Selva Política

+Impulsan Iniciativa Para Garantizar Medicamentos a Personas con Cáncer

+Proponen Cámara de Vigilancia en Escuelas Públicas; Reforzarían Vigilancia

La diputada Claudia Quiñones Garrido (PAN) planteó incluir un Capítulo III Bis 1 a la Ley General de Salud con el propósito de garantizar a las personas diagnosticadas con cáncer la continuidad del tratamiento, el suministro de medicamentos oncológicos necesarios y el seguimiento clínico, sin interrupciones.

Establece que cuando una persona sea diagnosticada con cáncer y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud por falta de suministro o capacidad institucional no puedan garantizar su tratamiento en un plazo no mayor de 21 días naturales siguientes al resultado diagnóstico, deberán autorizar y cubrir los costos del tratamiento en instituciones privadas acreditadas.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Salud para dictamen, estipula que la Secretaría de Salud celebrará convenios con prestadores privados acreditados, definiendo un tabulador tarifario regulado, criterios de calidad, seguimiento clínico y cumplimiento del tratamiento.

En sus transitorios refiere que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología y demás autoridades competentes, se coordinará con el Registro Nacional de Cáncer para garantizar trazabilidad, control y seguimiento del tratamiento.

La legisladora explica que esta reforma busca garantizar el derecho a la salud, mismo que ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por diversos instrumentos internacionales, los cuales México ha ratificado. “En ellos se establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica, entre otros aspectos, el acceso oportuno a servicios médicos eficaces”.

Subraya que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento del cáncer, fijando como criterio clave la oportunidad del tratamiento posterior al diagnóstico, ya que cada semana de retraso reduce significativamente las tasas de supervivencia.

En este sentido, detalla que el cáncer es una enfermedad que, por su impacto epidemiológico, económico y social, debe considerarse un tema prioritario desde un enfoque de equidad, derechos humanos y justicia en salud.

“Es indispensable implementar medidas costo-efectivas y urgentes que garanticen el acceso, diagnóstico y tratamiento oportunos, así como activar la capacidad del sector privado como apoyo subsidiario inmediato ante las fallas del sistema público”, considera Quiñones Garrido.

Expone que en México, a pesar de que el cáncer de mama es la primera causa de muerte, solo tres por ciento de las mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología inició su tratamiento en menos de tres meses, mientras que el 63 por ciento lo hizo después de los seis meses posteriores al diagnóstico.

En tanto, resalta que al sistema de salud pública le cuesta un paciente con cáncer 729 mil 670 pesos anuales en promedio. “Si ese mismo paciente fuera detectado al inicio de la enfermedad, el costo sería de 195 mil pesos anuales. Además, esto eleva en 57 por ciento las probabilidades de éxito del tratamiento”; de ahí la importancia de realizar esta reforma.

Subraya que de aprobarse su propuesta se lograría salvar vidas, reducir costos al erario a largo plazo y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud para todas las personas, sin distinción.

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Sobre el mismo tema, la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud a fin de garantizar que todas las mujeres indígenas del país tengan acceso oportuno y en su lengua a información sobre el cáncer de mama.

En conferencia de prensa, explicó que esta propuesta se realizó en conjunto con la Fundación Milc, la cual tiene experiencia en el campo y ha detectado la necesidad de proporcionar dicha información en las diversas lenguas de los pueblos originarios.

“El cáncer de mama constituye una de las principales causas de mortalidad de mujeres en México y representa un desafío estructural de salud pública con profundas implicaciones sociales y económicas. 

“No basta con ampliar la oferta de servicios si la información no es comprensible ni culturalmente pertinente, pues el sistema pierde eficacia en el punto más crítico del proceso, la detección oportuna”, aseveró la diputada.

Sostuvo que es obligación de la Secretaría de Salud y las autoridades del Sistema Nacional de Salud diseñar, producir, difundir y evaluar materiales e intervenciones de prevención y detección oportuna de este tipo de cáncer en lenguas indígenas nacionales y con pertinencia cultural.

Pidió incluir servicios de interpretación cuando corresponda capacitar al personal, y coordinarse con instituciones como el INPI, el INALI y otras, a fin de asegurar calidad lingüística y cobertura territorial.

“Es muy importante resolver esta situación en este momento porque es la detección temprana la que mejor costo-efectividad en cáncer de mama tiene. Cada mujer que comprende en qué tiempo se debe de vigilar, qué significa la autoexploración, a quién dirigirse, qué hacer, simplemente qué es el cáncer de mama, eso es la oportunidad de seguir con vida y de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones”. 

En su oportunidad, Ana Platas de la Mora, directora de Proyectos de la Fundación Milc, encomió el apoyo de la legisladora Mayra Espino, “por su liderazgo y haber impulsado una iniciativa que reconoce una verdad esencial: el derecho a la salud sólo se ejerce plenamente cuando la información llega a todas las mujeres en su propia lengua”.

