Organizaciones civiles celebran ley de interrupción del embarazo para niñas y adolescentes en Chiapas

Tuxtla.- Alejandra Muñoz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas e integrante de la Red Aborta Libre, calificó como un avance significativo la aprobación este miércoles de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en Niñas y Adolescentes, aunque alertó sobre las resistencias sociales y familiares que persisten para su efectiva aplicación.

Luego de que el Congreso local avalara la iniciativa, Muñoz recordó que “el año pasado se despenalizó el aborto en Chiapas justo el 26 de noviembre”, estableciendo el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 12.6 en servicios de salud estatales.

Sin embargo, destacó que esta nueva ley es específica para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y “no tiene ninguna limitante temporal”.

La activista explicó las distinciones entre ambos marcos legales: “La interrupción a partir de la despenalización tiene un plazo de 12.6 semanas y es para todas las personas”, mientras que “la ley de interrupción para niñas y adolescentes es para casos de violencia sexual y el Estado debe brindar y asegurarse de que se esté proporcionando la atención, tanto de la interrupción como la atención psicológica y la investigación correspondiente”.

Sobre el polémico tema de la objeción de conciencia del personal médico, Muñoz aclaró que “sigue teniendo el derecho a la objeción de conciencia, sin embargo, por ley –y esta ley viene a reforzarlo– están obligados a garantizar que, si bien ellos pueden ser objetores, se debe de brindar la atención a estas personas”.

Agregó que el principal avance de esta iniciativa es establecer “el candado” que obliga al sistema de salud a atender a las menores “en un plazo menor de pocos días”.

La defensora de derechos humanos alertó sobre una problemática social que obstaculiza el acceso a la justicia reproductiva:

“Muchas veces son las propias familias quienes esconden a las niñas para que no sean atendidas por el servicio médico y entonces no se les pueda brindar la interrupción del embarazo. Las obligan a parir, las esconden a veces del propio personal médico”.

Muñoz consideró que este es “un problema social que se debe abordar de manera interinstitucional” y propuso que “la Secretaría de Educación, por ejemplo, debería estar viendo cuándo hay una niña que deja de asistir a la escuela, ver las razones por las que lo está haciendo”.

Al ser cuestionada sobre el perfil de las afectadas, la integrante de la Red Aborta Libre reveló que “hay casos de niñas de 10, 11 años y son casos de violencia sexual”, y desmintió que se trate de un problema exclusivo de comunidades indígenas: “En Tuxtla, por ejemplo, hay un alto índice de embarazos infantiles y adolescentes, también en ciudades como Tapachula, San Cristóbal. No solamente es en zonas rurales, también es en zonas urbanas”.