Selva Política

*Proponen Prohibir Emitir Tarjetas de Crédito sin Consentimiento del Usuario

*Aprueban Reforma: se Fortalecerán los Servicios de Atención a la Salud Mental

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, presentó iniciativa que reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales.

La iniciativa plantea reformar el artículo 18 Bis, fracción I; adiciona una fracción al artículo 4 Bis y adiciona los artículos 18 Bis9, 18 Bis10, 18 Bis11 y 18 Bis12 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, precisó que su iniciativa busca estipular que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato.

Por ello, propone que el Banco de México incorporé en las disposiciones de carácter general que emita en materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.

Con esto se prohíbe que las entidades puedan generar comisiones que resulten en el otorgamiento de servicios que encubren en la práctica cargos ocultos o disfrazados como seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados y que no cuenten con el consentimiento expreso del usuario.

En su iniciativa también establece que las entidades emisoras de Medios de Disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas, para lo cual deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de estos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante un botón visible y de acceso directo, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Subraya que con estas adecuaciones se garantizar que la cancelación de tarjetas de crédito o débito sea un derecho real y efectivo para los usuarios, al establecer que el trámite sea accesible, sin cobros o cargos adicionales, ofreciendo un documento que certifique la terminación del contrato.

La iniciativa declara nula de pleno derecho la emisión de un Medio de Disposición consistente en tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso de la persona usuaria, por lo que no será necesaria su cancelación por parte de la persona usuaria. Por lo anterior, se dispone que, en consecuencia, no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados.

Además, que el historial crediticio o comportamiento de pago o su falta de uso no podrá tener efectos ni ser reportada a sociedades de información crediticia (Buró de Crédito), por lo cual las entidades financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas de crédito o débito, en un plazo de cinco días hábiles a partir del reporte.

Ricardo Monreal indica que estas adecuaciones protegerán a los usuarios frente a la práctica contraria a lo ya establecido por la Ley de emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento expreso.

“Así se evita que las instituciones financieras generen cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a productos no solicitados, y se prohíbe expresamente que el usuario sea reportado ante sociedades de información crediticia por el historial crediticio, comportamiento de pago o la falta de uso o cancelación de dichas tarjetas, sin menoscabo de las sanciones que correspondan conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables y el reembolso inmediato de cargos indebidos”.

Detalló que de acuerdo Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en 2024 atendieron 251 mil 528 reclamaciones; de este total 7 mil 594 casos correspondieron a solicitudes de cancelación que no fueron atendidas.

Ricardo Monreal reiteró que el objeto es garantizar un procedimiento ágil y eficaz para la terminación de contratos de tarjetas de débito y crédito, mediante la fijación de plazos perentorios y condiciones mínimas de observancia obligatoria para las entidades emisoras, de modo que se asegure el ejercicio efectivo del derecho de cancelación en cualquier momento, sin dilaciones ni cargas indebidas para las personas usuarias.

Asimismo, reforzar el principio de adhesión voluntaria en la contratación de servicios financieros, asegurando que ninguna tarjeta sea emitida sin el consentimiento expreso, informado y verificable de la persona usuaria. De esta forma, se busca impedir prácticas de adhesión forzada, encubierta o engañosa que contravienen la autonomía de la voluntad y los principios generales del derecho contractual.

En otro tema y por unanimidad de 454 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud, a fin de fortalecer los servicios de atención a la salud mental.

El documento, avalado en sesión vespertina y turnado al Senado para sus efectos constitucionales, considera que los objetivos de salud mental deberán integrarse en las políticas y programas sectoriales pertinentes.

Precisa que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial con perspectiva de género, de derechos de niñas, niños y adolescentes y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.

También, contempla la planificación, el diseño y el desarrollo de una estrategia nacional e integral para detectar, atender y prevenir el suicidio con un enfoque de derechos, prestando especial atención a los grupos poblacionales en que se haya detectado un mayor riesgo.

