Presidenta interviene en caso de mujer atropellada por distribuidora de cerveza en Chiapas

Tuxtla.- El caso de Verónica Jaqueline Ordóñez Roblero, quien en 2011 fue atropellada por un vehículo de las empresas distribuidoras de la cerveza Superior, ha llegado a la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, tras años de impunidad y la negativa de las compañías responsables a acatar una sentencia judicial.

Las empresas Exclusivas en Tuxtla S.A. de C.V. y Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V., propiedad del actual secretario de Finanzas de Chiapas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, han evadido el pago de la indemnización ordenada por la justicia. La representación legal de estas empresas recae en Luis Alberto Vázquez Vázquez, quien es asesor en la misma Secretaría de Finanzas que encabeza Pariente Gavito.

Ante este evidente conflicto de intereses que, según la defensa, ha "obstaculizado el proceso legal", la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado que el caso sea atendido de inmediato.

El abogado defensor de la víctima, Rosemberg Díaz Pérez, declaró: "Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde hace seis días se dio la orden de atenderlo y que se resuelva conforme a la ley".

Díaz Pérez señaló que, a pesar de las denuncias, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no ha actuado para investigar el conflicto de interés que involucra a un funcionario estatal de alto rango.

El accidente dejó a Verónica Jaqueline con secuelas de por vida, incluyendo la pérdida de movilidad y graves afectaciones en el habla, producto de una contusión cerebral. Tras 14 años de lucha legal, la sentencia que ordena la reparación del daño no se ha cumplido.

El abogado explicó que, desde la Secretaría de Finanzas –que funge como órgano auxiliar judicial–, Luis Alberto Vázquez Vázquez ha intentado realizar un "pago amañado". En junio pasado, se requirió el pago a una de las empresas "pero como si se tratara del cobro de una multa y no como reparación de daños", un procedimiento que carece de sustento legal y que, según Díaz Pérez, busca desvirtuar el cumplimiento de la sentencia.

El defensor confía en que, con la intervención de la Presidencia, las autoridades federales y estatales puedan resolver por la vía conciliatoria el incumplimiento de la sentencia. La ley establece que denuncias de este tipo deben investigarse y resolverse en un máximo de 60 días hábiles si se encuentra responsabilidad.