Desigualdad de género

El tiempo constituye una dimensión central y, a menudo, invisibilizada de la desigualdad de género. Desde hace décadas, la teoría feminista ha mostrado que la organización social del tiempo —quién dispone de él, bajo qué condiciones y con qué valor social— reproduce jerarquías de género y clase. Arlie Hochschild demostró que las mujeres, incluso al incorporarse masivamente al trabajo remunerado, siguen sosteniendo una “segunda jornada” en el hogar, donde las tareas de cuidado y domésticas recaen mayoritariamente sobre ellas. Mientras el tiempo masculino se asume, por lo general, como disponible, el femenino se fragmenta entre el empleo, la crianza, la cocina, los traslados y la atención a otras personas. Esta desigualdad temporal no es una mera cuestión privada: el trabajo de cuidados —ese que sostiene la vida, alimenta, limpia, enseña y cuida— es el soporte invisible del sistema económico que las mujeres hemos cargado históricamente en nuestros cuerpos. Sin ese trabajo no remunerado, el capital no podría reproducirse. Lo que el Estado y las empresas se ahorran, lo pagan las mujeres con su tiempo, sus cuerpos y, en muchos casos, su salud y su futuro que, en muchas ocasiones, se precariza por ese trabajo no reconocido. Nancy Fraser ha denominado a esto la “crisis del cuidado”: una tensión estructural entre el tiempo que exige el mercado y el tiempo que necesita la vida, una contradicción que revela la urgencia de repensar la economía desde la sostenibilidad de la existencia. Amaia Pérez Orozco lo nombra el conflicto capital – vida. En México, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) hace visible esta desigualdad cotidiana. Los datos son contundentes: las mujeres dedican más del doble de tiempo al cuidado que los hombres, sin importar el nivel socioeconómico, aunque la brecha se amplía en los hogares con menos recursos o en hogares indígenas, por ejemplo. Ellas cuidan, cocinan y trasladan; ellos, apenas “ayudan”, esa formulación que usamos cuando negamos el trabajo de otras: “nos ayudan”. En los hogares más pobres, las mujeres destinan más de 14 horas semanales a cocinar, frente a apenas dos de los hombres, y más de una hora a traslados escolares, frente a minutos masculinos. En total, en estos hogares las mujeres realizan 19.45 horas más de trabajo no remunerado por semana que los hombres. Incluso en los hogares más ricos, donde hay más acceso a servicios, la diferencia sigue siendo de más de 12 horas semanales. Estos datos confirman lo que la literatura feminista ha conceptualizado como pobreza de tiempo: una privación estructural del derecho al descanso, al ocio, a la participación política o a la formación profesional, que afecta principalmente a las mujeres. Cuando las mujeres disponen de menos tiempo libre, tienen también menos oportunidades de estudiar, de trabajar en empleos de calidad, de cuidar su salud o de ejercer liderazgo comunitario. El tiempo, en este sentido, se convierte en un eje de desigualdad tan decisivo como el ingreso o el acceso a la tierra. Pero el tiempo también puede ser un campo de transformación. Si el trabajo de cuidados sostiene la economía, reconocerlo y redistribuirlo es una cuestión de justicia. Las políticas públicas pueden y deben intervenir para liberar tiempo a las mujeres: escuelas de tiempo completo, educación inclusiva para las personas con discapacidad, sistemas de apoyo y asistencia para la vida independiente en conjunción con los cuidados, centros de día, comedores comunitarios, transporte escolar seguro, licencias de paternidad y maternidad igualitarias, servicios públicos de cuidado accesibles, y una educación que enseñe que los cuidados sostienen la vida, que somos interdependientes y nos necesitamos para vivir vidas libres plenas y felices. Hoy, el anuncio de un Sistema Nacional Progresivo de Cuidados (SNPC) representa un paso histórico para México: por primera vez, el gobierno federal coloca el derecho al cuidado en el centro de su política social, con una visión que busca articular servicios, reconocer el trabajo no remunerado y avanzar hacia la corresponsabilidad entre Estado, familias, comunidad y sector privado. El anuncio del Anexo Transversal 31 —que integrará 47 programas presupuestarios y cerca del 4 % del gasto federal programable para 2026— y del nuevo Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) son avances concretos hacia una institucionalidad del cuidado que México debía desde hace décadas. El reto inmediato está en la materialización del SNPC dentro del entramado institucional en todos sus niveles de gobierno. La Secretaría de Bienestar deberá asegurar la operación territorial de los servicios comunitarios y programas de apoyo económico sin reproducir la sobrecarga femenina ni segmentar el acceso por nivel socioeconómico. La Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad de ampliar efectivamente la cobertura de escuelas de tiempo completo y servicios de cuidado infantil, así como de incorporar una educación no sexista y corresponsable en los planes de estudio y currículas de todo el país. La Secretaría de Salud debe fortalecer la red pública de centros diurnos, servicios domiciliarios y atención a personas mayores y con discapacidad en conjunción con un sistema de asistencia y apoyos para la vida independiente, integrando un enfoque de autocuidado y respiro para personas cuidadoras. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social enfrenta el reto de profesionalizar y formalizar el trabajo de cuidados, mediante certificaciones, estándares laborales, acceso a seguridad social y condiciones dignas para trabajadoras del hogar y cuidadoras remuneradas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá garantizar que el Anexo Transversal 31 no sea solo un mecanismo de registro, sino un instrumento de seguimiento presupuestario con metas verificables y recursos suficientes, asegurando incrementos progresivos del gasto en cuidados más allá del 1.2 % del PIB estimado para 2026, es decir, garantizar mediante el presupuesto el derecho humano al cuidado. Asimismo, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Economía tienen el mandato transversal de articular políticas que integren el cuidado en la planeación del desarrollo, fomenten la corresponsabilidad empresarial y visibilicen el aporte económico de las mujeres al PIB a través del trabajo no remunerado (hoy estimado en 26.3 %). Finalmente, la nueva Mesa Interinstitucional e Intergubernamental tiene el gran reto de consolidar un modelo de gobernanza con participación de la sociedad civil, comunidades y personas cuidadoras, garantizando que el SNPC no se limite a coordinar instituciones, sino que funcione como un mecanismo vinculante de derechos con indicadores de impacto y mecanismos de rendición de cuentas. Finalmente, el cambio cultural que propone el gobierno solo será posible si las políticas de cuidado se acompañan de educación no sexista, redistribución del tiempo y reformas estructurales en el sistema laboral y fiscal que permitan sostener una verdadera sociedad del cuidado. En el ILSB reconocemos que cuidar es un acto político y que su valoración y redistribución son condiciones necesarias para la justicia social. Junto con las trabajadoras del hogar impulsamos su reconocimiento como trabajadoras de los cuidados, visibilizamos las interseccionalidades y necesidades territoriales de esta agenda y promovemos procesos de formación que transformen realidades. También fortalecemos capacidades del funcionariado público, desde lo municipal, para avanzar en sistemas y políticas de cuidado. En esta coyuntura, apostar por los cuidados es apostar por sistemas más justos para la vida. Hagamos alianzas entre personas cuidadas y cuidadoras, organizaciones y gobiernos para que la vida esté siempre en el centro.