La juventud mexicana carece de un empleo digno, sostenible

En México, adolescentes y jóvenes que se encuentran en la etapa de transición hacia la vida adulta enfrentan múltiples desafíos estructurales que dificultan su acceso a diversos derechos, entre ellos el de un empleo digno, sostenible y acorde con sus aspiraciones y potencial. Estos desafíos se vuelven aún más críticos cuando consideramos a las y los adolescentes en edad legal para trabajar a partir de los 15 años según la legislación mexicana quienes se ubican en una franja de alto riesgo del espectro laboral, ya que no son completamente escolarizados ni plenamente integrados al mercado formal de trabajo. Uno de los principales retos que enfrenta la empleabilidad juvenil es la desconexión entre la formación que reciben en los sistemas educativos y las competencias que demanda el sector productivo. La currícula escolar, muchas veces estandarizada y descontextualizada, en pocas ocasiones responde de manera adecuada a las realidades económicas, sociales y productivas de cada región del país. En zonas rurales, por ejemplo, el potencial del sector agropecuario no se ve reflejado en programas de formación técnica pertinente; en contextos urbanos, las economías locales basadas en el comercio, los servicios o la industria tecnológica carecen de una retroalimentación constante con las escuelas de nivel medio superior y superior para actualizar planes de estudios de forma periódica. Esto genera un círculo vicioso: jóvenes con niveles educativos concluidos, pero con escasas oportunidades reales de acceder a un empleo digno y sostenible. Además, existe una débil articulación entre instituciones educativas, gobiernos locales y actores del sector privado, lo que impide el desarrollo de rutas claras de inserción laboral para adolescentes y jóvenes. Las escuelas técnicas, por ejemplo, a menudo carecen de vínculos sólidos con las industrias locales o de mecanismos formales de prácticas profesionales que permitan a las y los estudiantes experimentar el entorno de trabajo antes de egresar de sus centros educativos. Esto abre una brecha entre la formación recibida y las competencias que las empresas requieren, lo que a su vez contribuye a la exclusión laboral o a la inserción en empleos informales, mal remunerados o sin prestaciones de Ley. Este fenómeno afecta de forma diferenciada a cada región del país. En estados con una base económica rural o agrícola predominante, las oportunidades de formación técnica especializada son limitadas o inexistentes, lo que margina a las juventudes rurales de los procesos de desarrollo económico local. Por otro lado, en regiones con vocación industrial, las y los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a programas que respondan ágilmente a los requerimientos de industrias en expansión, como la automotriz o la aeroespacial.  Al mismo tiempo, el sector privado enfrenta sus propios desafíos. La identificación clara de los perfiles de recursos humanos que requiere es, con frecuencia, difusa e improvisada. Muchas empresas carecen de mecanismos internos para traducir sus necesidades en términos de habilidades, conocimientos y actitudes específicas requeridas para cada posición. Esta falta de articulación estratégica repercute en los procesos de reclutamiento y capacitación, y también en la retención de talento joven. En un país donde la informalidad es la norma para millones de personas jóvenes, esta desconexión profundiza la exclusión laboral y precariza el acceso a derechos como la seguridad social, el desarrollo profesional y un ingreso digno. El desfase entre lo que se enseña y lo que se necesita no es solo una falla de diseño educativo, sino el reflejo de una ausencia de visión estratégica compartida entre los sectores público, privado y educativo. La construcción de un ecosistema favorable para la empleabilidad juvenil requiere de un diálogo constante, mecanismos de planificación conjunta y estrategias que fomenten la corresponsabilidad intersectorial. No se trata únicamente de formar para el empleo, sino de garantizar trayectorias laborales dignas, seguras y compatibles con los derechos de adolescentes y jóvenes en desarrollo. En conclusión, el tránsito hacia una empleabilidad juvenil digna y sostenible implica una transformación profunda de las estructuras que hoy limitan el desarrollo de millones de adolescentes y jóvenes en México. Esta transformación no puede aplazarse. La ventana de oportunidad que representa el Mundial de 2026 debe aprovecharse para consolidar alianzas público-privadas-sociales que apuesten por una inclusión laboral con derechos, por una educación pertinente y de calidad, y por un sector productivo que reconozca el valor de las juventudes como agentes de cambio y desarrollo.