Es necesario abordar el trabajo infantil como una consecuencia

Erradicar el trabajo infantil ha sido, desde hace décadas, uno de los compromisos más importantes que los Estados asumieron al formar la comunidad internacional; México no ha sido la excepción. Hemos ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desarrollando un marco normativo robusto y creando políticas públicas cada vez más adecuadas para enfrentar esta problemática. Sin embargo, el desafío hoy no es de normatividad ni de narrativas, sino de implementación a nivel estatal y municipal. Aunque hay avances significativos, el trabajo infantil persiste en miles de comunidades del país, especialmente en aquellas marcadas por carencias sociales como pobreza, exclusión e informalidad. La realidad que enfrentamos es un desfase entre las obligaciones legales del Estado mexicano y la capacidad de aterrizarlas en acciones sostenidas y coordinadas a nivel local. La situación es preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México realizan trabajo infantil, y de éstos, 1.1 millones están en trabajos peligrosos o prohibidos por la ley. Estas cifras nos revelan una realidad innegable: cumplir con el objetivo 8.7 de la Agenda 2030 erradicar el trabajo infantil para el año 2025 es algo irrealizable. Es importante reconocer que se han dado pasos importantes a nivel de política pública. Por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incluyó estrategias explícitas para atender el trabajo infantil. Esto representa un cambio significativo respecto a la importancia que he tenido en administraciones previas y demuestra un avance en la visibilización de la problemática. A pesar de esto, existen experiencias locales que demuestran que sí es posible actuar con eficacia.

El caso de Querétaro, por ejemplo, destaca por la implementación de un Protocolo de detección, prevención y atención de trabajo infantil que incluye acciones específicas para identificar y atender situaciones de riesgo, así como mecanismos de coordinación con otras instituciones, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, en el Estado de México se ha desarrollado una ruta intermunicipal para la atención del trabajo infantil, que busca articular esfuerzos entre municipios colindantes que comparten dinámicas económicas y sociales similares. Estas experiencias, si bien acotadas, ofrecen una hoja de ruta valiosa sobre cómo construir modelos de intervención interinstitucionales, eficaces y sostenibles. Es necesario abordar el trabajo infantil como una consecuencia y no una causa de las condiciones socioeconómicas en las regiones. Por tanto, las intervenciones más efectivas serán aquellas que aborden sus raíces estructurales: la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación, la violencia y la informalidad laboral. Este abordaje requiere necesariamente, la participación activa de todos los sectores: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, academia y comunidades. Cada actor tiene capacidades, recursos y ámbitos de acción distintos, y es justamente esta diversidad la que permite construir intervenciones más completas y sostenibles. Estamos a meses de que finalice 2025 y es claro que no lograremos erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, existe la oportunidad de construir una política pública transexenal, que coloque a las niñas y los niños en el centro de las decisiones, que fortalezca las instituciones competentes, capacite al personal y, sobre todo, genere la política necesaria para actuar con decisión. Cada niña y cada niño que hoy trabaja representa una oportunidad para garantizar sus derechos y crear un buen presente y un mejor futuro.