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Selva Política

  • AFP
  • 22 feb 2021
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Trabaja Poder Legislativo Para Alcanzar una Mejor Rendición de la Cuenta Pública

*Prohibirán y Sancionarán Prácticas Abusivas en Intereses Moratorios con Bancos

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que los resultados de la fiscalización superior son analizados con objetividad y profundidad por la Cámara de Diputados, a fin de continuar realizando las reformas legislativas necesarias para lograr una mayor y mejor transparencia y rendición de cuentas


Al participar de manera telemática en la Tercera Entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, destacó que en esta ocasión hay dos aspectos particulares: el primero, porque el actual Gobierno inició sus funciones el 1 de diciembre de 2018, por lo que los informes de la ASF corresponden al primer año de ejercicio sexenal.


El segundo aspecto, dijo, es lo vinculado al COVID-19, porque ante las condiciones laborales derivadas de la emergencia sanitaria, parecía imposible cumplir con el programa de auditorías que se interrumpió por la propia pandemia.


No obstante, la diputada presidenta reconoció la firme voluntad del personal de la ASF y de su titular, porque hicieron posible desarrollar los trabajos y dar respuesta en los tiempos constitucionales.


En ese sentido, indicó que la Cámara de Diputados contribuyó a la realización eficaz de las acciones a través de una reforma a diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con el establecimiento, uso y funcionalidad del Buzón Digital.


“Este es un acto de la mayor relevancia en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, porque se presentan los resultados de fiscalización del quehacer gubernamental”, comentó.


Además, continuó, se hacen del conocimiento público las sugerencias, recomendaciones y observaciones formuladas por la ASF, al desempeño de las distintas dependencias y entidades que ejercen recursos públicos federales, así como la aplicación de los mismos en las distintas acciones y programas de Gobierno.


La diputada Dulce María Sauri resaltó que esta entrega complementa la realizada por la ASF en octubre del 2020, donde se presentaron 487 informes individuales de un total de 1,358 informes de auditoría considerados en el Programa Anual de Auditorías de la Federación 2019.


Señaló que dicho programa contempla en su totalidad 98 auditorías de Desempeño, 47 combinadas de Cumplimiento y Desempeño, 1,071 de Cumplimiento, 114 de Cumplimiento a Inversiones Físicas, 9 de Cumplimiento Forense, 9 de Cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 10 de Estudios y Evaluaciones de Políticas Públicas, en donde se considera la revisión a diferentes acciones, programas y obras de infraestructura, emprendidas por el actual Gobierno Federal que son de interés de la ciudadanía.


La legisladora recordó que la Tercera Entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


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Por otra parte, la diputada María Luisa Noroña Quezada (PRI) propuso reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de erradicar, prohibir y sancionar prácticas abusivas en materia de intereses moratorios, por parte de bancos y entidades comerciales.


Se busca incluir un párrafo tercero al artículo 9 de dicha ley, para establecer que las tasas de interés moratorias no podrán ser sujetas a tasas de referencia, tasas sustitutivas o términos, condiciones o mecanismos que permitan durante la vigencia del contrato, modificar las disposiciones, la tasa de interés o aumentar el cobro aplicable, a lo originalmente pactado.


Con las reformas a los artículos 43, 44 y 49 de la mencionada ley, también plantea que estas prácticas puedan ser sancionadas con multa de cuatro mil a 150 mil Unidades de Medida y Actualización, tanto a las entidades financieras como a las entidades comerciales, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente.


Mientras que el Banco de México podría sancionar con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario, a las entidades financieras que cobren intereses en términos distintos a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 9.


En la iniciativa, remitida para su análisis a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Noroña Quezada precisa que la población no debe ni puede seguir siendo presa y rehén de estas prácticas, “que de la noche a la mañana y cuando así lo desean las empresas o bancos supuestamente familiares y populares, elevan a niveles desproporcionados el monto a pagar por concepto de intereses moratorios”.


Indica que derivado de la pandemia por Covid-19, un enorme número de mexicanas y mexicanos recurrieron al crédito para adquirir un préstamo o comprar un bien, un electrodoméstico, un automóvil, una pantalla, un teléfono o hasta medicamentos, tanque de oxígeno, un oxímetro, un termómetro o pagar la cuenta estratosférica de algún hospital.


La pandemia a muchas familias les redujo su ingreso, les quitó su trabajo y las mantiene en el desempleo; sin embargo, tienen que seguir con el pago de sus créditos, pero en ocasiones cuando acuden a realizarlos, son sujetos a cobros autoritarios, intereses moratorios arbitrarios, que cambian de la noche a la mañana y al antojo del prestamista, añade.


La diputada del PRI expone que ello, a veces, viene acompañado de la amenaza de enviar al “departamento de cobranza” o al “jurídico de la empresa” y también enviarlos al buró de crédito, con la consigna de que no saldrán jamás de ahí.


“Desafortunadamente, estas familias son las de más bajos ingresos. Son millones de familias que se enfrentan a tasas de interés por el préstamo o el crédito, elevadas, injustificadas y abusivas, así como a tasas de interés moratorias arbitrarias, infundadas, desmedidas y muy probablemente hasta ilegales”, agrega.


Refiere que de acuerdo a cifras oficiales, el crédito al menudeo se disparó en nuestro país por la pandemia. No obstante, “ya traía significativas tasas de crecimiento con promedios anuales de entre 10 y 15 por ciento desde antes de la pandemia”.


Según la Asociación de Bancos de México, para noviembre de 2020 se habían reestructurado cerca de 110 mil millones de pesos correspondientes a créditos, bajo un esquema nuevo de pago de deuda por los problemas y afectaciones derivadas del Covid-19; es decir, 728 mil clientes de bancos en el país reestructuraron su crédito o deuda.


Además, durante la pandemia al menos 80 por ciento de las personas no alcanzaron a completar sus ingresos habituales y, por consecuencia, recurrieron al crédito al consumo al menudeo, esto de acuerdo a información proporcionada por la Asociación Nacional de Pequeños Comercios.


Por ello, la diputada Noroña Quezada llama a proteger, cuidar y hacer valer el ingreso familiar y su poder adquisitivo, de una manera más decidida y sin omitir cualquier situación o escenario. “No podemos dejar que se siga robando descaradamente a las familias bajo éste, ni bajo ningún otro concepto”.



Rugidos

Primera Auditoría


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La Auditoría Superior de la Federación hizo publico el resultado del primer año de gobierno del presidente Andrés López Obrador, en lo referente al gasto y cuenta pública, donde de entrada reveló que las cuentas no cuadran.


Asegura que en el primer año de la administración pública del actual mandatario hay irregularidades por 67 mil millones de pesos que no se sabe dónde, cuando y en qué se aplicaron si es que se destinaron algún rubro.


Ante ello, desde luego que los principales programas de la administración López Obradorista se han puesto en el “ojo del huracán” y, ante ello será muy interesante la respuesta que deberá dar el Presidente de México en sus acostumbradas conferencias mañaneras.


El primer año y no se sabe dónde quedaron 67 mil millones de pesos.



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