Aumentan las desapariciones forzadas

La situación de desapariciones en México ha sido ampliamente documentada y discutida y es reconocida como uno de los mayores problemas de derechos humanos en el país. A pesar de esto, es común escuchar comentarios estigmatizantes que apuntan a que las personas seguramente están desaparecidas porque estaban metidas en actividades indebidas o porque se ausentaron voluntariamente. Comentarios como “seguro se fue con el novio”, “en algo estaba metido”, “seguro era parte de la delincuencia organizada”, entre otros, son bastante comunes. Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades a este contexto, que no encuentran a las personas desaparecidas, no realizan un acompañamiento apropiado ni brindan suficientes herramientas e información a los colectivos, no garantizan la seguridad ni protección de las buscadoras, no atiende sus necesidades de salud, económicas, psicológicas han emergido múltiples colectivos de personas que realizan la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. En México se registran más de 200, de los cuales más de 60 están agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Los colectivos están conformados mayoritariamente por familias, y la gran mayoría de sus integrantes son mujeres. Estos colectivos han tenido un papel fundamental en los avances legislativos y de políticas para abordar la crisis de desapariciones. En 2017, los colectivos lograron la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual da las bases para la protección de familiares durante labores de búsqueda y rastreo. Con esta ley se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han redactado varias leyes en materia de desaparición a nivel local y se han creado Comisiones de Búsqueda estatales. Asimismo, diversas instituciones del orden federal proveen servicios de atención y protección a las personas que realizan la búsqueda, entre las cuales se encuentra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros. Estas leyes e instituciones, que se crearon para abordar la problemática de la desaparición en el país, han tenido múltiples fallas, y no han logrado el revertir la situación para la que fueron creadas.

Al contrario, el número de desapariciones continúa en aumento. Las instituciones en ocasiones no realizan la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente o no acompañan a las colectivas en las labores de búsqueda ni les brindan materiales, herramientas, apoyos e información para realizarlas. Además, las autoridades usualmente no garantizan la seguridad y protección de las personas buscadoras; ni atienden sus necesidades de salud, económicas, psicológicas, ni atienden sus demandas. En ocasiones, incluso han buscado, de manera engañosa, en su estrategia más reciente, reducir el número de personas desaparecidas forzadamente, y obstaculizar la movilización y el diálogo con los colectivos de búsqueda del país. En cuanto al Mecanismo de Protección para Defensores, Defensoras y Periodistas, que otorga medidas de protección a estos colectivos, las mujeres buscadoras han enfrentado retos para acceder a este y han observado deficiencias en su implementación. La desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos que genera impactos extremadamente negativos en la persona desaparecida forzadamente y en su familia, seres queridos y comunidad. En distintos lugares de las Américas, la desaparición forzada ha tomado la forma de una política estatal o de un patrón de comportamiento consistente de actores públicos y privados, como fuerzas de seguridad estatales y grupos armados organizados. Las mujeres han buscado en medio de conflictos armados, ante gobiernos con políticas sistemáticas de desaparición forzada de disidentes, en lugares con presencia de crimen organizado y en contextos de movilidad humana, enfrentando riesgos, ataques y amenazas por su labor e identidades.