Cuentas congeladas, visitas de Estado y la sombra del narcotráfico sacuden la agenda presidencial

CDMX, (EFE).- En una jornada marcada por fuertes movimientos diplomáticos y judiciales, la Secretaría de Hacienda de México confirmó el bloqueo estrictamente preventivo de las cuentas bancarias de 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa. La medida, ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), responde a las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, que vincula a estos políticos —incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya— con presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección operativa.

Ante la gravedad de los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que este congelamiento de recursos es una acción automática derivada de las órdenes de aprehensión en el país vecino y descartó categóricamente cualquier riesgo de gobernabilidad o afectación para su partido, Morena. Esto ocurre luego de que se confirmara la entrega voluntaria a la justicia estadounidense de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exresponsable de Finanzas del mismo estado. "Nosotros no hacemos pactos con criminales", sentenció la mandataria.

Para dar seguimiento a la relación bilateral y contener las tensiones, Sheinbaum anunció la visita de una delegación de alto nivel de Washington a finales de mayo. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y la zar antidrogas estadounidense, Sarah Carter, arribarán al país para coordinar estrategias contra el crimen organizado, bajo un esquema estricto de respeto a la soberanía nacional donde cada agencia opere exclusivamente en su territorio.

Finalmente, en el plano internacional, la jefa del Ejecutivo federal anticipó que la relación con Europa entrará en una nueva etapa con la visita del rey Felipe VI de España en junio. El monarca viajará a Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol, en un ambiente de normalización diplomática luego de que la Corona española emitiera pronunciamientos reconociendo los abusos cometidos durante la conquista, un gesto que la administración mexicana calificó como un avance significativo para la reivindicación histórica de los pueblos originarios.