciden en la garantía del derecho a la movilidad.

Mencionó que el Ramo 9 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, su presupuesto crece en un 9 por ciento, se reducen los programas de 43 a 17, se privilegian grandes proyectos de infraestructura, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos. Y las implicaciones que esto tiene para la movilidad fortalece la intermodalidad y la conectividad nacional, pero el énfasis en infraestructura pesada puede marginar la movilidad cotidiana y local.

En el Ramo 12 Secretaría de Salud no hay aumento ni disminución de presupuesto; se fusionan cuatro programas de prevención en uno nuevo que se llama “Política de prevención y control de enfermedades”, en las implicaciones se pierden alrededor de 700 millones de pesos en prevención; sin embargo, este nuevo programa podría integrar el enfoque de seguridad vial, atención a víctimas y campañas de educación vial en coordinación con otras dependencias.

En el Ramo 18 Secretaría de Energía su presupuesto casi se duplica, la mayor parte se destina a soberanía energética y Pemex, pero abre oportunidad para impulsar la electromovilidad, infraestructura de carga, transporte eléctrico, proyectos piloto como el trolebús. Aunque no se observa un aumento explícito para movilidad eléctrica, se recomienda asignar parte de estos recursos adicionales a infraestructura de transporte cero emisiones, en coherencia con las metas climáticas.

En el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el presupuesto disminuye casi en 5 por ciento. El programa de Mejoramiento Urbano había sido el único instrumento federal con reglas de operación que incorporaban explícitamente criterios de movilidad en proyectos de vivienda y espacio público, se sustituye por el Programa Territorial para el Bienestar el cual tiene un menor presupuesto, lo que implica un retroceso.

Por ello, dijo, se recomienda una reasignación interna en Sedatu para ampliar en 158 millones de pesos el presupuesto del Programa Territorial para el Bienestar y reducir la misma cantidad al programa de Vivienda Social, cuyo presupuesto total es de 31 mil millones de pesos, lo que permite absolver el ajuste sin comprometer su viabilidad.

En tanto, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) felicitó a la presidencia de la Comisión por el análisis de los distintos Ramos y propuso añadir un resolutivo a la opinión e incorporar en la redacción si es favor o en contra en el entendido de que no se pueden modificar cifras.

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) consideró importante sostener una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para conocer su opinión respecto al presupuesto que tiene asignado en relación con este rubro.

Por su parte, el diputado Iván Peña Vidal (Morena) se sumó a la propuesta de generar una opinión que sea a favor y que los planteamientos y consideraciones se integren en el documento.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) destacó la relevancia de que esta instancia legislativa emita una opinión respecto del presupuesto y si se plantea hacer ajuste se tiene que decir a qué Ramo se le quiere poner o quitar.

Estados Implementen protocolos ágiles para emergencias con materiales peligrosos

Durante la reunión, la Comisión también aprobó por unanimidad de 15 votos, el dictamen con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, con especial énfasis en aquellas que integran zonas metropolitanas, así como a sus secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Protección Civil y demás instancias competentes, a:

Implementar protocolos de actuación interinstitucional más ágiles para emergencias con materiales peligrosos, incluyendo la coordinación de cuerpos de bomberos, protección civil, servicios médicos y fuerzas de seguridad, bajo un esquema de coordinación metropolitana única a través de los centros de mando correspondientes (C5 o sus equivalentes).

Rugidos

Noticia Falsa

Una vez más Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se equivoca al señalar que los cárteles de la droga gobiernan México.

Ayer el mandatario estadounidense volvió a arremeter no sólo en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino criticó duramente a gobiernos de América Latina que permiten, dijo, el tráfico de drogas rumbo a la Unión Americana, acción que será detenida con toda la fuerza posible.

En su declaración, el mandatario reconoció también que la Presidenta de México es valiente en su lucha en contra de la delincuencia organizada, pero ésta ha sido insuficiente.

La consideración de Donald Trump es equivocada y errónea ya que los cárteles de la droga no gobiernan México. El compromiso y esfuerzo del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado está más que documentado, lo que echa abajo señalamientos provocadores y falsos.