Un gobierno que cumple

La corrupción generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Pero la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que, además, debilita a los gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizada. Otro concepto de muchos que podría haber es que la corrupción es el abuso de un cargo público o posición de poder para obtener beneficios privados, ya sean económicos o de otro tipo. Es un fenómeno complejo la corrupción que muchas veces viene de la mano con la omisión y negligencia para esconder algo o dejar el “Ahí se va” muy característico en Chiapas en la función pública estatal, que evidentemente afecta a la sociedad socavando la confianza en las instituciones y obstaculizando el desarrollo económico y social. Todo viene a colación porque ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, recordó que, conforme a la instrucción del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas no son opcionales, sino deberes esenciales de quienes integran el servicio público, y deben cumplirse con responsabilidad, legalidad y ética. 

Hasta ahora   a casi ya 8 meses del gobierno actual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inició formalmente procedimientos administrativos en contra de 61 servidores públicos adscritos a distintas dependencias del Gobierno del Estado, por haber incumplido con la obligación de presentar su Declaración de Modificación Patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025, trámite que debía realizarse durante el mes de mayo y que exige que se den investigaciones. De estos casos, 59 se encuentran actualmente en etapa de investigación patrimonial, mientras que 2 servidores públicos ya han sido sometidos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual concluirá con la nulidad de sus nombramientos y su separación definitiva del cargo. Se dijo que la omisión en la presentación de esta declaración constituye una falta administrativa grave, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que será sancionada conforme a derecho. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, reiteró que en esta Nueva ERA de gobierno no habrá espacio para la impunidad ni para la tolerancia frente a conductas u omisiones que vulneren la integridad del ejercicio público. Asimismo, enfatizó que la vigilancia del patrimonio de quienes administran recursos del pueblo es una herramienta clave para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.