Disminuir para incrementar, la paradoja de la profesionalización docente en el país

EDUARDO GRAJALES

Malas noticias para el magisterio mexicano, el presupuesto para su profesionalización sufrió una significativa reducción de 240 millones de pesos aproximadamente, pasando de 409 millones en 2019, a 169.3 millones en 2020, los cuales se ocuparán para actualizarlos en habilidades pedagógicas y digitales por parte de la SEP.

Lo anterior, genera dudas sobre la eficacia de la estrategia del nuevo modelo educativo planteado por la actual administración que busca ahora alcanzar no la calidad sino la excelencia en materia educativa, meta que resulta contradictoria ante una acción como la disminución de los recursos para mejorar las habilidades y capacidades de los más de 2 millones 100 mil docentes mexicanos que integran el Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo a los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor, pues en el sexenio pasado el presupuesto destinado a este rubro mostro incrementos sustanciosos.

“El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el 2015 tuvo 203.7 millones de pesos para operar. En el 2016 subió sustancialmente a 1,809.1 millones. Para el 2017 bajó a 929.1 millones. En el 2018 subió 971.8 millones. En 2019 tuvo una reducción de más de la mitad y quedó en 409.4 millones, y para 2020 bajó aún más: 169.3 millones de pesos”, señala el documento.

Como puede observarse, los gobiernos han venido manejado un doble discurso, por un lado exaltan el papel de la educación y su importancia para el desarrollo económico y social, pero en los hechos disminuyen presupuestos a la profesionalización de sus docentes o incluso, no invierten lo mínimo necesario en la materia. En los últimos años México no ha incrementado más allá del 2% de PIB en educación, cuando otras naciones de la OCDE están en los límites del 5%, una diferencia abismal.

Y lo todavía más lamentable es que mucho de este presupuesto desvencijado normalmente es desviado o mal empleado por las autoridades educativas que en contubernio con los sindicatos jinetean el recurso. En la administración priista anterior gran parte del presupuesto para la profesionalización fue encaminado a la consolidación política de la hoy derogada reforma educativa peñanietista.

Ante tal escenario la SEP y sus homologas estatales deberán generar las condiciones necesarias para transparentar el uso de este recurso, pero sobre todo generar una estrategia de actualización profesional, de calidad y acorde a las necesidades contextuales del magisterio mexicano que hoy más que nunca deben solventar las graves debilidades que presentan en su praxis, sobre todo en cuanto al uso de la tecnología refiere.

Sería un craso error continuar con la política de formación continua, piramidal, basada en cursos ociosos y mal estructurados a los que muchas veces ni siquiera acuden los docentes o si lo hacen es solo para efectos de cumplir con el trámite, obtener una constancia que les permita sustentar su capacitación para concursar en el escalafón, y no verdaderamente por una vocación de aprendizaje continuo que mejore la calidad de sus estudiantes.

Es evidente que un sector amplio del magisterio mexicano se encuentra en un analfabetismo digital, y una vez obtenida su basificación difícilmente continúan estudiando. Actualmente el nivel de estudios promedio de la población docente en México es licenciatura con 73.9 por ciento; seguido de maestría con 11.3 por ciento; mientras que sólo el 6.2 por ciento cuenta con doctorado; y un 5.30 por ciento tiene educación básica.

En este contexto resulta por demás lamentable la noticia de la reducción del presupuesto para la profesionalización, sin embargo esperemos que el poco recurso no termine como muchos otros, perdido en la tramitología burocrática de cada sexenio en turno o en los bolsillos de uno que otro funcionario educativo.