Selva Política

MIGUEL BARBA

*Investigar a Fondo los Casos de Corrupción en el Indep, Exigen Diputados

*Rechazar Cierre de Fideicomiso Metropolitano; Perjudicará a 4 Millones de Personas

El PAN exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que investigue, a fondo, qué sucede en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que provocó la renuncia de su ex titular Jaime Cárdenas Gracia, informó la diputada Marcela Torres Peimbert.

Recordó que Cárdenas Gracia, al presentar su renuncia, denunció problemas al interior del Instituto, como contrataciones “amañadas” que lo llevarían a la quiebra, por lo que es necesario investigar este hecho.

Lo anterior, en vídeoconferencia, donde se anunció la conformación de un grupo anticorrupción de la bancada panista, integrado por las diputadas Marcela Torres Peimbert, Saraí Núñez Cerón, Verónica Sobrado Rodríguez, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Patricias Terrazas Baca, y el diputado Ector Jaime Ramírez Barba.

Torres Peimbert compartió que el PAN, a través de la organización civil Poder, la plataforma SIPOT y Quién es Quién Wiki, obtuvo información que demuestra el abuso al Indep desde su interior, sobre todo en contrataciones públicas multimillonarias.

Señaló que el presupuesto 2020 del Indep fue de aproximadamente mil 803 millones de pesos, de los cuales se destinaron 907 millones 325 mil 507 pesos sólo para las contrataciones de servicios para resguardar bienes o muebles, las cuales fueron por adjudicación directa.

Sostuvo que se identificaron sólo tres empresas a las que se les asignaron dichos contratos: empresa Servicios Especializados de Investigación Custodia S. A. de C. V., por un monto de 707 millones 451 mil 862 pesos; a Adamantum Private Security Services, por 270 millones 874 mil 645 pesos; así como de otras empresas de las cuales aún no se sabe el monto por contrato.

Por su parte, la diputada Gloria Romero denunció que el Fonatur ha asignado más de 40 mil millones de pesos por adjudicación directa en el proyecto del Tren Maya, y están atentando contra lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, para llevar a cabo las contrataciones a través de licitaciones públicas.

“En concreto, estamos hablando del manifiesto de impacto ambiental que se otorga ahora a una empresa que se llama Soluciones Integrales VR SC por 8 mil 890 millones de pesos, no se hace una licitación, desconocemos en este momento la justificación por la que no se realiza, porque además no se encuentra en Compranet”, comentó.

El diputado Éctor Jaime Ramírez indicó que también se dará seguimiento al “videoescándalo” de Pío López Obrador donde recibe dinero de manos de David León, personaje cercano al círculo del Presidente. También al caso de la Comisión Nacional del Deporte, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, donde tres empresas, en complicidad con federaciones deportivas, fueron utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Asimismo, seguirán las adjudicaciones directas que otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el contrato directo por 93 millones de dólares a la empresa Levanting Global Servicios LLC, “que ya desde hace 20 años ha sido acusada de fraudes, sobornos y de incumplimiento”. Del mismo modo, el contrato que celebró con León Manuel Bartlett, para la adquisición de ventiladores, el cual tuvo anomalías.

Por su parte, la diputada Sarai Nuñez señaló que el combate a la corrupción se ha convertido en un círculo de abuso del poder, por ello el PAN le “seguirá el paso” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a sus funcionarios, para que haya un verdadero combate a este delito.

“Hoy se conforma por un grupo de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el propósito de identificar espacios de corrupción en esta administración, la cual tanto hablaba y cuya bandera electoral fue justo la lucha en contra la corrupción”, añadió.

En otro tema, ayer la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) hizo un enérgico llamado a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para dar la batalla y evitar la extinción del fideicomiso del Fondo Metropolitano, que beneficia a 3.7 millones de habitantes.

En un comunicado, sostuvo que es importante recordar que su manejo le corresponde a la Administración Pública Federal, a través de la Sedatu, Inegi y Conapo, incluso, dijo, han omitido mencionar que es constituido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene voto de calidad en la implementación de este Fondo.

Herrera Anzaldo cuestionó que al pretender desaparecer el Fondo Metropolitano, también se estén “brincando la ley”, ya que éste se encuentra dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y no viene en el dictamen ninguna propuesta de modificación a esta legislación.

La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Urbano recordó que desde que inició la actual administración, el presupuesto del fondo en cuestión no ha aumentado, ya que la cantidad asignada ha sido la misma en 2019 y 2020.

Recordó que la comisión de la que forma parte, logró que los rendimientos financieros generados por la inversión del fideicomiso se mantuvieran para el mismo fondo, intentando así compensar la falta de aumento en la asignación presupuestal

En ese sentido, pidió que no se engañe ni se quiera “tomar el pelo”, al decir que la desaparición de fideicomisos será para revisar cómo funcionaban y que sus recursos van a seguir, ya que en el Presupuesto de Egresos 2021 no se considera el Fondo Metropolitano.

"Si es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de garantía de destino de los recursos, hagámoslo, establezcamos reglas, como ya se logró este año para que los lineamientos salieran a tiempo, que sean mucho más claras las obligaciones para quienes manejen los recursos”, aseveró.

La priista insistió en que se debe garantizar este fondo, porque tiene sustento legal y el destino de sus recursos es definido por el Gobierno Federal, pero hoy, indicó, se corre el riesgo de cometer un “austericidio”, con lo que la 4T volverá a poner el sello de la casa.

Finalmente, añadió que en breve habrá una reforma constitucional en materia de movilidad, e hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, para que turnen al Pleno el dictamen de la que será la primera Ley General de Coordinación Metropolitana, que fue aprobada en comisión de forma unánime.

“No podemos permitir tener leyes como catálogos de buenos deseos, sin un presupuesto que los respalde”, concluyó.

Rugidos

Planes y Proyectos

Por quinta vez en menos de dos años, ayer el presidente Andrés López Obrador y empresarios del país dieron a conocer lo que llamaron el Plan Nacional de Infraestructura, conformado por 39 proyectos de gran dimensión que como en anteriores ocasiones, corren el riesgo de no llevarse a cabo.

Lo cierto de este tipo de anuncios es que en la mayoría de las ocasiones, se quedan en solo “buenas intenciones”, sobre todo si los puntos de vista entre el Presidente de México y las dirigencias empresariales no coinciden en las formas para llevarlos a cabo.

Como suele suceder en este tipo de acuerdos, se citan montos de inversión y la generación de empleos que derivarán si éstos se llegan a concretar. Sin embargo y cómo ha sucedido en anteriores ocasiones, pareciera que todo está acordado, hasta que surja algo que no le parezca al inquilino de Palacio Nacional.

Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial, durante su intervención en el acto de anuncio de este plan, dijo algo muy cierto: “México requiere de la inversión privada; el gobierno no puede solo …” Ojalá se entiende.