Tortura aún no es erradicada de Chiapas

Tuxtla.- El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (GL-Prodedh) denunció la persistencia de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en Chiapas, “donde la impunidad, el racismo institucional y la exclusión histórica configuran un escenario alarmante para los derechos humanos”.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, explicó que Chiapas, territorio de resistencia y dignidad de los pueblos originarios, continúa siendo escenario de graves violaciones por parte de corporaciones policiales, ministeriales y militares.

La tortura, lejos de ser erradicada, sigue siendo una herramienta empleada por autoridades para fabricar culpables, castigar la pobreza, silenciar a defensores comunitarios, perseguir a migrantes y someter a quienes alzan la voz desde los márgenes, advirtió.

Explicó que las víctimas —muchas de ellas mujeres, jóvenes, indígenas tsotsiles, tseltales, ch’oles y mestizos de comunidades rurales y periféricas— no sólo cargan con el trauma físico y emocional, sino también con el peso de un sistema que las abandona.

En Chiapas, agregó, denunciar la tortura significa muchas veces arriesgar la vida, enfrentar represalias o simplemente no ser escuchado. “Las fiscalías no investigan, las comisiones de derechos humanos callan, y los jueces miran hacia otro lado. La tortura no es sólo una herida individual: es una violencia estructural que atraviesa cuerpos, territorios y memorias”.

Ante ello, denunció que el Estado mexicano y sus instituciones en Chiapas han fallado y, en lugar de prevenir, encubren. “En lugar de reparar, revictimizan. En lugar de garantizar justicia, perpetúan el silencio”.

Exigió justicia real e inmediata para las víctimas de tortura en Chiapas, con investigaciones independientes, sin simulación, que incluyan sanciones ejemplares a los responsables materiales y a quienes, por omisión o complicidad, lo permiten.

Asimismo, solicitó la reparación integral del daño con enfoque intercultural, comunitario y diferenciado: “no basta con indemnizar, es urgente reconocer públicamente la verdad, restaurar el tejido social y garantizar medidas reales de no repetición”.

Entre otras cuestiones, consideró necesaria una transformación estructural de las instituciones de seguridad y justicia en Chiapas, que históricamente han operado desde la lógica del castigo, el racismo y el abuso de poder.

“Protección efectiva y urgente para las víctimas, sus familias y para quienes defienden los derechos humanos en Chiapas, frente al hostigamiento sistemático y las amenazas que enfrentan por exigir justicia”.