Selva Política

*Piden Diputadas a Gobernador de Oaxaca, Actúe Contra Corrupción en esa Entidad

*Preparan Derechos a Mujeres en Posparto; Necesario Ampliar Periodo de Recuperación

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) exhortó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a que actúe conforme a la ley y castigue a las personas involucradas en casos de corrupción y violencia que forman parte de su gobierno.

“Te pido que, si te quieres dar legitimidad, actúes conforme a la ley y castigues a los violentos de tu gobierno. No podemos dejar esto en la impunidad y también le pido a la sociedad oaxaqueña que se manifieste, que no permita que su gobernador los tenga ahí aplacados.

“El gobernador debe dar un ejemplo de congruencia y eliminar a todos esos que tiene en su gobierno, a todos con los que se toma fotos, que están vinculados terriblemente con el crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec”, aseveró en conferencia de prensa.

Comentó que no ha recibido respuesta del gobierno estatal a sus exigencias en materia de salud y caminos rurales, ya que en sus recorridos ha constatado el abandono en que se encuentra la Sierra Norte de Oaxaca.

“Lo que me he encontrado en estos recorridos es que los hospitales se encuentran sin medicamentos, sin equipo médico, sin especialistas, sin condiciones dignas de atención. ¿Qué decir de las carreteras que están destruidas y olvidadas? Eso es como pasar por cráteres, definitivamente, las carreteras de la Sierra Juárez, las carreteras de la Sierra Mixe”, apuntó.

Además, dijo, en uno de sus recorridos pudo ver que se estaba atendiendo una parte de la carretera de San Pedro Cajonos que conduce hasta San Melchor Betaza, “de donde es originario el gobernador.

“Pero lo que más me sorprendió ver es que la fuente de financiamiento para hacer estas reparaciones son apoyos de Pemex, y me quedó una inquietud. ¿Dónde está el recurso que le damos al gobernador? ¿Dónde lo está aplicando? Porque en las carreteras no lo está haciendo, y esta carretera que están arreglando lo está haciendo con recurso de Pemex”.

En el tema se salud, detalló que en hospital del IMSS-Bienestar que se encuentra en Villa Alta los directivos del hospital manifestaban que “no tenía suficiente medicamento para atender a la gente que no es derechohabiente.

“Sólo tienen un 40 por ciento de medicamentos y de insumos, y pues eso nos preocupa, porque realmente no hay acceso a la salud de calidad en nuestra región, porque allá no hay empleo formal.

“Esta es una de las también falacias que nos cuenta a veces nuestro gobernador, porque no hay seguridad social, porque no hay empleo formal. Oaxaca es el estado con más informalidad, 79 por ciento de la población empleada es en la informalidad”, subrayó.

En otro tema, la diputada Marcela Velázquez Vázquez (Morena) impulsa una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que las madres trabajadoras en periodo de posparto disfruten de un descanso de recuperación de ocho semanas posteriores al alumbramiento; actualmente son seis.​

En caso de que el hijo a la hija haya nacido con algún tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso será hasta de diez semanas posteriores al parto, en lugar de ocho, previa presentación del certificado médico correspondiente.

La reforma al artículo 170 fracciones I, III y IV del citado ordenamiento legal, también establece que durante el periodo de embarazo las mujeres trabajadoras no deben estar expuestas a sustancias tóxicas en ambientes con temperaturas extremas, así como a trabajos nocturnos.

En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, plantea que tengan “tres reposos” extraordinarios por día (actualmente es de dos) de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala en su exposición de motivos que la mujer muchas veces se ve limitada en el medio laboral donde se desempeña, y muchas ocasiones enfrenta la necesidad de dejar a un lado su papel de madre para realizar tareas extenuantes, principalmente si se habla de una obrera, campesina o secretaria.

La mayoría de ellas puede seguir trabajando durante su embarazo y hasta que estén listas para dar a luz, otras pueden necesitar reducir sus horas o dejar de trabajar antes de la fecha prevista del parto, todo depende de su estado de salud, de la salud del bebé o su tipo de trabajo.

La iniciativa precisa que algunos de los factores que afectan la capacidad para trabajar son: levantar objetos pesados, estar de pie durante periodos prolongados, exposición a peligros, estrés, o túnel carpiano, como entumecimiento u hormigueo en las manos, y trabajo en computadora.

Menciona que algunos de los síntomas físicos del posparto son: contracciones uterinas, dolor perineo y en cicatrices, fatiga intensa, suministro de leche y dolor en los senos, así como problemas digestivos y urinarios.

Mientras tanto, los síntomas mentales posparto generan irritabilidad y cambios de humor, ansiedad, trastornos del sueño, sentimientos de soledad, falta de confianza en sí mismas, así como tristeza y depresión, llanto incontrolable, fatiga e hipersensibilidad, puntualiza.

