Selva Política

+La Política Nacional de Vivienda Debe Respetar el Principio de Legalidad, Proponen Diputadas

+Proponen que Toda Propaganda Impresa, se Utilice en Producir Material Biodegradable

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propone que la Política Nacional de Vivienda considere el establecimiento de esquemas y mecanismos institucionales para la recuperación de vivienda en condición de abandono, con respeto al principio de legalidad, y con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.

En una iniciativa, que adiciona las fracciones XIII al artículo 6, XVII al artículo 8 y un último párrafo al artículo 12 de la Ley de Vivienda, precisa que el Programa Nacional de Vivienda contendrá estrategias y líneas de acción para la recuperación y reasignación de dichas viviendas a la población solicitante.

Agrega que el porcentaje de viviendas en condición de abandono será criterio de evaluación de los objetivos de dicho Programa y del cumplimiento de las labores de las dependencias encargadas de su instrumentación.

La exposición de motivos de la propuesta, enviada para dictamen a la Comisión de Vivienda, resalta que es necesario atender de manera integral esta problemática, a fin de evitar la repetición de esquemas que en el pasado derivaron en abandono, deterioro urbano y conflictos sociales.

Considera que no todas las viviendas en abandono son susceptibles de recuperación, por lo que se requieren parámetros claros y viables para su reincorporación al mercado habitacional.

Subraya la necesidad de que el Estado recupere la rectoría en materia de vivienda, mediante una política integral que considere tanto las condiciones materiales de los inmuebles como su entorno urbano, garantizando infraestructura, servicios y cercanía a fuentes de empleo.

La recuperación y reasignación de viviendas debe realizarse con total transparencia y certeza jurídica, evitar procesos de intermediación que no han resultado eficaces, como las subastas, y priorizar una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes, enfatiza.

Además, señala, es de vital importancia establecer candados para evitar que el problema subsista, pues la política de vivienda debe cambiar para lograr que las personas beneficiadas tengan la certeza de que han encontrado el bien preciado que les brindará todos los derechos.

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En otro tema, la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC) planteó una iniciativa para establecer en la Constitución Política que toda propaganda impresa deberá ser reciclable y fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

La reforma al párrafo noveno al artículo 134 de la Carta Magna fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En su exposición de motivos, señala que la generación de basura electoral se ha convertido en un problema ambiental relevante en México, derivado del uso masivo de propaganda impresa, plásticos, lonas, pendones y otros materiales de corta vida útil, que, tras las campañas, terminan en calles, barrancas y rellenos sanitarios. 

Señala que las reformas político-electorales de 2007-2008 y de 2014 incorporan a la legislación mexicana la exigencia de que la propaganda de partidos y candidaturas debía ser reciclable y biodegradable.

Con ello, se construyó un marco discursivo que identifica a la propaganda política como generadora de contaminación por residuos sólidos, vinculando esta regulación con un discurso ambiental más amplio asociado a la idea de modernización ecológica. 

Refiere que Greenpeace estimó que el proceso electoral 2023-2024, a nivel nacional, generó cerca de 20 mil toneladas de basura electoral, en su mayoría plásticos, lonas de PVC y vinilos. Mientras que el Observatorio Basura Cero CDMX calculó que entre el 4 y 8 por ciento de esa basura se dio en la Ciudad de México, aproximadamente entre 800 y mil 600 toneladas.

Para la diputada Ballesteros Mancilla atender esta problemática exige una respuesta integral que involucre a autoridades electorales, gobiernos locales, partidos políticos y ciudadanía, así como el fortalecimiento de mecanismos de supervisión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, implementar planes obligatorios de manejo de residuos de campaña y promover estrategias digitales de comunicación política.

Hace notar que también se requiere impulsar una ética ambiental, dentro de la actividad electoral, que priorice la responsabilidad social sobre la visibilidad partidista, de modo que la contienda democrática no se traduzca en un alto impacto ecológico en el que México ya no puede darse el lujo de ignorar.

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“Desde el Grupo Parlamentario de Morena vamos a acompañar el proceso legislativo para establecer la semana de 40 horas, que se presenta tras un constante e intenso diálogo con los sectores económico, las cámaras empresariales y otros grupos sociales interesados”, afirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de esta fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Es necesario avanzar de manera consensuada en la propuesta y garantizar una implementación efectiva. Desde la Cámara de Diputados, se mantendrá esa misma apertura para conversar y hacer realidad este cambio en beneficio de trabajadoras y trabajadores”, aseguró el diputado en el documento Agenda Legislativa 2026.

Recordó que el 3 de diciembre de 2025, se presentaron en el Senado de la República las iniciativas para garantizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Éstas consisten en un paquete que incluye una modificación constitucional y, por otro lado, cambios a la Ley General del Trabajo para realizar las adecuaciones normativas en la legislación secundaria.

