Selva Política

+Proponen Diputadas, Implementar Programas Para Atender Bullyng

+Impulsan Iniciativa Para que se Brinde Atención a la Ludopatía

La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa que adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, para atender el bullying como responsabilidad compartida.

Establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, el cuidado y respeto a la integridad personal. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Señala que se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar.

Asimismo, se propone que los padres o tutores tendrán por obligaciones participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas de sus hijas e hijos y garantizar que reciban atención psicológica cuando así lo determine la autoridad escolar.

La diputada González González explica que cuando un estudiante incurra en conductas de bullying, se propone que se apliquen a sus padres o tutores las siguientes medidas: como primera reincidencia, amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva; segunda, una multa económica proporcional al ingreso familiar, determinada por la autoridad competente; tercera, canalización obligatoria a las instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.

Enfatiza que las sanciones deberán ser proporcionales, garantizando siempre el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a los menores.

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su dictamen, además establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establecerá los lineamientos para la aplicación de este capítulo.

En su exposición de motivos, detalla que el acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en el ámbito de la educación básica, generando no sólo un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.

Enuncia que las manifestaciones del bullying pueden ser diversas, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales, como el ciberacoso. Estas acciones se caracterizan por su repetición y por un evidente desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de quienes las sufren.

La legisladora expone que a pesar de que la Ley General de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho de los menores a vivir sin violencia, no especifican claramente la responsabilidad parental en relación con el bullying.

Una regulación en el ámbito de la educación básica es una necesidad apremiante, ya que su implementación ayudaría a cerrar los vacíos legales, así como prevenir daños irreparables en la salud emocional y el desarrollo integral de las niñas y niños, quienes son los más vulnerables en estas circunstancias, considera.

La diputada González González manifiesta que, al establecer un marco regulatorio adecuado, se puede garantizar un entorno educativo más seguro y propicio para el crecimiento de los menores. También, que docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

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Por otra parte y a fin de considerar materia de salubridad general la prevención y atención de la ludopatía e incluirla en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3º y 73 de la Ley General de Salud.

La propuesta enviada a la Comisión de Salud para su análisis, busca que el Estado mexicano reconozca formalmente la ludopatía como un problema de salud pública que exige prevención, diagnóstico y atención clínica especializada.

Indica que este reconocimiento permitirá garantizar el acceso a tratamientos integrales, fortalecer las capacidades del personal médico y psicológico y establecer programas permanentes de rehabilitación y acompañamiento, bajo criterios técnicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

“Solo así será posible dar una respuesta estructurada y eficaz a un fenómeno que, aunque silencioso, afecta cada vez a más mexicanas y mexicanos y representa una amenaza directa para la salud mental y la cohesión social del país”, añade.

La diputada considera que es urgente adoptar un enfoque sanitario integral para abordar la ludopatía como un trastorno adictivo de carácter crónico y recurrente. “La omisión de su reconocimiento y tratamiento oportuno genera consecuencias graves en la salud mental, emocional y económica de las personas, afectando a su entorno familiar y social, con impactos acumulativos en los sistemas de salud pública y bienestar social”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reconocido públicamente los riesgos asociados al juego patológico mediante una alerta reciente en la que advierte sobre la dificultad de controlar el impulso de apostar y su impacto negativo en la vida familiar, social, laboral y personal, refiere.

Paralelamente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ha tomado cartas en el asunto al establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y líneas de atención para las adicciones, incluyendo el juego patológico dentro de su marco general de atención a conductas adictivas; sin embargo, su alcance resulta insuficiente para enfrentar la magnitud del problema.

Advierte que la expansión del acceso digital, la normalización de las apuestas en medios y la ausencia de un marco jurídico específico agravan la situación, dejando a miles de personas expuestas a una adicción que avanza silenciosamente”.

Por ello, enfatiza, se vuelve impostergable legislar en esta materia, con el fin de fortalecer las capacidades del IMSS, Conadic y demás instituciones públicas, otorgándoles bases legales sólidas para intervenir de manera directa, oportuna y efectiva frente a una problemática de salud pública que amenaza con intensificarse en los próximos años.

Al integrar la atención de la ludopatía dentro del marco de los servicios de salud mental y adicciones ya existentes en el Sistema Nacional de Salud, resalta, no se genera un impacto presupuestal adicional significativo, dado que se aprovechan las estructuras, recursos humanos y programas de prevención, diagnóstico y tratamiento que actualmente operan para las adicciones y trastornos mentales.

