Guardia Nacional es SEDENA

Desde antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta, con la Reforma Constitucional del 30 de septiembre de 2024, era claro que no había marcha atrás en el proceso de integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto se solidifica la extinción de una policía civil y su transformación a una completamente militar, proceso que llevaba años. Por ende, la aprobación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Ley de la Guardia Nacional, constituye un paso más en esta ruta. Sin embargo, considero que como país no hemos debatido suficiente lo que significa la militarización de la seguridad pública y las consecuencias que se podrían generar, por lo cual la intención de este texto es presentar tres razones que sustentan la afirmación de que se trata de una mala idea. La primera razón es que este cambio va a propiciar problemas de coordinación en la estrategia de seguridad, ya que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la SEDENA, pero se encargará de implementar los planes y las políticas desarrolladas desde de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual de inmediato nos remite al refrán popular de “El que a dos amos sirve con alguno queda mal”. Se podrá argumentar que la relación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es excelente, pero aún en dicho escenario habrá algún asunto en que los dos vayan a tener distinta postura, y cuando se presente: ¿A quién hará caso la Guardia Nacional? ¿A la instancia responsable del diseño de la estrategia o a su superior jerárquico?. Ello asumiendo que hay un ambiente de buena relación, pero en el pasado ya hemos tenido fricciones y diferencias entre titulares del gabinete de seguridad y si llegamos a un escenario así, que nunca se puede descartar, tendríamos una desconexión entre lo que se planea y lo que se implementa, lo cual se traduciría en pésimos resultados en la materia. De hecho, la lógica administrativa nos indicaría que lo correcto es que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dicha instancia tuviera un brazo ejecutor de sus políticas, en donde la cadena de mando sea directa y no tenga que pasar por otra secretaría. La segunda razón es que la lógica militar y la policial no son iguales, por ello en las corporaciones en todo el mundo, los entrenamientos de policías y soldados son muy diferentes.

A los soldados se les capacita para evitar invasiones, por tanto, buscan aniquilar de inmediato a los enemigos y matan a tantos como les sea posible, mientras que los policías primero buscan prevenir, luego disuadir a los infractores y el uso de las armas es el último recurso y aún en esos casos asesinar no es el objetivo primario, sino neutralizar, de forma que solo se da muerte cuando precisamente la vida de los policías corre peligro. No es casual que los militares sean más violentos que los policías. Por ejemplo, hace unos años Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas escribieron una serie de textos en los cuales muestran que el índice de letalidad del Ejército Mexicano era significativamente mayor que el de la entonces Policía Federal, lo que en palabras simples significa que cuando había enfrentamientos del Ejército con los criminales el número de muertos era mayor y el de los heridos menor, lo cual se explica por este entrenamiento militar, ya que existe una mayor propensión a privar de la vida. Y quizá se piense que se necesitan fuerzas de seguridad más violentas para enfrentar al crimen organizado, pero muchos ciudadanos se olvidan que parte de la violencia que se vive en el país también es consecuencia de enfrentamientos entre criminales y autoridades. Por ejemplo, Laura Atuesta encontró que cuando las fuerzas armadas participan en enfrentamientos suele haber un incremento del 8.5 % en la cantidad de homicidios. La tercera razón se deriva de un artículo que escribí en 2019 en la revista Nexos, en donde analicé la configuración de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en 200 países y territorios de todo el mundo, clasificando los sistemas en cuatro categorías: 1) Mando completamente civil, 2) Mando predominantemente civil, 3) Mando concurrente entre civil y militar y 4) Mando militar. El 75 % de los países utilizan las dos primeras categorías, con una marcada tendencia a que sea completamente civil y solo el 16.5 % de los países tienen mando militar, como en México con la Guardia Nacional. El problema es que los demás países que tienen la seguridad pública en manos de militares son países con gobiernos autoritarios como Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Yemen o Chad. Si bien no quiere decir que no pueda haber países democráticos con mando militar en seguridad pública, si es un rasgo más distintivo de las dictaduras e incluso se puede ver como un síntoma de un proceso de retroceso democrático.