Deuda pendiente del PPEF 2026

En México, hablar del presupuesto público no debería ser un tema reservado a políticos o especialistas. Cada cifra, cada programa y cada acción presupuestal tiene un impacto positivo o negativo en la vida cotidiana de las personas, especialmente en la de quienes suelen tener menos voz en la toma de decisiones: las niñas, los niños y los adolescentes. Desde Save the Children México analizamos cada año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), porque sabemos que ahí se refleja con claridad qué tanto el país está cumpliendo (o no) con su compromiso hacia la niñez. El PPEF 2026, que actualmente se discute, es una radiografía de las prioridades del Gobierno de México y, al mismo tiempo, un espejo de los desafíos estructurales que seguimos enfrentando para traducir los compromisos en resultados tangibles. “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” asciende a 1.09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 8.04% respecto a 2025. Este crecimiento, aunque positivo, no puede interpretarse automáticamente como una mejora. La pregunta clave no es cuánto crece el presupuesto, sino cómo y en qué se gasta. Este aumento rompe la tendencia a la baja que veníamos observando desde 2021, cuando el anexo alcanzó su máximo histórico. Sin embargo, gran parte del crecimiento se explica por la incorporación de programas que no están necesariamente enfocados en la niñez o que son de carácter general como servicios de transporte del Tren Maya o transferencias sociales. Si bien estas acciones pueden beneficiar indirectamente a familias con niñas y niños, no garantizan de manera directa el ejercicio de sus derechos. Este fenómeno, conocido como transversalización del gasto, puede ser una estrategia eficaz siempre que existan objetivos claros, unidades responsables de ejecución y mecanismos de evaluación de impacto. Pero cuando se carece de estos componentes, la transversalidad se convierte en el enemigo de la eficacia y la eficiencia: se gasta más, pero se ve menos. Un incremento general al gasto social, pero en áreas sustantivas como salud, educación y primera infancia se observan recortes o estancamientos preocupantes. Por ejemplo, el programa E033 Servicios de Vacunación presenta una disminución crítica del 59%, en un país donde las brechas en cobertura ya han propiciado brotes de enfermedades prácticamente erradicadas, como el sarampión. Esto impacta sobre todo a niñas y niños en comunidades rurales y marginadas, donde la pobreza y la exclusión agravan los riesgos. La situación no es mejor en materia educativa. El programa E030 Educación Inicial y Básica Comunitaria del CONAFE enfrenta una reducción del 20%, debilitando una de las pocas estrategias que garantizan acceso educativo en contextos rurales o de movilidad. En contraste, el programa Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” registra un aumento del 58%. Sin embargo, el reto no es otorgar más becas, sino asegurarse de que realmente contribuyan a la permanencia y conclusión escolar, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad. La educación inicial, piedra angular del desarrollo infantil temprano, también sufre un retroceso. El programa U312 Expansión de la Educación Inicial tiene una disminución del 11%, y además cambia de modalidad presupuestal: pasa de operar bajo reglas de operación claras (“S”) a una modalidad de subsidio (“U”), lo que reduce la trazabilidad y el control del gasto. Esto se traduce en menos recursos y menor control sobre uno de los servicios más decisivos para romper el ciclo de pobreza intergeneracional. En materia de salud, preocupa especialmente la desaparición del programa U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes del Anexo 18. México enfrenta una de las tasas más altas de obesidad infantil en el mundo, y eliminar un programa específico para atender este problema es un retroceso estructural. La salud de la niñez no puede depender de estrategias generales que ignoren sus particularidades. Un caso emblemático es el de los programas de protección y restitución de derechos, en particular el que sustenta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA). La fusión de su programa específico E041 con otro de asistencia social (E034) puede parecer una simplificación administrativa, pero en realidad implica una pérdida de visibilidad y especialización. La protección especial de la niñez no puede abordarse desde acciones asistenciales: requiere recursos, personal y mecanismos especializados que garanticen el interés superior de la niñez. Desde Save the Children proponemos revertir esta fusión para fortalecer una política pública robusta en materia de restitución de derechos. Otro ámbito que ilustra los riesgos de la actual estructura presupuestaria es la prevención del trabajo infantil. A pesar de los avances impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el presupuesto asignado al programa P031 Implementación de la Política Laboral se reduce en un 95.7%, justo cuando los indicadores muestran un repunte de niñas, niños y adolescentes en actividades económicas informales y peligrosas. De cara al Mundial 2026, la prevención del trabajo infantil debería ser una prioridad nacional y el trabajo digno de adolescentes en edad permitida, una oportunidad real. Estos ajustes deben verse a la luz de un principio fundamental: los derechos de niñas, niños y adolescentes no son un gasto, son una inversión. Invertir en salud, educación y protección no solo es una obligación legal y ética, sino la forma más efectiva de construir un país equitativo, productivo y sostenible. Más allá de destinar recursos simbólicos, necesitamos presupuestos con enfoque en resultados, basados en evidencia y con mecanismos de evaluación que permitan saber si cada peso invertido genera bienestar real.