La inclusión de la ludopatía se traduce en una optimización de los servicios existentes, permitiendo que los mismos centros de atención, líneas de orientación, personal especializado y protocolos clínicos sean aplicables también a las personas con trastornos de juego, puntualiza.

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De salida les informaos que la diputada federal Evangelina Moreno Guerra (Morena) encabezó el “Diálogo entre legisladores y empleadores enfocado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados”, con el objetivo de definir una ruta para integrar las aportaciones en un documento técnico que servirá de base para reformas legislativas.

El diálogo, como parte de las actividades del Grupo de Trabajo en Materia de Cuidados, permitirá consolidar lineamientos para conciliar la vida laboral, familiar y empresarial.

"La labor de cuidado es la primera actividad que todas las personas recibimos al nacer. Por ello debemos fortalecer un sistema nacional que garantice calidad, accesibilidad y suficiencia", afirmó la diputada. 

Añadió que escuchar al sector productivo y a las organizaciones sociales permitirá construir soluciones informadas y orientadas a la protección de derechos.

El propósito central del encuentro es avanzar hacia políticas públicas que reduzcan la desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados, garanticen la corresponsabilidad entre Estado, empresas y familias, y protejan la productividad y la integridad laboral de las personas cuidadoras, particularmente ante el incremento de la población adulta mayor en México.

En el espacio se destacó que la provisión pública de cuidados en el país continúa siendo limitada y recae de manera desproporcionada en las mujeres. Asimismo, se subrayó la necesidad de regulación, infraestructura y políticas laborales que atiendan fenómenos como el ausentismo, el estrés y los riesgos de trabajo derivados de la falta de apoyo a quienes ejercen tareas de cuidado. 

Las instituciones participantes coincidieron en que la colaboración intersectorial será esencial para enfrentar la creciente demanda de servicios de cuidados.

La diputada Evangelina Moreno reiteró que estos trabajos fortalecen el papel del Poder Legislativo en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, ya que permiten integrar la perspectiva de empleadores, academia, organismos internacionales y organizaciones sociales. 

Señaló que continuará impulsando la coordinación entre sectores para que las propuestas se traduzcan en reformas efectivas que garanticen derechos, mejoren procesos institucionales y contribuyan a una política nacional de cuidados sólida, digna e incluyente.

Durante su participación, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) consideró que uno de los pasos a dar para la construcción en breve de la ley general de cuidados, es hablar con el sector empresarial, porque muchas mujeres se integran al trabajo informal, porque les permite hacer las labores del hogar y de cuidados. 

Planteó que se debe realiza una alianza para tener un mercado laboral más activo, por lo que le corresponde al sector empresarial el tema de los permisos para cuidados para trabajadores y trabajadores con hijos o familiares con enfermedades terminales, y el pendiente es el permiso de 10 o 20 días de permiso paterno que quedó congelado en la Cámara de Diputados. 

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) mencionó que los ejes rectores de un sistema de cuidados dependen de tres sectores: el empresarial, el gobierno y la sociedad, por lo que implementar acciones y políticas en materia de cuidados eleva la productividad de las empresas y genera ambientes de trabajo más amigables y armónicos.

Rugidos

Terrorismo

La explosión del autobomba en Michoacán la tarde-noche del viernes, hecho que se dio a conocer puntualmente un día después, al informarse que una persona había perdido la vida y seis más se encontraban heridos, como resultado de esa acción, es una respuesta inmediata y abierta del crimen organizado a los tres niveles de gobierno.

Con esta reprobable acción de un coche bomba, ahora las autoridades saben a quien se van a enfrentar en esta guerra abierta contra de la delincuencia organizada, luego de que las autoridades han llevado a cabo acciones contundentes en Michoacán.

Habrá que ver de qué tamaño será la respuesta del gobierno federal, por esta directa provocación que ha comenzado a crear incertidumbre, temor y azoro entre la población de buena parte del país.

Ante esta situación, la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy parece no entender cuál es la emergencia, al indicar que apenas evaluarán si la dependencia que preside inicia una investigación al respecto. La respuesta de la flamante funcionaria, debió haber sido el anuncio de la detención de quienes llevaron a cabo este atentado,