Selva Política

+Propondrán Reforma a Ley de Salud Para Atender Obesidad Entre la Población

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) propuso reformar las leyes General de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que contemplen la nutrición, la atención y tratamiento del sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, entre sus servicios básicos y prestaciones.

Plantea modificar la fracción IV Bis de la Ley General de Salud para establecer como materia de salubridad general el programa de nutrición, prevención, control y tratamiento del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria materno-infantil en pueblos y comunidades indígenas, así como de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas en condición de enfermedad crónico-degenerativa. El documento, turnado a comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, establece en la fracción XII que se dé atención y tratamiento a esas condiciones con un enfoque integral y permanente para los distintos sectores de la población, que atienda a personas con enfermedades crónico-degenerativas. En la fracción IX del artículo 27 incorpora en los servicios básicos de salud los referentes a la prevención, orientación, control, vigilancia, atención y tratamiento en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, con un enfoque integral y permanente dirigido a los distintos sectores de la población y que incluya a las personas en condición de enfermedad crónico- degenerativa.

Las modificaciones a los artículos 111, fracción II, 114 párrafo tercero, y 115, fracciones II y III, incluyen la atención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Respecto a la Ley del Seguro Social, plantea reformar los artículos 110 y 203 para que los servicios de medicina preventiva y de las guarderías infantiles del IMSS incluyan la atención y tratamiento en esas materias. En el artículo 210, sugiere que las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas mediante ese tipo de programas. En el artículo 34 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, propone la atención del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; agrega la fracción II Bis al artículo 35 para que la atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación para corregir la invalidez física y mental, comprenda esos servicios con enfoque integral У permanente dirigido a los distintos sectores de la población e incluya a personas en condición de enfermedad crónico-degenerativa.

En la exposición de motivos, deja en claro que la iniciativa busca garantizar la atención médica en estas materias como servicio básico y dar mayores herramientas a la población para el cuidado y control del su peso, incluyendo a quienes ya padecen estos problemas o que cursan alguna enfermedad crónico-degenerativa y requieren tratamientos específicos, sin circunscribirlos a la prevención. Por ello, indica, es necesario maximizar la protección del derecho humano a la salud mediante la nutrición y atención del sobrepeso y obesidad como servicios básicos de salud. Refiere que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023 arrojó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y niños de 5 a 11 años fue de 18.5 por ciento y 15.7 por ciento respectivamente; en adolescentes de 12 a 19 años, el sobrepeso fue de 21.4 por ciento, y la obesidad de 16.7 por ciento, en tanto que 37.3 por ciento de las personas mayores de 20 años presentó sobrepeso y el 38.9 por ciento, obesidad. Puntualiza que es indispensable impulsar cambios en los sistemas de salud y establecer que la nutrición, la atención y tratamiento del sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios, sean servicios básicos de salud para toda la población.

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En otro tema, el diputado Asael Hernández Cerón (PAN) impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de que las y los trabajadores jóvenes, definidos como aquellos de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo, estén exentos de ese gravamen durante los primeros tres años, sin límite de monto.

Esta exención, agrega, no afecta las disposiciones aplicables a gratificaciones, primas vacacionales o participaciones en utilidades previstas en esta fracción.

La iniciativa, que propone modificar los artículos 93, 96 y 15 de dicha ley, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Precisa que no se efectuará la retención del impuesto a dichas personas.

La exposición de motivos refiere que en el primer trimestre de 2025 las personas de 15 años y más en México ascendían a 102.3 millones, de las cuales 60.5 millones pertenecían a la población económicamente activa (PEA). De esta población, 15.9 millones eran jóvenes, que representaron 26.3 por ciento de la PEA; de ellas, 39.6 por ciento, mujeres y 60.4 por ciento, hombres. La tasa de informalidad en este grupo de 15 a 29 años fue de 58.8 por ciento.

Resalta que para las y los jóvenes es difícil ingresar al mercado laboral, ya que son pocos los lugares que ofrecen trabajo sin experiencia y existe poca empatía de la sociedad con este sector de la población. Además, la delincuencia organizada está al acecho, reclutándolos con salarios exorbitantes.

Refiere que el ISR se cobra a todas y todos los trabajadores del país por el simple hecho de laborar, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quita un porcentaje del sueldo de acuerdo con la tabla que aplica en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y no importa en qué régimen fiscal se encuentre el empleado.

Con esta carga fiscal, añade, “los jóvenes ven lejos o frustrados sus sueños de tener dinero, ya que les queda muy poco capital para cubrir al menos sus necesidades más básicas, como alimento, ropa o casa”.

