Vulnerados los derechos humanos de las reclusas en cárceles de Chiapas

Tuxtla.- La organización “Colectiva Cereza” denunció de manera pública que se violentan los derechos humanos de las mujeres en las cárceles de Chiapas, como ocurre en el Centro Estatal de Reincersión Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas.

En un documento, reveló que las internas de ese centro penitenciario de la región Altos no reciben atención médica desde hace un año, por lo que ellas tienen que pagarse los traslados al hospital, las pruebas, los análisis, los ultrasonidos, los medicamentos, los gastos de las operaciones y la atención de la consulta privada si necesitan especialista.

“Denunciamos que les han retirado los teléfonos de piso porque ‘no pagan’ las llamadas, y es un negocio más de la Subsecretaría (de Seguridad Pública), cuando es un derecho fundamental que puedan llamar a sus defensores y abogados, así como familiares, y poder acceder a las comisiones de derechos humanos cuyos teléfonos de contacto les tenían bloqueados desde el área de Alcaidía”.

Sin duda, explicó que todo esto es violatorio de derechos humanos, pues se ejerce violencia contra las mujeres del CERSS 5 y contra todas las personas privadas de libertad en Chiapas.

El subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, José Miguel Alarcón García, promueve y facilita la corrupción en todos los penales de Chiapas, así como la violencia hacia las mujeres privadas de libertad, donde el derecho a la salud y a la alimentación sana hay que pagarlo, acusó.

Entre otros detalles, refirió que en esos lugares se cobra entre el 10 y el 15 por ciento por los artículos de aseo, limpieza y alimentación que llevan familiares o son para las tiendas y cocinas, “unas de las pocas maneras que tienen las personas privadas de libertad de sobrevivir dentro de los penales ya que el presupuesto estatal destinado al sostenimiento de las mujeres y hombres de los penales se desvía por corrupción, y tienen que sostenerse para cubrir sus necesidades básicas como pueden”.

Ante este panorama, exigió se realice una auditoría a la Subsecretaría y a los CERSS de Chiapas. “Denunciamos que se fomenta y facilita la extorsión a los ingresos nuevos de detenidos o detenidas y a sus familiares, con violencia, amenazas, y muertes por tortura y homicidio que la autoridad penitenciaria hace pasar por suicidios, como en la causa de Adolfo Gómez Gómez”.

Asimismo, aseveró que se promueve también la servidumbre sexual de las femeniles a los varoniles, “y que lo disfrazan con certificados de ‘pareja de hecho’ ilegales y ‘al uso’ que se elaboran en el área de Trabajo Social y se venden a costo de entre 500 y 2 mil pesos, que pagan los varoniles para tener acceso a mujeres, lo que supone corrupción y violación de los derechos humanos a las mujeres a quienes no permiten que desarrollen actividades económicas en el CERSS 5 para tenerlas sometidas a través de sus necesidades básicas a estas prácticas de abuso”.