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Selva Política

  • MIGUEL BARBA
  • hace 1 día
  • 5 Min. de lectura

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*Tras 50 Modificaciones, Este Miércoles se Discute Reforma a Ley de Aguas

*Aprueban Dictamen Para 17 Ordenamientos Sobre Igualdad Sustantiva

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila Monreal Ávila dio a conocer que con 50 modificaciones que atienden las peticiones de productores, mañana la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento discutirá el dictamen a la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas, y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Se estará deliberando “temprano”, a fin de incorporarla y subirla al Pleno para su discusión, en el caso que sea necesario, precisó.

En entrevista con representantes de medios de información, hizo notar que en las 50 modificaciones que se lograron, se atendieron la mayoría de las peticiones de las personas productoras, “pero ellos expresan que todavía faltan algunos detalles”.

Consideró que podría haber más cambios, y “hoy se está trabajando en las comisiones y vamos a ver qué resulta. Está reunida la Comisión con funcionarios de Conagua, que, aunque ya depende del Poder Legislativo, siempre mantenemos una relación fructífera y respetuosa con las dependencias del Ejecutivo, cuyas iniciativas les corresponden”.

Enfatizó que el tema del agua y separarlo de la tierra, ya está superado.  “Lo que ayer escuché de algunas expresiones ya está superado. Por ejemplo, lo de los ganaderos, que querían que no se les excluyera de la concesión del agua, que pudieran compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto eso en el dictamen”.

Lo mismo, dijo, respecto a las zonas de libre alumbramiento que exigían su regularización, también ya está en los transitorios. La eliminación de la negativa ficta, también. El tema de las herencias, de las propiedades y del volumen de las concesiones, ya está resuelto.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena destacó que la mayor parte está contenida en las 50 modificaciones, pero se sigue trabajando y se sigue escuchando a los productores. En el tema de las herencias, quedó igual; o sea, el que tenga la propiedad legítima tendrá el derecho de que también en la venta se incluya la concesión del agua.

Monreal Ávila subrayó que en la iniciativa original queda la prohibición al acaparamiento, a la venta del agua, que el agua concesionada se tiene que destinar al fin específico; es decir, si la concesión habla sobre usos agrícolas se tiene que destinar a usos agrícolas, no a usos industriales, ni de desarrollo urbano, ni de vivienda.

Aseguró que una principal característica es la de considerar al agua como un derecho humano y el consumo humano es la prioridad de esta ley. Además, se dan facilidades para el tratamiento de agua y la potabilización del agua.

Ante la posible acción de productores agrícolas de que si no se cumplen o no se incluye todo lo que solicitan en la Ley de Agua van a hacer bloquemos, dijo: “Yo respeto todas las expresiones de los compañeros, yo los he atendido con respeto, toda la semana pasada los atendí y contemplamos dentro de los 50 puntos sus propuestas, pero ellos están en su libertad de hacer lo que crean conveniente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por atenderlos con respeto y con dignidad”.

Con relación a los asuntos enlistados en el orden del día para este martes, Monreal Ávila informó que destacan varias leyes y una de ellas es la de igualdad sustantiva que proviene de una iniciativa de la presidenta de la República que anunció hace ocho o diez días y que “hoy vamos a aprobar aquí. La mayoría legislativa hemos decidido respaldarla; ese será el primer dictamen”.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga 17 ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, y lo remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

En lo general recibió 439 votos a favor, y en lo particular y en sus términos 333 votos en pro, 70 en contra y 22 abstenciones. El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 25 de noviembre.

Actualiza las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Cultura y Derechos Culturales, y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; las leyes federales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, del Trabajo, del Derecho de Autor, y la de Protección a la Propiedad Industrial.

También, las leyes del Seguro Social, de Migración, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Planeación, y la de Vivienda.

Con ello, busca establecer un marco reforzado de deberes y acciones orientadas a la protección integral de mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a todas las formas de violencia, garantizando el acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, trabajo, salud y vivienda. Armoniza la legislación vigente para asegurar que ninguna mujer vea menoscabados sus derechos, sin importar su edad, lugar de residencia, servicio público requerido o actividad que desempeñe.

Además, adecuarlo conforme a la reforma del 15 de noviembre de 2024, sobre el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género, y al decreto que creó a la Secretaría de las Mujeres.

La reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres actualiza el marco jurídico mexicano conforme a los estándares Internacionales más recientes sobre derechos humanos, cerrando brechas normativas que han quedado obsoletas.

Asimismo, fortalece los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo cual resulta esencial para garantizar la implementación efectiva de políticas de igualdad y prevención de violencias en todo el territorio nacional, optimizando recursos y evitando duplicidades.

Entre otras cuestiones, contempla el uso del lenguaje incluyente, transfiere las atribuciones del Instituto Nacional de la Mujer a la Secretaría de la Mujer y sustituye el concepto de igualdad por el de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Precisa que la Política Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres deberá incorporar la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad en la formación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, orientados a atender las necesidades específicas en las mujeres y hombres, con especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las artes y la cultura, fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y fomentar mecanismos que garanticen el derecho de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las mujeres, adolescentes, niñas, niños, con especial atención en el acceso al agua y saneamiento.

Rugidos

Recurso Fallido

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El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia formal contra la reforma judicial mexicana, llevada a cabo recientemente.

Aseguró que en este momento y ante el inicio de una actuación bajo sospecha de los nuevos impartidores de justicia, la justicia mexicana debe ser juzgada.

En este sentido, legisladores de oposición al actual gobierno mexicano, insisten y recurren a toda acción legal para buscar cuestionar y poner en entredicho el accionar de lo que hoy es en nuestro país el nuevo Poder Judicial de la Federación.

Por cierto, durante la presentación de la denuncia formal, el abogado Juan Marcos Gutiérrez González señaló que México debe cumplir con tener un recurso judicial efectivo ante los tribunales independientes.

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