Improvisada unidad policial

Desde hace muchas décadas el crimen organizado está presente en Chiapas, ya que al tener una amplia frontera con Guatemala, la cual se encuentra poco vigilada, permite el ingreso por tierra o por río de droga procedente de Sudamérica, y de otros productos ilegales. A pesar de ello, esta presencia constante del crimen organizado no se había traducido en un incremento importante de la violencia en la entidad, hasta que en 2024 el estado llegó a su máximo nivel de homicidios dolosos de su historia, con 662 casos reportados, de acuerdo a la cifras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, frente a los 500 que se dieron en 2023, por lo que hubo un aumento del 32 %, siendo una de una de las entidades con mayor incremento en el país. A ello se deben sumar un incremento del 300% en la desaparición de personas y el desplazamiento forzado de 24 mil personas en los últimos años. No es casual que, por ejemplo, Tapachula sea la cuarta ciudad con mayor sensación de inseguridad del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en su corte del segundo trimestre de 2025, con el 88 % de su población sintiéndose insegura. Esta escalada de violencia se debió a la disputa por los municipios de la entidad, en especial los fronterizos, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, con la participación de otras organizaciones menores como el Cártel de Chiapas y Guatemala, la Mara Salvatrucha, Barrio 18, los Herrera y los Machetes. Ante este incremento en la violencia, el gobernador entrante Eduardo Ramírez Aguilar creó en diciembre de 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, conocida coloquialmente como Grupo Pakal, que no es otra cosa que una unidad de élite de la Policía Estatal, con buen equipamiento para hacer frente a los grupos del crimen organizado, en especial en la frontera con Guatemala. La idea no era del todo mala, ya que se trata de una estrategia que se ha implementado en otras zonas del país con cierto éxito, es decir, se busca a los mejores elementos, se les dota de armamento, vehículos y entrenamiento de primer nivel, para tener a policías que sean capaces de hacer frente a los criminales más peligrosos. Sin embargo, no hay que olvidar que toda autoridad, en especial las policiales, deben ajustar su actuar a estándares muy claros con el cumplimiento cabal del marco legal, el respeto a los derechos humanos y el seguimiento de los protocolos del uso de la fuerza. Es decir, que no se trata de tener a rufianes uniformados, que vulneren las reglas cada que pueden y que actúen con total impunidad. Sin embargo, eso es lo que ha pasado con el Grupo Pakal, que acumula en su corto haber de meses ya demasiado hechos vergonzosos. Solo por citar los dos principales ejemplos, el 8 de junio del presente año, este grupo persiguió a criminales hasta Guatemala, ingresando ilegalmente a dicho país y matando a cuatro personas en territorio extranjero, generando de esta manera una crisis diplomática con el país vecino, y el 13 de agosto detuvieron a una persona indígena y lo tablearon públicamente, contraviniendo las disposiciones contra la tortura. Sin embargo, en internet se pueden encontrar muchas notas de diversos municipios que narran los abusos de autoridad de los integrantes de Grupo Pakal: robos, amenazas, uso excesivo de la fuerza y extorsiones, es decir, todo lo que no se debiera esperar de policías en funciones, menos de un grupo de élite. El origen del problema es que este grupo fue creado al vapor. Lo conformaron con policías que no contaban con el entrenamiento suficiente, muchos de los cuales aún no cumplían con los filtros de control de confianza, y ahora la ciudadanía es la que está pagando los platos rotos de la improvisación del gobernador Eduardo Ramírez. Quedan dos caminos para el Grupo Pakal: el primero es ponderar su eliminación, porque está generando más problemas de los que resuelve, o bien, el segundo es que se genere una limpia de los elementos nocivos y con los restantes que se apueste en serio por su capacitación, que ajusten su actuar a lo dispuesto en la ley, los derechos humanos y protocolos de uso de la fuerza y que cualquier acto de disciplina se castigue.