Selva Política

MIGUEL BARBA

*Programas Sujetos a Reglas de Operación, no Deben Modificarse: Diputados

*Urgen a Conformar el Registro Nacional de Albergues Para Animales de Calle

La diputada de MC, María Ascención Álvarez Solís presentó hace unos días, iniciativa para que los programas sujetos a reglas de operación no sean modificados o eliminados sin que la decisión derive de indicadores y estudios de evaluación, debido a que tienen alto y comprobado impacto social.

Por ello, planteó reformas a la Ley de Planeación, con el fin de armonizarlas con la adición de dos párrafos al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la exposición de motivos, la propuesta señala que es conocido que el número de programas sujetos a reglas de operación fluctúa en cada administración pública, debido a que el Ejecutivo federal tiene facultades para la ejecución del gasto, es decir, puede modificar o eliminar programas sin ninguna restricción, porque no existe un contrapeso que lo impida.

Lo recomendable, argumenta, es que la planeación, como los propios planes de desarrollo de cada administración se guíen por la preminencia del principio constitucional, relativo a que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático” y de la realidad que en cada momento enfrenta el país.

En la Ley de Planeación propone reformar las fracciones V y VI, y adicionar una fracción VII al artículo primero, además, los preceptos 20, 26; las fracciones I y II del 26 Bis, así como el artículo 32, para que prioritariamente los sectores en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, incluyendo a los pueblos originarios y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, participen en la elaboración de los planes y programas referentes a esta normativa.

Asimismo, establecer las bases para que el Ejecutivo federal, sin demérito del proyecto político vertido en el Plan Nacional de Desarrollo que corresponda a cada administración en su ejercicio constitucional, mantenga el principio de equidad e igualdad jurídica, progresividad en cuanto a la asignación de recursos presupuestales que satisfagan la necesidad real y actualizada de los programas y de justicia social.

Todas las organizaciones representativas de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y grupos vulnerables; así como de las instituciones académicas, de investigación; de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, tendrán derecho de participar como órganos de consulta permanente en la planeación democrática relacionada con su actividad, por medio de los diferentes espacios de diálogo, incluido el de parlamento abierto, que convoquen las cámaras de Diputados y Senadores.

En el artículo 32 de la Ley de Planeación se propone que los programas sujetos a reglas de operación aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo no podrán ser modificados o eliminados sin que esto derive de indicadores y estudios de evaluación, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, apoyándose en la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que lo justifiquen.

La iniciativa enuncia que, en el caso de programas, que por su naturaleza son de alto impacto social, la administración pública deberá garantizar que se diseñen y lleven a cabo nuevos proyectos que atiendan las necesidades y beneficios de la población objetivo.

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En otro tema, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) presentó iniciativa que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de conformar un registro nacional de albergues para animales en situación de calle.

El documento que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis refiere que la Federación, en coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, conformarán el Registro Nacional de Albergues para Animales en Situación de Calle.

Dicho registro contendrá como mínimo los siguientes datos: persona física responsable; capacidad física del albergue y población animal beneficiada; método de financiación de sus actividades, y si cuentan con atención veterinaria fija.

Precisa que en los casos en que no se tenga un financiamiento regular o las necesidades de los animales lo superen, los gobiernos deberán proveer, en especie, alimento, vacunas, desparasitación y atención veterinaria. De manera adicional, deberán supervisar que los animales albergados cuenten con las condiciones adecuadas para su desarrollo y sean tratados de manera digna y respetuosa.

Su segundo artículo transitorio establece que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México contarán con un plazo de 180 días para la creación del Registro Nacional de Albergues para Animales en Situación de Calle, y para emitir las reglas de operación para el suministro del apoyo en especie para los albergues que lo requieran y cumplan con lo establecido en ellas, para lo cual deberán proveer los recursos financieros que sean necesarios para dar cumplimiento al presente decreto.

La legisladora considera que, además de realizar una campaña intensiva de concientización para prevenir el abandono, el Estado debe auxiliar a las personas, organizaciones, fundaciones e instituciones que se dedican al rescate urbano y a la manutención de albergues en donde son resguardados, a partir de la conformación de un registro nacional que permita establecer un control en la calidad de la atención que reciben, además de proveerlos de alimentos y la atención veterinaria indispensable.

Refiere que México es el país con más animales en situación de calle de toda América Latina, 500 mil, en promedio, sin hogar cada año. Lo anterior, comentó, se agudizó con la crisis por Covid-19 que incrementó en 15 por ciento el abandono de perros y gatos.

Explicó que hay organizaciones de la sociedad civil e instituciones que se dedican a su recuperación, brindándoles protección, atención veterinaria y alimento; sin embargo, no tienen ningún tipo de apoyo gubernamental ni privado.

Mencionó que, en los albergues, los perros y gatos deben encontrar la estimulación apropiada, mediante actividades adecuadas, para evitar el deterioro de la salud y las conductas negativas, la ansiedad, el estrés y la agresividad.

Por todo lo anterior, Sodi Miranda comentó que esta propuesta “es con el objeto de generar un instrumento para que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, coadyuven con estas organizaciones a fin de dotarlas de alimento y atención veterinaria básica, vacunación y desparasitación en caso de que lo requieran y ejerzan una supervisión que evite que, con el pretexto del rescate, los animales vuelvan a ser objeto de abuso o explotación”.

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De salida les informaos que la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) plantea reformar la fracción VI del artículo 1 y adicionar una fracción VI Ter al artículo 3 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para incorporar la contaminación acústica y su definición.

Se establece que se entenderá por contaminación acústica: La presencia en el ambiente de sonidos que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes o aquellos que, por su intensidad, duración o frecuencia, impliquen daño, riesgo o perjudiquen el bienestar de las personas, con independencia de la fuente que los origine.

La propuesta turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, señala que la contaminación acústica es un serio problema en la actualidad y genera diversos padecimientos en la salud tanto física como emocional.

Indica que la contaminación acústica no está incluida ni definida, por lo que es necesario incorporarla para darle visibilidad al problema y poder, a partir de ello, generar estrategias y políticas públicas de protección a la sociedad ante este serio y grave problema que representa una seria amenaza al derecho a la salud, un ambiente sano y el disfrute de condiciones favorables de vida.

Rugidos

Ya viene “Deltacrón”

La pandemia que vive el mundo tardará años en ser superada. La lucha que ha iniciado la humanidad en contra de este virus cumple dos años y pese a las investigaciones y producción de vacunas para contener los contagios y letalidad del mismo, no han sido suficientes.

Hace unas horas, las autoridades médicas de Chipre, han dado a conocer el descubrimiento de una nueva cepa del Cpovid-19 a la que han llamado “Deltacrón” que no es otra cosa que la suma de Delta con Ómicron, lo que al parecer hace más fuerte a este virus.

Si Ómicron está causando una preocupación y atención generalizada a los pancientes que se contagian exponencialmente en cuestión de días, “Deltacrón” podría acabar con las esperanzas de superar la pandemia en cuestión de meses.

Pese a que nuevos medicamentos se han comenzado a aplicar para detener éste virus, todo parece indicar que será necesario establer nuevas estrategias de combate a este mal, en materia de salud pública mundial. Urge un medicamento más fuerte que cierre el paso a las variaciones del mal del siglo XXI.