Por su parte, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, a fin de establecer que los bienes afectos al patrimonio de la familia y “los animales domésticos” son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno.

El documento, que modifica los artículos 727 y 752, y adiciona el 752 Bis y el 855 Bis, precisa que los animales domésticos no serán considerados bienes muebles. Señala que son seres vivos dotados de sensibilidad.

Agrega que tratándose de los actos jurídicos que involucren a los animales serán aplicables las reglas relativas a los bienes muebles o inmuebles, según corresponda, siempre que no se contravenga a su naturaleza como seres sintientes.

Estipula que el propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal está obligado a ejercer sus derechos de manera responsable y cumplir con los deberes de cuidado que le corresponden, así como asegurar en todo momento el bienestar del animal.

Asimismo, se reconoce a los animales domésticos como seres sintientes, por lo tanto, son sujetos de consideración moral y trato digno. Toda persona tiene la obligación jurídica de respetar su vida y velar por su bienestar, según las necesidades y características biológicas de cada especie.

Indica que la protección y el bienestar de los animales se regirá por lo que disponga la legislación nacional e internacional y la normativa aplicable, así como por lo dispuesto en el Código Civil Federal en todo aquello que sea pertinente y en la medida en que sea compatible con su naturaleza.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, argumenta que los animales son sujetos de derechos y no objetos bajo la propiedad de los seres humanos, pues estos no pueden ostentar dominio sobre ellos. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de protegerlos como a cualquier otro ser vivo.

Los animales domésticos, afirma, se han convertido, en muchos hogares, en miembros integrantes de la familia; desempeñan funciones de protección, apoyo, compañía, afecto y cuidado hacia los seres humanos. Es evidente la existencia de un vínculo de apego recíproco, especialmente en las denominadas familias multiespecie, donde estos son tratados como parte de este núcleo.

Por ello, sostiene que a los animales se les debe respetar, proporcionar los cuidados necesarios y las consideraciones debidas inherentes a la dignidad y buen trato a que tienen derecho.

De salida les informamos que a fin sancionar de uno a seis años de prisión y multa de doscientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien fabrique, comercialice, distribuya o adquiera equipamiento táctico-operativo reservado para las instituciones de seguridad pública y Fuerzas Armadas, sin la autorización de las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, el diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) impulsa una iniciativa.

El documento, que reforma diversas disposiciones de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Federal de Armas de Fuego y Explosivos, precisa que, en caso de reincidencia, las penas aumentarán hasta en una mitad.

Menciona que las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública solo podrán portar o utilizar uniformes, insignias y equipamiento táctico-operativo dotado oficialmente por el Estado y debidamente registrado ante las instancias competentes, y se prohíbe el uso de cualquier equipamiento no dotado oficialmente.

Plantea prohibir la fabricación, comercialización, distribución, venta o adquisición, por personas físicas o morales particulares, de uniformes, insignias, chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados, radios de comunicación encriptados y cualquier otro equipamiento de uso táctico-operativo reservado a las instituciones de seguridad pública y a las Fuerzas Armadas permanentes.

Añade que la dotación de dicho equipamiento será exclusiva del Estado, a través de las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno.

También, prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición y portación de uniformes, insignias, emblemas, chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados, radios de comunicación encriptados, y cualquier otro equipamiento de uso táctico operativo, destinados para cuerpos de seguridad pública o privada, por parte de personas físicas o morales no autorizadas.

Define el equipamiento táctico-operativo como los uniformes, insignias, chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados, radios de comunicación encriptados y demás bienes destinados a operaciones de seguridad pública o defensa nacional.

Rugidos

Atender el Reclamo

Aquí planteamos ayer que la marcha de jóvenes y adultos llevada a cabo en la CDMX y en las capitales de los estados del país, es un reclamo ante el poco o nulo diálogo que no termina por darse entre quien gobierna y quien forma parte de una sociedad actuante como la nuestra.

El diálogo para atender los reclamos y las respuestas para solucionar los problemas más sentidos, debe nutrirse desde un gobierno dispuesto a escuchar y proponer planes y programas que reencaucen su quehacer.

A 48 horas de los hechos violentos en los que derivó la marcha en la capital del país, el gobierno federal y local se han preocupado más por saber quién logró convencer a salir a marchar a los jóvenes y adultos.

Queda claro que quienes protestaron por la inseguridad pública, los asesinatos, la falta de empleos y en contra de un deficiente sistema de salud público no generaron la

violencia buscando espantar a las autoridades. Quienes reclaman quieren paz, no más asesinatos, no mas corrupción, ni crimen organizado que acabe con familias, jóvenes y comunidades enteras.

Parece ser que la corrupción en los tres niveles de gobierno es el cáncer que impide atender realmente las causas, de este delicado momento social que vivimos.