Selva Política

+Propondrán que Estados y Municipios Erradiquen los Tiraderos a Cielo Abierto

+Urgente, Atender Crisis de Salud Mental en Comunidades Indígenas, Alertan Diputadas

La diputada Patricia Galindo Alarcón (PT) impulsa una iniciativa para que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, establezcan programas progresivos para la erradicación, clausura, remediación y reconversión de los tiraderos a cielo abierto existentes, priorizando aquellos que representan riesgos para la salud, el ambiente o los cuerpos de agua.

En una iniciativa, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, precisa que deberá asegurarse su sustitución por infraestructura de disposición final que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

El documento, turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, busca avanzar hacia la eliminación gradual de los tiraderos a cielo abierto en zonas metropolitanas, sentando bases legales más claras para que la Federación, estados y municipios asuman la responsabilidad compartida de cerrar dichos sitios, remediar los daños y garantizar que la gestión de los residuos se realice en condiciones favorables.

Refiere que durante 2022 la cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos (RSU) recolectados en México fue de 108 mil 146 toneladas, de las cuales una tercera parte se concentró en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco; es decir, en torno a grandes zonas metropolitanas con alta intensidad poblacional y fuertes presiones sobre su infraestructura urbana y ambiental.

Asimismo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que en el país se generan102 mil 895 toneladas de residuos al día, de las cuales apenas 78.54 por ciento se dispone en sitios de disposición final, lo que implica que una fracción relevante termina en condiciones inadecuadas, incluyendo tiraderos a cielo abierto y sitios que no cumplen con la normatividad.

Expone que los tiraderos a cielo abierto se han convertido en una “solución de facto” para muchos municipios con capacidades administrativas y presupuestales limitadas, especialmente en las zonas periurbanas de las grandes ciudades.

La legisladora señala que, a pesar de la gravedad de la situación, la ley antes referida no contiene, a la fecha, un mandato expreso, claro y operativo para la erradicación progresiva de los tiraderos a cielo abierto, ni establece plazos nacionales obligatorios para su cierre y clausura definitiva.

La consecuencia de esta ausencia de mandato específico es que los tiraderos a cielo abierto continúan reproduciéndose como una salida inmediata ante la falta de recursos o de coordinación, aunque ello implique violar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Carta Magna.

Estima que con la presente iniciativa se genera un conjunto de beneficios específicos para las zonas metropolitanas: reduce riesgos sanitarios, protege suelos y cuerpos de agua, corrige patrones de injusticia ambiental, fortalece la gobernanza metropolitana, recupera valor urbano y turístico y contribuye a la mitigación del cambio climático.

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En otro tema, la diputada Gloria Sánchez López (Morena) informó sobre la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en octubre pasado, en la ciudad de Panamá.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, sostuvo que durante este encuentro se abordaron distintos temas como fiscalización, cambio climático, migración interna y salud mental y bienestar.

En cuanto a la salud mental, señaló que es imperativo destacar que el Gobierno de México, a través de la estrategia de la Cuarta Transformación, ha puesto un énfasis significativo en la atención de los determinantes sociales de la salud, buscando mitigar la vulnerabilidad económica y social que impacta directamente el bienestar mental.

Programas sociales de transferencia directa, como las Pensiones para el Bienestar y las becas, resaltó, se han expandido con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y pobreza que, como demuestran los datos del Coneval y el Inegi, afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas.

“Al atacar la carencia por ingresos y el rezago educativo, estas políticas buscan construir un piso mínimo de estabilidad y seguridad social, lo cual es un factor protector fundamental contra el estrés crónico, la desesperanza y, por ende, contra los trastornos mentales. Estas acciones de justicia social son entendidas como pasos esenciales para garantizar el derecho a la salud en su dimensión integral”, indicó.

Sánchez López anotó que, a pesar de estos esfuerzos por combatir la pobreza estructural, la información disponible evidencia una urgente necesidad de generar datos estadísticos específicos y culturalmente pertinentes sobre la dimensión real de la crisis de salud mental en las comunidades indígenas.

Respecto del cambio climático y la migración interna de comunidades tradicionales, aseveró que estos fenómenos generan la pérdida de la conexión con la tierra, que para las comunidades indígenas, es mucho más que un recurso. Representa su relación con sus antepasados, la base de su subsistencia, su identidad cultural y el punto de partida para la transmisión generacional de conocimientos. La reubicación, aunque necesaria, conlleva la pérdida de estos lazos inmateriales.

