Extorsión en México

El Gobierno federal ha enviado señales claras sobre su intención de ampliar el catálogo de delitos prioritarios para la administración, más allá del homicidio doloso. Este giro se ha materializado en la estrategia nacional contra la extorsión. Si uno de los objetivos centrales del Estado mexicano es debilitar a las organizaciones criminales, dicha estrategia parece alinearse con tal propósito, aunque aún requiere escrutinio. Este texto examina el fenómeno de la extorsión en México, analiza la estrategia impulsada por el Ejecutivo, identifica sus principales áreas de mejora y propone directrices de política pública que podrían contribuir a su eficacia. La extorsión, ya sea telefónica, por cobro de piso o derecho de paso, está presente en la mayoría de las estructuras criminales del país. Algunas organizaciones la ejecutan directamente, mientras que otras prestan su imagen o símbolos como siglas o emblemas a bandas locales para sembrar terror y legitimarse ante la población. Además, múltiples grupos de menor escala, sin capacidad armada significativa, encuentran en la extorsión una vía accesible para operar, ya que su efectividad se basa más en la intimidación psicológica que en la violencia física. La extorsión impacta de forma directa en los ingresos familiares, la operación de las empresas y en la percepción general de inseguridad. Al mismo tiempo, suele estar vinculada con delitos como secuestro, desaparición y homicidio, utilizados como amenazas para presionar el pago de cuotas. Determinar con precisión los contextos que favorecen la comisión de la extorsión no es sencillo. En algunos casos, se intensifica en territorios donde hay disputa entre grupos criminales, pues representa una fuente clave de financiamiento para sostener el conflicto armado. En otros casos, la extorsión ocurre incluso en zonas bajo control hegemónico de una sola organización, donde no existe disputa visible. En estos lugares, la ausencia de una respuesta estatal efectiva deja el camino libre para que las cuotas se impongan sin resistencia. De acuerdo con el reporte anual Violencia y pacificación de México Evalúa, pueden identificarse tres patrones relevantes en el comportamiento de la extorsión a nivel estatal. Para ello, tomamos en cuenta tanto su magnitud actual medida en tasas por cada 100 mil habitantes como su evolución durante el último año. Primero, cuatro entidades (Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Chiapas) se encuentran por debajo del promedio nacional, pero presentan una tendencia al alza. Esto las vuelve vulnerables a un deterioro si la autoridad reduce su capacidad de respuesta frente a este delito. Segundo, en seis entidades (Hidalgo, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Estado de México y Colima), la tasa de extorsión está por encima del promedio nacional, pero con una tendencia a la baja. Sin embargo, el comportamiento del delito en estos territorios es altamente volátil, ya que depende de la estabilidad o ruptura de los acuerdos criminales. Por ello, es un error asumir que la baja será sostenida sin refuerzo institucional. Tercero, en otras seis entidades (Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Quintana Roo), la tasa de extorsión está por encima del promedio nacional y además muestra una tendencia creciente, lo cual acentúa la gravedad del problema. En este contexto, es pertinente la estrategia federal contra la extorsión, pues atacar esta fuente de ingresos puede minar la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Además, conviene recordar que, para los grupos delincuenciales, la extorsión suele ser el primer eslabón para establecer presencia territorial. Esto ocurre especialmente en zonas donde el Estado está ausente o debilitado. La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia es el eje articulador de la estrategia federal contra la extorsión. Llama la atención la escasa participación de autoridades estatales y municipales, a pesar de que muchas de las manifestaciones de este delito ocurren a nivel local. La estrategia también expresa un principio de focalización territorial propio de la lógica federal: intervenir prioritariamente en las ocho entidades que concentran el 66 % de los casos de extorsión registrados a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Perseguir de oficio la extorsión representa una mejora sustancial en la postura del Estado frente al delito. Eliminar la dependencia de la denuncia por parte de la víctima, puede incluso reducir la cifra negra. Sin embargo, la estrategia presenta un sesgo evidente hacia la extorsión indirecta, es decir, aquella realizada por vía telefónica. Por ejemplo, la capacitación de operadores del 089 se concentra en técnicas de negociación para disuadir amenazas telefónicas. Sin embargo, poco puede hacer esta línea de acción frente al cobro de piso presencial o territorial.