“La discusión y aprobación de ambas propuestas garantizarán que se acelere la implementación gradual de la medida, es decir, no será necesario abrir un plazo para adaptar las leyes ordinarias, sino que de inmediato se armonizará el cambio planteado en la Constitución Política”, explicó.

La propuesta de reducir la jornada laboral forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el proceso electoral de 2024.

En lo que respecta a la reforma constitucional, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea tres cambios centrales al artículo 123. Este precepto es considerado fundamental, ya que consagra el derecho al trabajo digno y socialmente útil y regula las relaciones laborales del sector privado.

“La iniciativa presidencial propone adicionar un párrafo que indique que la jornada laboral será de 40 horas semanales y, por otra parte, mantiene el derecho a un día de descanso para las personas trabajadores, pero incorpora explícitamente que el día de descanso deberá ser con el goce del salario íntegro.

“De esta forma, se eleva a nivel constitucional la duración máxima de la jornada laboral de 48 a 40 horas, con lo que las personas trabajadoras tendrán una protección jurídica reforzada y, en los hechos, una mayor cantidad de horas de tiempo libre para su descanso, su desarrollo personal y la convivencia con su familia”, subrayó.

El segundo cambio se refiere a la regulación de la jornada laboral extraordinaria. Actualmente, la legislación establece un límite de tres horas diarias durante un máximo de tres días consecutivos.

La propuesta conserva la figura del tiempo extraordinario, pero fija un tope semanal de 12 horas, que podrán distribuirse en jornadas de hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. En caso de exceder este límite, se establece que el empleador deberá pagar el tiempo adicional con un 200 por ciento más sobre el valor de la hora ordinaria, desglosó.

Sobre el tercer cambio a la Carta Magna, el coordinador explicó que se pretende fortalecer la protección laboral de las personas menores de edad, al establecer que “en ningún caso y en ninguna circunstancia, las personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario”, eliminando la posibilidad que actualmente existe para que jóvenes de 16 y 17 años realicen horas extra.

En cuanto a la legislación secundaria, se proponen nuevas modalidades para la distribución de la jornada laboral, incluyendo esquemas flexibles y mecanismos de conciliación familiar, e incorpora herramientas de supervisión y control, como el registro electrónico de horarios, que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.

La reforma establece una implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, con el fin de permitir la adaptación progresiva de los centros de trabajo y evitar afectaciones económicas o administrativas, y determina que en ningún caso dicha reducción implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las personas trabajadoras, puntualizó.

“Cabe señalar que, la gradualidad de la iniciativa se sustenta en modelos exitosos de implementación en diferentes lugares del mundo, además, de que es congruente con el compromiso realizado en campaña sobre garantizar una implementación paulatina. Esta cuestión, se ha reforzado en las mesas de diálogo con grupos empresariales y representantes laborales”, acuñó.

Monreal Ávila destacó que la propuesta propone nuevas modalidades para la distribución de la jornada laboral, incluyendo esquemas flexibles y mecanismos de conciliación entre la vida laboral y familiar.

Asimismo, incorpora herramientas de supervisión y control, como el registro electrónico de horarios, para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma en los centros de trabajo.

Hizo hincapié en que se pretende sea una reducción gradual, con el fin de permitir la adaptación progresiva de las empresas y evitar afectaciones económicas o administrativas. Quedando de la siguiente forma: 2026, 48 horas; 2027,46; 2028, 44; 2029, 42; y en 2030, 40 horas laborales a la semana.

Rugidos

Retos

Representa todo un reto y desafío pensar o suponer que el 2026 será un año mejor que el que termina éste miércoles.

Las condiciones políticas, sociales y económicas por citar sólo algunas aseguran todo lo contrario, pues de entrada la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos en contra de México, impide trazar y ejecutar acciones y políticas que ayudarían a fortalecer el avance del país.

La actual situación de los migrantes, las permanentes deportaciones, las acusaciones sobre el tráfico de drogas y la enorme amenaza sobre la revisión del tratado comercial han atado los márgenes de avance del gobierno mexicano.

Pese a ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha demostrado talento, paciencia y prudencia en la relación con el gobierno estadounidense, concretamente con el mandatario del vecino país, Donald Trump a quien ha logrado hacer entender que nuestro país está en la mejor disposición de colaborar para seguir atendiendo problemas serios como el de la generación de empleos.

Pese al panorama hostil que se vive y ante los resultados y acciones del gobierno federal, frente a los problemas que requieren permanente atención, podemos adelantar que éste 2026 será menos malo que el año que se ha ido.