Selva Política

MIGUEL BARBA

*Plantean Reformas la Ley General de Salud; Urge Garantizar Abasto de Medicamentos

*Quieren Diputados Hasta 15 Años de Prisión, Para Quien Robe al Transporte Público.

La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) planteó modificar las leyes General de Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de establecer que los usuarios tendrán derecho al abasto oportuno y suficiente de medicamentos que sean prescritos para la debida atención de su salud.

La propuesta, enviada a las comisiones de Salud y de Seguridad Social para dictamen y a la de Trabajo y Previsión Social para opinión, también fue suscrita por el diputado Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del grupo parlamentario.

Precisa que en caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o mecanismo emergente que, a través del uso de plataformas digitales para el monitoreo y el establecimiento de centros de canje, garantice el abasto oportuno y completo de las recetas prescritas por los profesionales autorizados en términos de la Ley.

La diputada Quijano Tapia resaltó que la reforma lograría atender las demandas de personas con diversos padecimientos, las cuales siguen acusando la falta de medicamentos, la mayoría de ellos sin condiciones económicas para poder adquirir sus tratamientos por cuenta propia, lo que los imposibilita para atender su enfermedad y gozar de un estado óptimo de salud.

Destacó que el acceso a la salud es uno de los derechos más importantes para las personas, porque constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de las potencialidades humanas.

Agregó que garantizar el derecho al acceso y la protección de la salud es una de las tareas más importantes del Estado, especialmente ante la situación de emergencia sanitaria por la que atravesamos actualmente, la cual le impuso al sistema de salud el enorme reto de brindar atención médica oportuna a las personas afectadas por el virus, pero sin descuidar al resto de la población que demanda servicios de salud no relacionados con la pandemia.

Expresó que el reconocimiento de un derecho no basta si no se tienen los elementos para garantizar su pleno ejercicio; en este sentido, en el caso de la salud existen elementos indispensables que deben cumplirse para lograr su efectiva protección.

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En otro tema, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) presentó una iniciativa que reformar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, para cambiar la denominación que en la actualidad tiene la Comisión de Pueblos Indígenas por Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El objetivo de la propuesta es atender el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de agosto de 2019, que adicionó un Apartado C al artículo 2 de la Constitución Política, para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.

En su iniciativa, enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, el diputado señala que el propósito es promover una auténtica igualdad de trato y de oportunidades para esa población.

Destaca que, si la Constitución ya reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de una composición pluricultural de la nación, la actual Comisión de Pueblos Indígenas tendría que hacer lo mismo.

Además, redundaría en la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, lo que contribuirá a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, considerando en todo momento a las personas que pertenecen a estos pueblos y comunidades, subraya.

Precisa que la importancia de la iniciativa radica en las acciones que corresponden al Estado mexicano, consistentes en promover, respetar, proteger y garantizar las condiciones de igualdad formal e igualdad sustantiva de las personas y las comunidades.

Recordó que el 5 de octubre de 2018 se publicó en el DOF, el decreto que reformó los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General, para cambiar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas por el de Pueblos Indígenas, por tratarse del término que recoge la Constitución Política en su artículo 2, al definir así a quienes descienden de las poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Por ello, estimó que ahora es necesario adecuar nuevamente la denominación de la citada Comisión legislativa con el texto constitucional vigente.

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De salida les informamos que el diputado José Antonio García García (PAN) impulsa una iniciativa para reformar diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir el robo al transporte público dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y fijar sanciones de hasta quince años de prisión, para quien cometa dicho ilícito.

La iniciativa reforma el artículo 167 fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que se considere como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el robo de transporte público.

Además, se propone modificar el artículo 381 del Código Penal Federal, para que en los casos cuando se cometa el robo estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público, se aplique al delincuente de ocho a quince años de prisión.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que el transporte público se ha convertido en una de las necesidades más básicas para los ciudadanos, ya que, a través de él, la gran mayoría de personas de cualquier condición tiene la oportunidad de trasladarse a sus centros laborales, educativos o del ámbito social. De esta manera, se vuelve un servicio indispensable para la movilidad urbana, así como para la vida social y económica del país.

Agrega que, pese a que el transporte público se ha vuelto indispensable en nuestro país, “actualmente es uno de los servicios más inseguros, pues los robos perpetuados en dicho transporte, representan una gran problemática para quienes usan este servicio”.

Subraya que cada día es más común y frecuente ver videos compartidos en las diferentes plataformas sociales donde los delincuentes, con lujo de violencia, despojan de sus pertenencias a los usuarios de dicho transporte, sin importar si son mujeres o personas de la tercera edad, y que de resistirse al asalto no solo pierden sus pertenencias, sino incluso hasta su vida.

Refiere que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 3 años, a nivel nacional, de julio de 2018 a julio del presente año, se registraron 55 mil 384 robos a bordo del transporte público.

Dichos datos indican que al 31 de julio del presente año, a nivel nacional se cometieron 8 mil 425 robos en el transporte público, cifra que representó un 11 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. Ello sin considerar que en nuestro país sólo se denuncian seis de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra aumentaría considerablemente.

Rugidos

Estrategia

El presidente Andrés López Obrador ha sorprendido a la clase política con los anuncios de incorporar a su equipo de gobierno a mandatarios de Sinaloa y Nayarit, Quirino Ordaz y Antonio Echavarría, respectiva, apenas concluyan su mandato en una semana más.

Los anuncios hechos durante la gira de trabajo del fin de semana por esas entidades, causó extrañeza no solo por ser mandatarios que militan en otros partidos políticos opositores a MORENA --como sabe el mandatario de Sinaloa es priista y el de Nayarit, panista— sino porque los señalamientos de López Obrador contra los gobernadores en el país no son nada moderados.

Con eso de que su “corazón no es bodega”, el primer mandatario parece dejar saber sus sentimientos y reconocimientos para esos dos gobernadores que por lo menos en el primer caso, Quirino Ordaz será propuesto para ser embajador de México en España.

Sobre Antonio Echavarria, aun no se sabe para qué cargo será propuesto. Los anuncios requiere de una lectura política lo más atinada posible en estos tiempos de reacomodos y justo cuando inicia la segunda parte del gobierno federal.