Violencia de género por falta de recursos públicos

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, en México, una de cada dos mujeres (49.7%) de 15 años y más ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de su vida y 1 de cada 3 (34.7%) de violencia física.

Estas cifras por si mismas dan cuenta de la gravedad de la situación en el país, sin embargo, el hecho de que el 78.4% de las mujeres víctimas de violencia física y sexual no solicitan apoyo y no presenten ninguna queja o denuncia, hace que el problema sea aún más grave, ya que lo invisibiliza y suscita que no se le preste la importancia y atención adecuada. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su segundo informe de resultados para 2021.

En estos informes se revisa que la administración y ejercicio de los recursos públicos destinados a diversos programas se haya llevado a cabo adecuadamente -respetando la normatividad correspondiente-. Uno de los programas examinados fue el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el cual tiene como objetivo otorgar subsidios a los refugios y Centros Externos de Atención (CEAs) que operan en el país para atender a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.

Este programa promueve el fortalecimiento de capacidades de estos centros; la continuidad y la calidad en la respuesta instituciona de prevención, protección y atención de las violencias contra las mujeres y la mejora de los modelos de atención integral a las diferentes violencias contra las mujeres, por motivos de género. Con este apoyo los refugios cuentan con recursos públicos para poder brindar atención gratuita (contención emocional, asistencia jurídica, un espacio para estar protegida del agresor, entre otros) a las mujeres víctimas de violencia.

De esta manera, los refugios y centros externos apoyados tienen un papel clave en lo que se refiere a la prevención de la ocurrencia de diversos tipos de abusos, así como, de situaciones extremas y lamentables, como es el feminicidio y juegan un rol muy relevante para liberar a las mujeres de ese sentimiento y sensación de inseguridad que se tiene al salir de esa situación e interponer una denuncia.

Esto último puede ser muy relevante para minimizar la impunidad que existe en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia de género, lo que puede contribuir a que se lleven a cabo investigaciones y sanciones efectivas.

No obstante y a pesar de la relevancia y pertinencia que tiene el Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para la prevención y atención de la violencia de género en nuestro país, la ASF encontró algunas fallas en la operación y administración de los recursos públicos que se otorgan al programa y que afectan su eficiencia y eficacia. Entre estas deficiencias destacan dos: En primer lugar, la ASF indicó que el programa no contaba con un diagnóstico autorizado y formalizado en 2021, esto debido a que el programa cambió de instancia ejecutora al pasar de Secretaría del Bienestar a Secretaría de Gobernación. Resulta esencial que cualquier programa tenga un diagnóstico, pues en éste se define el problema, su magnitud, así como la población a la que va dirigido (aquella que requiere la prestación del servicio) y si se carece de ello difícilmente se tendrá con una buena base para orientar sus acciones y atender la problemática que busca resolver. En este sentido, el diagnóstico autorizado y formalizado debe ser un paso previo a cualquier cambio de entidad ejecutora de un programa.

Esto para asegurar una mejor operación y funcionamiento del programa. En segundo lugar, el informe señala que la ministración de los recursos del programa no se otorgan dentro de los plazos definidos en los convenios de coordinación suscritos. Al respecto diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en la erradicación de la violencia de género en el país han señalado repetidamente el retraso en la asignación de los recursos de este programa, lo cual tiene consecuencias graves, ya que deja sin liquidez a los refugios y centros mencionados incluso por varios meses.