Detalló que, para poder lograr detecciones tempranas, “cada mujer debe comprender qué buscar, cuándo acudir y dónde encontrar apoyo. Por eso celebramos esta iniciativa, porque transforma en política pública algo que hemos comprobado en el terreno, que cuando la información llega en el idioma y en el contexto adecuados, las mujeres se apropian de ella y la comparten”.

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Por otra parte, la diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) propone adicionar una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, a fin de que en los planteles escolares se instalen sistemas de videovigilancia como parte de las acciones de infraestructura y seguridad educativa.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá incluir dentro de los lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de escuelas, la colocación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común.

Estos sistemas estarán conectados al centro de comando escolar y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que corresponda, y garantizarán la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales, puntualiza.

En la exposición de motivos, Gaitán Díaz señala que las escuelas son el segundo espacio de convivencia más importante para niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta indispensable garantizar entornos seguros, libres de violencia y que protejan su integridad física, emocional y psicológica.

Menciona que la Subsecretaría de Educación Básica, a través del estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), subraya la necesidad de reforzar acciones preventivas para proteger a la comunidad educativa.

Advierte que la prevalencia del acoso y la violencia escolar en México mantiene niveles alarmantes, pues la OCDE posiciona al país en primer lugar en casos de bullying en educación básica, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que siete de cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en el entorno escolar.

Asimismo, organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han advertido que estas situaciones afectan gravemente el rendimiento académico y la salud mental de las y los estudiantes, agrega.

Considera que, si bien existen protocolos escolares para la detección de riesgos, ingreso seguro, manejo de crisis y mecanismos de denuncia, estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el incremento de incidentes de violencia, por lo que resulta urgente adoptar medidas tecnológicas proporcionales y respetuosas de los derechos humanos, que permitan prevenir agresiones, identificar responsables y actuar con oportunidad.

La iniciativa se encuentra alineada con lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 16o. de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar una educación integral en espacios seguros y libres de violencia, así como proteger a la infancia con medidas adecuadas de seguridad que no vulneren la privacidad, indica.

Los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también obligan al Estado mexicano a adoptar acciones efectivas para prevenir la violencia escolar.

La legisladora asegura que la implementación de sistemas de videovigilancia representa una medida necesaria, proporcional y urgente para proteger a la niñez y adolescencia, al tiempo que permitirá fortalecer la prevención, brindar mayor tranquilidad a madres, padres y tutores, y avanzar hacia escuelas más seguras y libres de violencia.

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De salida les informamos que la diputada Margarita García García denunció un grave daño ambiental en la región mixteca del estado de Oaxaca, ocasionada por la volcadura de una pipa que cargaba chapopote y que ha afectado fuertemente afluentes y ecosistemas de, al menos, cinco comunidades.

Señaló que, de acuerdo con reportes ciudadanos y de medios de comunicación regionales, el derrame alcanzó cauces naturales que abastecen agua a diferentes localidades de la mixteca, lo que ha generado una contaminación visible, mortandad de peces y un elevado riesgo sanitario para las familias que dependen de estos cuerpos de agua para consumo doméstico y agrícola.

En ese sentido, en conferencia de prensa, la diputada hizo un llamado, tanto a las autoridades estatales como a las federales, para actuar de inmediato, toda vez que la respuesta ante esta emergencia, hasta este momento ha sido muy limitada, mientras que, en otros temas, como las verificaciones, ponen total atención, ya que representan un gran negocio para personas funcionarias.

Por ello, reiteró el compromiso del Partido del Trabajo con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, y recordó que en octubre pasado se promovió una iniciativa de Ley General de Aguas, misma que incluye disposiciones sobre la prevención y control de la contaminación del agua, así como diversos mecanismos de sanción y restauración ambiental.

“Desde el Partido del Trabajo seguimos refrendando nuestro compromiso con todas las causas justas y nuestro compromiso con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde nosotros seguimos reafirmando el compromiso y los principios que rigen esta Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar”, concluyó.

Rugidos

Así, no

El resultado de más de 100 detenidos y cerca de 150 personas lesionadas y lastimadas, durante la marcha de los jóvenes del Angel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, no augura nada bueno para el gobierno federal y local, ni tampoco para los manifestantes y grupos de la oposición.

Ambas partes, autoridades y protestantes, han radicalizado sus posiciones al asegurar el gobierno que todo está y va muy bien, mientras que los opositores, jóvenes o adultos, aseguran que el actual es un gobierno fallido que no atiende las demandas sociales más sentidas.

Ante esas dos posiciones, toca al gobierno federal y local flexibilizar su posición, buscar el diálogo y privilegiar los acuerdos abriendo los espacios necesarios para el entendimiento alejando con ello las marchas y protestas violentas que no llevan a ningún lado.

El riesgo enorme y latente es que en el marco de estas protestas, haya muertos. Si se registran decesos ya nada podrá parar las manifestaciones de inconformidad desde todos los puntos de la sociedad.

La pelota está en la cancha del gobierno federal y local. Requieren experiencia, paciencia, prudencia y respuestas a los grupos opositores si en verdad no deseen que inicie el caos de un tigre suelto que nadie podrá detener.