Selva Política

MIGUEL BARBA

*Se Debe Garantizar la Reinserción Social de las Personas Privadas de su Libertad

*Proponen Diputados Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción

En medio de la violencia que se vive a lo largo y ancho del país, el grupo parlamentario de MC presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de garantizar la reinserción social y la salud mental de las personas privadas de su libertad.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, establece que es derecho de esas personas recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud física y emocional.

Además, también será su derecho recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por condiciones de salud física, emocional o mental.

Precisa que en cada centro penitenciario tendrá que haber cuando menos tres médicos y dos psicólogos quienes serán responsables de cuidar la salud emocional de las personas recluidas.

A su vez, se establece que la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Educación Pública, así como instituciones educativas privadas y públicas.

Ello, indica la propuesta, para ampliar la oferta educativa y su calidad durante la ejecución de la pena, así como después del cumplimiento de la misma, a fin de garantizar el derecho a la reinserción social efectiva contemplado en el artículo 18 de la Constitución Política.

Respecto del ámbito del trabajo, las personas privadas de su libertad, una vez obtenida ésta, podrán solicitar su involucramiento gratuito en la capacitación laboral, con el objeto de restituir sus derechos y garantizar su reinserción social.

Dicho empleo, añade, se entenderá como una actividad lícita que podrán realizar una vez obtenida su libertad y que podrá ser bajo la modalidad de la gestión gubernamental para ampliar la oferta laboral, así como la promoción de los productos, servicios o actividades que realiza la persona reclusa o la que ya obtuvo su libertad.

En cuanto a servicios postpenales, indica que la autoridad deberá instaurar centros de atención integral e incluir programas de apoyo psicológico. Estos servicios, precisa, serán gratuitos.

En la exposición de motivos, la iniciativa señala que, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 del Inegi, al cierre de 2020 la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 169, de las cuales 92.3 por ciento (194 mil 841) se registró en los centros estatales y 7.7 por ciento (16 mil 328) en los centros federales.

Por otro lado, el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México asegura que sólo 5 por ciento de las personas que son puestas en libertad consiguen un empleo, de las cuales el 20 por ciento son comerciantes informales y 75 por ciento no encuentra trabajo.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha apuntado que la salud de las personas privadas de su libertad tiene especial importancia dado que las condiciones de confinamiento pueden tener un efecto perjudicial sobre el estado mental de las mismas, y en ese sentido la autoridad es responsable de prestar atención médica y disponer de las medidas preventivas que promuevan el bienestar físico y psicológico de las personas internas.

Por tal motivo, concluye que es evidente la obligación del Estado mexicano de brindar un tratamiento penitenciario que garantice los derechos humanos, incluyendo la salud.

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E otro tema, la banacada del Partido del Trabajo a través del diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La propuesta, suscrita también por la diputada Maribel Martínez Ruiz y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, indica que las personas titulares de la UIF y el SAT tendrán el carácter de invitadas permanentes a las sesiones del Comité Coordinador.

La iniciativa tiene por objeto atender las recomendaciones formuladas por Transparencia Mexicana para incorporar ambas instancias como una medida de ajuste y fortalecimiento de la institución nacional especializada en el combate a la corrupción.

Considera que esta recomendación debe ser tomada en cuenta dada la necesidad de que el Comité Coordinador del SNA cuente con la información financiera y fiscal necesaria para el combate a la corrupción a través de los organismos especializados en la materia.

Menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera ha desempeñado una labor sumamente relevante en el combate a los delitos fiscales que tanto daño generaban al erario.

Enfatiza que la UIF combate verdaderamente la corrupción, el lavado de dinero y, por supuesto, la evasión y elusión fiscal “que generaban grandes pérdidas a las arcas públicas con la complacencia de servidores públicos corruptos”.

“Estimamos que la presencia de la UIF y el SAT en calidad de invitados permanentes en las sesiones del Comité Coordinador del SNA contribuirá a la instrumentación eficaz de acciones y políticas que atiendan a estrategias de, por ejemplo, evasión fiscal o uso ilegal de instrumentos financieros”, agrega.

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De salida les informos que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó el avance de los foros del Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma a la industria eléctrica, en los que, aseguró, se han expresado con total libertad las posturas a favor y en contra de la iniciativa.

Resaltó la apertura de este órgano legislativo para escuchar las inquietudes y planteamientos de los interesados en el tema que, sin duda, es trascendental para el desarrollo del país, porque dará un marco de certidumbre a fin de garantizar condiciones equitativas e impulsar la competencia entre particulares, quienes obtendrán ganancias justas.

Señaló la importancia de escuchar y analizar todas las opiniones, ya que las y los ponentes conocen de primera mano el estado que guarda esa industria que, por su relevancia, es un asunto de seguridad nacional.

El objetivo, subrayó, es construir un sector eléctrico apegado a los principios de honestidad, soberanía y autodeterminación.

Precisó que en la primera semana de este ejercicio democrático participaron más de 40 invitados de diversos ámbitos, tales como los mandatarios de los estados de Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Sonora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; además, acudió el director general e integrantes de la Comisión Federal de Electricidad.

Rugidos

Benditas Remesas

Para el actual gobierno federal, las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos a sus familias radicas en nuestro país, representan y significan un punto de apoyo para detener y aplazar las protestas sociales por la creciente inflación que afecta muy directamente la economía de las familias mexicanas.

Sin el dinero enviado por los mexicanos que laboran fuera del país, la inconformidad por la desigualdad y pobreza aquí, se hubiera convertido en constantes manifestaciones. De ahí la importancia de la ayuda que casi 30 millones de mexicanos patentizan para con sus familias al hacerles llegar dinero ganado con su esfuerzo en la Unión Americana.

Nadie ha puesto en entredicho la importancia de esta ayuda económica permanente por parte de cientos de miles de mexicanos que se han visto obligados a dejar sus lugares de origen para ir en busca de un empleo seguro y remunerable.

Lo lamentable del fenómeno migratorio de una mano de obra calificada o no, es el hecho de que gobiernos van y gobiernos vienen y ninguno, hasta ahora, ha logrado revertir esta situación para retener y hacer producir en nuestro país a mexicanos con talento, decididos a laborar bajo condiciones salariales justas.