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Al menos 19 personas fueron incineradas en Iguala


México. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que se incineraron al menos 19 cuerpos en el basurero de Cocula y es necesario determinar si corresponden a algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al tiempo que añadió que la investigación realizada muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad y justicia.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, dijo el ombudsman al presentar la Recomendación 15VG/2018, sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.

Esta información dada a conocer por el organismo contradice la llamada Verdad Histórica que presentó el gobierno, en la que se afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas dispersadas en el río San Juan.

González Pérez enfatizó que la verdad que encontró la CNDH muestra "la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la cooptación penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno".

Expresó que la desaparición de los normalistas no es un caso aislado, sino un reflejo de la situación que se vive en diversas zonas de la República, puesto que "un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno".

José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, explicó que la recomendación se dirigió a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.

Sostuvo que las autoridades mostraron constantemente su “falta de cooperación” al negar el acceso de la información. Pero cuando llegaron a proporcionarla lo hicieron “de manera parcial, incompleta o revuelta”.

“Las autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas pero nadie hizo nada; con eso hubieran evitado un desenlace como se presentó”, aseguró.

El ombudsman dijo que las autoridades dieron por sentado que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados, cuando “la investigación que se acreditó fue desarrollada al margen de la ley”.

El presidente de la CNDH mencionó que la recomendación no pone fin a las indagatorias sobre el caso, pero representa un punto de partida para las nuevas autoridades, a quienes les corresponderá "enderezar y continuar las investigaciones penales del caso”.

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