Expone que según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) uno de cada cuatro mexicanos ha experimentado un trastorno mental en algún momento de su vida; sin embargo, menos del 20 por ciento recibe tratamiento oportuno.

Menciona que según datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) el 30 por ciento de los mexicanos experimentará algún trastorno mental a lo largo de su vida, y solo uno de cada 5 recibirá atención especializada. Además, el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, según el INEGI (2023). Esos datos reflejan una crisis silenciosa que requiere intervención legislativa inmediata.

México --añade-- tiene menos de 4 psiquiatras por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de 18 por cada cien mil. La concentración de servicios en hospitales psiquiátricos aísla a los pacientes y vulnera sus derechos.

La salud mental es una herida invisible

Como promovente, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) estimó que hablar de salud mental es hablar de familias, hijas e hijos y jóvenes que hoy enfrentan una incertidumbre constante de madres que cargan con el dolor en silencio, de padres que no saben pedir ayuda y de miles de personas que aún sin decirlo están solicitando auxilio.

La salud mental --dijo-- es una herida invisible que no sangra, pero duele; no se ve, pero se siente todos los días en los hogares, en las aulas, en los trabajos y en las calles. Hoy se celebra un paso histórico con la aprobación del dictamen en materia de atención a la salud mental.

Hizo notar que la salud mental no tiene partido, ideología ni color político, porque es un derecho humano que los une como sociedad.

Citó que uno de cada cuatro mexicanos va a desarrollar un trastorno mental a lo largo de su vida. Y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 75 por ciento de las personas con depresión o ansiedad en países de ingreso medio y bajo, como el nuestro, no reciben tratamiento alguno.

Resaltó que a partir de esta reforma a la Ley General de Salud los objetivos de salud mental deberán integrarse en todos los programas y políticas del sector salud, pero también en educación, desarrollo social y trabajo.

Agregó que los servicios deberán contar con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescente, y la estrategia nacional para detectar, atender y prevenir el suicidio deberá prestar especial atención a los grupos poblacionales en que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio.

México necesita una política que no solo reaccione sino prevenga y salve vidas, porque la salud mental se construye en la escuela, con docentes capacitados para detectar señales de alarma; en el trabajo, con ambientes laborales saludables, y en los hogares con familias que escuchan y acompañan, puntualizó la legisladora.

De salida les informamos que la Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada, Marcela Guerra Castillo (PRI), aprobó por mayoría dos dictámenes que reforman la Ley de Migración, para incrementar las penas por tráfico ilícito de migrantes y sustituir el salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como en materia de atención y prevención del delito.

El primer dictamen, reforma el artículo 159 relativo al tráfico de migrantes, para establecer que la pena, que actualmente es de ocho a 16 año de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo, sea de 10 a 20 años de prisión y multa de 12,500 a 40,000 veces el valor diario de la UMA.

Asimismo, modifica el artículo 161 referente a la responsabilidad de servidores públicos, cuya pena vigente es de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo, y la Comisión propone que sea de cinco a diez años de prisión y multa de cinco mil a diez mil veces el valor diario de la UMA.

Rugidos

¡ Al Aire !

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los empresarios de la radio en el país ha participar en los foros y reuniones con la Comisión que prepara la Reforma Electoral, por ser ellos representantes de un sector importante en el fortalecimiento de la democracia que avanza en el país.

Por ello la Presidenta se reunió ayer con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, durante su Convención anual, donde les planteó la necesidad de ver, analizar y sobre todo evaluar los tiempos a los que tiene derecho el Estado.

El micrófono y la voz está de lado de los empresarios radiofónicos y tienen la oportunidad de actualizar la relación y el entendimiento con el gobierno federal.

La mandataria mexicana abrió la puerta para que se revise incluso la ley en la materia de tiempos de la radio que pertenecen al Estado Mexicano.  Debido a ello, será muy interesante conocer el alcance de esta reunión que ayer llevaron a cabo la Presidenta y los concesionarios de la radio en el país.