Ya esta publicada la Ley para la consulta popular del juicio a expresidentes

El año pasado, en un hecho histórico, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Senado aprobar la consulta popular para el posible enjuiciamiento de cinco ex presidentes del “periodo neoliberal”, por la presunta comisión de delitos que incluyen la entrega de recursos de la nación a particulares, fraudes electorales, complicidad con la delincuencia organizada y corrupción, a partir de “actos voluntarios irracionales”. Propuso la pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Obviamente también dejo en claro cuales eran los hechos por los cuales se podría enjuiciar a sus antecesores:

Carlos Salinas de Gortari, “impuesto por un fraude”, profundizó la desigualdad en México y entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedente de bienes públicos.

Ernesto Zedillo llevó “hasta sus últimas consecuencias” las políticas privatizadoras, entregando bienes nacionales, como los ferrocarriles, y adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos del rescate bancario de 1998, monto que en la actualidad asciende 2 billones de pesos.

Vicente Fox “intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral” de 2006 para impedir su triunfo.

Afirmó que Felipe Calderón, tras exacerbar la violencia y multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas con su estrategia militar, desoyó las advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico y “no hizo nada”.

En cuanto a Peña Nieto, resaltó la “irrupción de grandes cantidades de dinero”, producto de “sobornos de Odebrecht” en su campaña presidencial, documentado a partir de declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos.

Además, Lozoya apunta a la presunta complicidad de Peña Nieto en los sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para la aprobación de la reforma energética y en la compra fraudulenta de Agronitrogenados, que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares. A un año, tal y como el estableció; el Gobierno mexicano publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal”. Aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pegunta en una polarizada votación en octubre pasado.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Suprema Corte. Pero el Gobierno de México ha defendido que se mantiene el propósito de la consulta popular, la primera que se realiza a nivel nacional. La consulta ha despertado críticas por su costo, que en un principio se estimaba en 1,500 millones de pesos aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó de 870 millones de pesos a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.