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Violencia contra la mujer 

EDITORIAL



Hace algunos meses se visibilizó el caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa que durante casi 10 años sufrió actos de violencia sexual facilitados por su entonces esposo. Este hombre suministraba sustancias psicoactivas a Giséle sin su consentimiento -lo que se conoce como sumisión química-, en este caso sedantes y somníferos, y se ponía de acuerdo con otros hombres para que abusaran sexualmente de ella mientras se encontraba inconsciente. Este caso actualmente está en juicio y Gisèle ha decidido hacerlo público bajo un poderoso lema: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.  El 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, desafortunadamente, el entorno relacionado con las sustancias psicoactivas no está libre de violencias de género. El caso de Gisèle no es único ni aislado. La sumisión química para violentar a las mujeres, la invalidación y justificación de la violencia hacia quienes usan sustancias psicoactivas por placer, e incluso las que están encarceladas o son llevadas a anexos, están viviendo violencias en estos escenarios.Las mujeres que usan sustancias psicoactivas están más expuestas a la violencia de género, al ser culpabilizadas y revictimizadas por sus consumos, lo que como consecuencia genera dificultades para el acceso a la justicia. La carga del discurso moral que recae sobre las mujeres usuarias es muchísimo más pesada que la de los hombres. En el Informe de Mujeres que usan Drogas y Privación de la Libertad en México de Equis, uno de los testimonios menciona: “Un hombre que usa drogas sólo es estigmatizado como usuario. Una mujer es estigmatizada por usuaria y puta”, ejemplificando esta carga extra de juicios y estereotipos que de alguna forma hacen que se justifiquen las violencias ejercidas hacia nosotras. Son incontables los casos de feminicidios en México y América Latina que ocurren en entornos de ocio nocturno donde hay uso de sustancias psicoactivas – tanto legales, como ilegalizadas. El discurso se repite: “Si no hubiera estado tomada/drogada no la hubieran matado”; el consumo de drogas, la mala mujer, la puta, la adicta – todas estas como justificantes, juicios desmoralizantes, arranca-dignidades. No sólo es indignante la sangrienta violencia ejercida hacia las mujeres, sino que el discurso predominante también es completamente falso. Lamentablemente, a las mujeres se nos violenta en nuestras casas, en la calle a plena luz del día, en el trabajo, en la vida en pareja. Las sustancias psicoactivas no son un justificante. En la violencia en pareja el uso de sustancias psicoactivas también toma un papel importante. De acuerdo con un estudio realizado por INMUJERES, 46% de las mujeres casadas o alguna vez en pareja han sufrido violencia a lo largo de su relación, y 23.4% consideran que esta violencia inició o empeoró debido al uso de alcohol de su pareja.

Si bien desde el Instituto RIA no apoyamos la prohibición y creemos en medidas alternativas a la abstinencia para tratar consumos problemáticos de sustancias, consideramos importante que todas las personas usuarias sean reflexivas respecto a sus consumos, y la manera en que estos pueden afectar a otras personas, no tolerando ningún tipo de violencia. En el caso de las mujeres que son enviadas a centros de tratamiento o “anexos”, la violencia también prevalece. Desde violencia física y maltrato, al ser enviadas de manera involuntaria a estos internamientos, hasta acoso y violencia sexual, no sin antes pasar por otras violencias de tipo verbal, de privación de alimentos, restricción de uso de sanitarios, o negación de acceso a servicios médicos cuando se necesitan. Por ser usuarias se nos coloca en una posición de humillación. En entornos de conflicto donde hay disputas territoriales entre grupos del crimen organizado y las Fuerzas Armadas, las tasas de desapariciones y feminicidios aumentan. Por ejemplo, durante 2022 en Zacatecas hubo un aumento del 50% de desapariciones de mujeres, dato que se relaciona directamente con la presencia de cárteles y de las autoridades. La fallida guerra contra las drogas y la prohibición han propiciado un ambiente inseguro, rodeado de detenciones arbitrarias, abuso sexual, y tortura por parte de organismos como la SEDENA, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con relevancia en el contexto actual mexicano, debemos mencionar nuestra preocupación por las propuestas para reformar el artículo 19 constitucional que habla de incluir el narcomenudeo en la prisión preventiva oficiosa (PPO). Es preocupante debido a que se permitiría acusar de narcomenudeo a muchas personas que portan sustancias ilegalizadas, cuando en muchas ocasiones se trata de portación para consumo personal. La PPO afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sobre todo a las que viven de por sí en situaciones precarizadas. Una vez encarceladas, muchas de estas mujeres sufren carencias de acceso a productos de higiene personal, medicamentos y atención médica, además de la discriminación y violencia por la que pasan dentro de los centros penitenciarios. 

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