La pobreza en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, una labor que antes realizaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hoy desaparecido. En un país partido por la polarización, en este tema se debe de reconocer sin tapujos que los datos representan pasos relevantes para el ejercicio de derechos fundamentales de millones de mexicanas y mexicanos. Los datos del INEGI no pueden dejar de ser resaltados: 13.4 millones de mexicanos y mexicanas en los últimos 6 años salieron de la pobreza, lo cual se explica principalmente, según personas expertas, por el aumento en los ingresos de los hogares del país, a decir: en mayor medida, por el aumento en el ingreso laboral, debido al incremento real del 135 % del salario mínimo desde 2018, además de las transferencias gubernamentales por programas sociales, las remesas y los empleos generados. Entre las cifras oficiales a destacar de este organismo y otras instituciones, se encuentra que ha habido una inversión social récord: 835 mil millones de pesos en 2025, equivalente al 2.5 % del PIB, distribuidos directamente a 30 millones de familias. Hubo también un máximo histórico del empleo formal con más de 22 millones de empleos registrados a finales de 2024. La priorización de la administración anterior y su continuidad en la actual, de poner al centro del proyecto político el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza ha probado ser no sólo exitosa en la discusión social, sino también alcanzable con medidas de redistribución y de priorización de derechos económicos y sociales. Sin duda hay retos que se mantienen presentes, en particular respecto a aquellas poblaciones en mayor vulnerabilidad. Si bien se redujo la pobreza extrema, ésta aún afecta al 7.1 % de la población (9.1 millones de personas); cuando la meta, de acuerdo con la tribuna presidencial, es bajarla a menos del 2 % para 2030.  Las mujeres, indígenas y afrodescendientes, concentradas particularmente en los estados con mayor población en pobreza, registran todavía promedios superiores a la media nacional, 29.6 %, y llaman a generar urgentemente programas sociales focalizados, necesarios para esta población. Asimismo, aún existen amplios retos respecto a las carencias multidimensionales –alertadas por el Coneval desde 2022– como la falta de acceso a seguridad social en algunos sectores, carencia alimentaria y acceso a los servicios de salud y al acceso al agua en la vivienda, todos estos derechos consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte. En un país que ha liderado recientemente la discusión regional sobre la construcción de sociedades de cuidado, estos retos son una prioridad en la realización de estos derechos. Así, de cara a la futura evaluación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) hacia febrero del próximo año, será importante tener en cuenta los datos positivos y las políticas exitosas de reducción de la pobreza, a la par de abrir diálogos con las y los expertos del Comité sobre cómo continuar profundizando en los avances para la reducción de pobreza y no dar pasos regresivos; incluyendo, entre otras, discusiones alrededor de las pendientes reformas redistributivas, como la urgente reforma fiscal progresiva. Esto, sin olvidar que los DESCA y la universalidad de los derechos humanos no pueden disociarse. Así lo refleja el propio Comité DESC en la lista de cuestiones prioritarias a destacar en la próxima evaluación, que expresa su interés en conocer cuál es el impacto del crimen organizado, en la gobernabilidad en el país, su relación con la seguridad y acceso a la justicia y consecuentemente para el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Es ese grupo poblacional que está en el centro de las políticas sociales el que también se ve más afectado por las políticas de seguridad enfocadas en el empoderamiento de las Fuerzas Armadas y la falta de fiscalías capaces de enfrentar las redes macrocriminales que reinan en diversas zonas del país. Hoy podemos decir con claridad: es un avance sumamente relevante que haya resultados tangibles en la reducción de a pobreza; esto es resultado, también, de las demandas históricas de hacer a un lado las políticas que no ponían en el centro a las personas más vulnerables, y a quienes han señalado, por años, las brechas de desigualdad en el país. A la vez, para que el discurso “por el bien de todos, primero los pobres” sea una realidad es necesario poner al centro los derechos humanos en su integralidad, particularmente en aquellas poblaciones frente a la que el país tiene una deuda histórica.