Por ello, indica, la iniciativa busca impulsar y apoyar a la juventud mexicana al implementar un estímulo fiscal por su primer empleo o los primeros tres años laborables y que sean exentos del pago del ISR, con el fin de que le rinda su salario y tenga un impulso económico para solventar sus gastos.

“A la juventud mexicana tenemos que protegerla, alentarla e impulsarla al mundo laboral y el emprendimiento para poder tener una nación más fuerte y con mayores oportunidades para todos”, puntualizó.

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Por otra parte, la diputada Verónica Martínez García (PRI) destacó la importancia estratégica del diálogo parlamentario bilateral como mecanismo clave para fortalecer la democracia, cooperación internacional y la relación de México con la Unión Europea. Esto, dijo, frente a los retos globales actuales como la seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, cambio climático, digitalización y estabilidad de la economía, en el marco de la modernización del Acuerdo de Asociación Económica.

“La Unión Europea y México han construido una amistad y una relación que data de hace algunas décadas, la cual fue consolidada en 1997 con el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación para enfrentar asuntos de interés común, así como para crear aquellas condiciones que permitan impulsar el desarrollo de las respectivas regiones a través del cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las deliberaciones”, recordó en un informe publicado en la Gaceta Parlamentaria. Lo anterior, en el marco de su participación en la Trigésima Segunda Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México–Unión Europea, celebrada en la sede del Senado de la República, como parte del diálogo político parlamentario institucionalizado entre ambas regiones.

Actualmente, mencionó, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y su segundo mayor inversionista, lo que ha favorecido la diversificación de mercados y el crecimiento económico. Asimismo, resaltó la modernización del Acuerdo Global, que ampliará la cooperación a nuevas áreas como digitalización, transición energética, derechos humanos, seguridad, anticorrupción, desarrollo sostenible, combate al cambio climático y ciberseguridad, a fin de generar beneficios tangibles para las poblaciones de ambas regiones y atender desafíos como el crimen organizado transnacional, la migración y los efectos del calentamiento global.

En el marco institucional, recordó que el artículo 3.2 del Acuerdo Global sustenta el diálogo político a nivel parlamentario, dando origen a la CPM como un mecanismo permanente desde su primera reunión en 2005. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer la amistad y solidaridad, promover la comprensión cultural, analizar áreas de oportunidad en asuntos de interés común y fomentar canales de colaboración orientados a la paz, la seguridad y el desarrollo. La diputada destacó que la democracia no solo se sustenta en instituciones como el Estado de derecho, elecciones libres, acceso a la justicia y libertades fundamentales, sino también como una forma de vida que exige cooperación internacional frente a retos globales cada vez más complejos. En ese contexto, subrayó la importancia de fortalecer los lazos de comunicación y colaboración entre naciones para proteger valores democráticos y promover el desarrollo regional.

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De salida les informamos que el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño (PVEM) propuso modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a las y los consumidores al menos durante las primeras dos horas.

Además, plantea considerar como una práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, señala en su exposición de motivos que el propósito es crear un marco jurídico que garantice la protección efectiva y equilibrada de las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores.

Reconoce que las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.

Por ello, la iniciativa busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten dicha carga que es desproporcionada, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una práctica abusiva.

Destaca que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC) existen más de 900 centros comerciales y en la mayoría el estacionamiento se cobra como un servicio adicional, incluso en algunos estados se ha detectado que las máquinas y relojes son alterados para cobrar más.

Rugidos

Mal Tiempo

La industria aeronáutica nacional no termina por tomar pista y, mucho menos por “agarrar vuelo”.

Durante el año que está por terminar el mercado aéreo registra una pérdida de más de 80 mil usuarios, mismos que se trasladaban a través de las distintas rutas aéreas México- Estados Unidos.

La pérdida en el número de usuarios se registró entre enero y octubre, debido en buena medida a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump y en la menor oferta y crecimiento de las aerolíneas mexicanas.

Como se sabe, durante la última década, las líneas aéreas mexicanas han enfrentado “turbulencias económicas” y una gran competitividad frente a otras empresas aéreas extranjeras que ha provocado una severa disminución del mercado de viajes aéreos en México.

Ni el rescate de la empresa Mexicana de Aviación, llevada a cabo durante el gobierno del expresidente Andrés López, logró que la industria nacional de los viajes aéreos repuntara.

Ante ello, empresas, autoridades y la industria turística nacional le apuesta a que el evento deportivo más importante del planeta, el Mundial de Futbol a realizarse en junio en México, Estados Unidos y Canadá, ayude a devolver la viabilidad a las empresas aéreas por lo menos de nuestro país