Secretaría de Medio Ambiente denuncia irregularidades en urbanización de áreas protegidas

Tuxtla.- La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural confirmó la existencia de invasiones y construcciones irregulares en terrenos inestables y áreas naturales protegidas, autorizadas por gobiernos anteriores, lo que constituye un riesgo tanto para la población como para los ecosistemas.

En entrevista, la titular de la dependencia, Malena Torres Abarca, destacó que, si bien este año se consiguió erradicar la quema de cerros —una práctica común en el pasado—, el flagelo de los asentamientos en zonas de conservación persiste. Agravando el problema, muchos de estos desarrollos cuentan con escrituras públicas que les otorgan una apariencia de legalidad.

“Desafortunadamente, autoridades anteriores permitieron este tipo de desarrollos. Nosotros estamos revisando cada caso para no autorizar permisos de fraccionamiento cuando no corresponde”, afirmó la funcionaria.

Uno de los ejemplos más críticos es el del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, donde se construyeron viviendas sin respetar la franja de protección perimetral. “Eso es una aberración; entran gatos, perros, y no hay un control real”, lamentó Torres Abarca, subrayando el grave daño al área natural.

La secretaria atribuyó gran parte del problema a la falta de planeación urbana histórica en Tuxtla Gutiérrez. De las más de 800 colonias —o incluso cerca de mil, según estimaciones—, aproximadamente el 50% se originaron por invasiones. “Todas tienen escrituras, algunas no, pero con el tiempo las autoridades las han ido regularizando. Eso explica por qué muchas carecen de servicios básicos”, explicó.

Respecto a los nuevos desarrollos, como el fraccionamiento Villa Allende, la Secretaría se ha opuesto a su continuación. No obstante, Torres Abarca reconoció que en algunos casos los promoventes han ganado demandas, lo que obliga a la autorización de los proyectos bajo presión legal. “Si no lo hacemos, nos multan”, comentó.

Zonas como El Jobo y Copoya también son foco de conflictos por construcciones en áreas de conservación, donde ciudadanos han interpuesto recursos legales para obtener permisos.