Claudia Sheinbaum y la Cancillería activan blindaje jurídico por abusos del ICE en la era Trump

CDMX, (EFE).- En una agresiva e histórica escalada de las acciones diplomáticas y legales de su administración, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activaron una ofensiva jurídica simultánea ante la justicia de los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos a manos de autoridades migratorias norteamericanas. Tras el reciente y polémico fallecimiento del connacional Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, el Gobierno Federal formalizó la presentación de denuncias penales ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y diversas fiscalías estatales, rompiendo con la tradicional política exterior para ir "más allá" de las notas diplomáticas de protesta y buscar castigos vinculantes frente al endurecimiento de las políticas fronterizas de la administración de Donald Trump.

Como parte de este mismo bloque de contención legal, el canciller de México, Roberto Velasco, solicitó formalmente al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, recabar información e investigar los decesosde los 17 compatriotas en centros de detención y operativos. El jefe de la diplomacia mexicana requirió al organismo internacional evaluar exhaustivamente si estos trágicos hechos violan los tratados y obligaciones internacionales de los Estados Unidos para que, en caso de ser necesario, la ONU formule recomendaciones oficiales y transmita formalmente el expediente hacia los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, un movimiento respaldado por el reciente llamado del propio Türk a Washington para realizar indagatorias independientes sobre los abusos en su infraestructura migratoria.

De forma complementaria, la Cancillería de la República dio un paso sin precedentes al enviar múltiples escritos de cese y desistimiento a los centros de detención estadounidenses donde se registraron los fallecimientos de los migrantes. El objetivo prioritario de estos documentos oficiales exige frenar de manera inmediata cualquier acción u omisión institucional que ponga en riesgo la vida humana, tales como la negligencia de impedir el acceso a atención médica pronta o la aplicación de políticas operativas incompatibles con los estándares penitenciarios básicos. La dependencia federal especificó que este despliegue representa el "paso previo indispensable" para la eventual presentación de acciones civiles y penales correspondientes, mientras la presidenta Sheinbaum convocó a todos los partidos políticos y al Congreso de la Unión a sumarse en un frente común, declarando que la protección de la vida de los connacionales en el exterior debe asumirse de inmediato como una causa nacional absoluta.