Juez ordena a la FGR recibir denuncias de 55 madres buscadoras en plantón

Ciudad de México .— En respuesta a la exigencia de familias de personas desaparecidas, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió este jueves una suspensión provisional que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) recibir de manera inmediata las denuncias formales presentadas por 55 madres y familiares buscadoras.

La medida beneficia directamente al grupo de activistas que mantiene un campamento de protesta a las afueras de la sede fiscal, luego de que el Ministerio Público se negara a atenderles el pasado 9 de septiembre. El recurso de amparo, promovido por la organización Abogados Convencionalistas de México, mandata a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a tomar las previsiones necesarias e informar sobre su cumplimiento en un plazo no mayor a 48 horas.

El fallo judicial responde a las movilizaciones de colectivos como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX, cuyos integrantes instalaron el plantón frente a la institución para denunciar las trabas burocráticas que impiden iniciar las carpetas de investigación correspondientes.

Fechas clave en el proceso judicial

El juzgador fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo quedó programada para el 16 de octubre. Ante la resolución, las familias urgieron a las autoridades ministeriales a acatar la orden sin interponer nuevos recursos procesales que prolonguen la revictimización en la vía pública.

Esta determinación ocurre en un contexto de persistente tensión entre las organizaciones de víctimas y la autoridad federal. México atraviesa una profunda crisis humanitaria con más de 130,000 personas no localizadas en los registros oficiales, una cifra agravada por la saturación de los servicios forenses, la impunidad sistemática y las barreras institucionales que obligan a las propias familias a asumir las tareas de rastreo y localización.