También, agregó, pone en peligro sus derechos colectivos, debido a que la migración forzada está provocando la dispersión de poblaciones indígenas, lo que pone en riesgo tanto sus derechos individuales como humanos colectivos (como el derecho a la autodeterminación, a la cultura, al territorio, a la consulta y consecuencias sociales y económicas).

Otra consecuencia, advirtió, es la degradación del conocimiento agrícola, debido a la variabilidad del ciclo del agua, como la migración de las lluvias, inundaciones o sequías, que está llevando a la pérdida del conocimiento empírico sobre cuándo plantar y cuándo cosechar, una base fundamental de su seguridad alimentaria y autonomía.

Además, comentó, existen consecuencias sociales y económicas para las poblaciones que registran salidas de personas.

En ese sentido, indicó que es fundamental que las y los diputados, analicen y estudien los vacíos normativos en la protección de estas poblaciones y la gestión de recursos naturales.

Por otra parte, se refirió a la relevancia de la fiscalización superior y la transparencia en el contexto regional, un tema de alto interés para la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar y fiscalizar los recursos previstos para la nación.

“La colaboración con entidades fiscalizadoras superiores (EFS) y parlamentos de la región podría servir como base para el intercambio de mejores prácticas legislativas y de control gubernamental”, abundó.

Sánchez López habló sobre la inclusión tecnológica con identidad cultural y soberanía digital y apuntó que este tema presenta una oportunidad de política pública y legislación prospectiva.

“Los subtemas sobre infraestructura digital soberana, la creación de contenidos en lenguas maternas, y el fortalecimiento de capacidades con enfoque Intercultural invitan a la elaboración de iniciativas de Leyes Modelo que aseguren el acceso universal y pertinente a las TIC, garantizando que la soberanía digital se ejerza también en los territorios de pueblos originarios y afrodescendientes, en línea con el rol de México como promotor de leyes modelo en el Parlatino”, finalizó.

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De salida les informamos que la diputada Irma Juan Carlos (Morena) presentó un informe sobre su participación en la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada del lunes 10 al viernes 21 de noviembre del 2025 en Belém do Pará, Brasil.

En un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora detalló las prioridades que se trabajaron en COP30, entre las que destacan el asegurar que los compromisos (emisiones, adaptación, mitigación) estén alineados con la meta de mantener el calentamiento global debajo de 1.5º C.

También, se discutió sobre la movilización de recursos para la adaptación, de tecnologías limpias, especialmente apoyando a países y comunidades vulnerables; asimismo, respecto de priorizar a las poblaciones más afectadas, proteger derechos humanos, reconocer el rol de pueblos indígenas y comunidades locales, apuntó.

En lo referente a la transición energética justa, se mencionó la importancia de no solo pasar a energías renovables, sino garantizar que la transición beneficie a trabajadores, economías locales, sin provocar vulneraciones sociales, puntualizó.

“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de la humanidad y que afecta de manera directa a los pueblos y comunidades. No obstante, las soluciones también están en manos de la sociedad, a través de políticas públicas firmes, cooperación internacional y acciones colectivas”, expresó la diputada en el documento.

Hizo énfasis en que “a pesar de que muchos esperaban un compromiso explícito con la eliminación gradual de combustibles fósiles, los textos finales de COP-30 no incluyeron una hoja de ruta concreta ni un calendario obligatorio para abandonar su uso.

“Esto deja en el aire la transición energética real, lo que muchos consideran esencial para acercarse a la meta de s 1.5º C. Por tanto, impulsar ese acuerdo fijar plazos, mecanismos de control y responsabilidades sigue siendo una deuda.

“Aunque se anunciaron compromisos de movilización de fondos, persisten dudas respecto a fuentes, montos concretos, calendarios, mecanismos de acceso y condiciones. Muchos países vulnerables requieren garantizar que los recursos realmente lleguen, que no estén sujetos a burocracias excesivas, y que se distribuyan con equidad”, concluyó.

Rugidos

Ultimatum

En medio de decisiones sin precedente que el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo, frente al resto de las naciones del mundo, la hermana república de Cuba parece comenzar a vivir el final de una encrucijada histórica que divide a los propios habitantes de la isla.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha sido contundente este domingo al referirse a la isla del caribe y adelantar que no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba. Con ello el gobierno estadounidense pareciera buscar la asfixia total de la endeble economía cubana.

Ayer mismo el presidente de esa isla, Miguel Díaz-Canel respondió a las amenazas de su contraparte estadounidense, al afirmar que “En Cuba nadie nos dicta qué hacer …”, lo que deja entrever que un nuevo señalamiento al respecto lo podría hacer Donald Trump que está al cien por ciento ocupado en la atención de lo que hace en Latinoamérica.