Nueva regla de Donald Trump amenaza con separar a miles de familias latinas

Miami, (EFE).- Una nueva regulación migratoria implementada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó un duro golpe a la migración legal al obligar a los solicitantes de la residencia permanente (green card) a regresar a sus países de origen mientras esperan una resolución oficial. Especialistas y organizaciones civiles advierten que esta medida afectará directamente a más de medio millón de personas al año, provocando pérdidas de empleo y prolongadas separaciones familiares.

La norma, que entró en vigor la semana pasada, rompe de manera drástica con una práctica parlamentaria avalada por el Congreso estadounidense desde el año 1952. Con este cambio normativo, los migrantes que ya residen en la Unión Americana no podrán realizar su ajuste de estatus migratorio (adjustment of status) en territorio estadounidense, quedando obligados a procesar la llamada 'tarjeta verde' a través de los consulados en sus naciones natales.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el año fiscal 2024 el 58% de las residencias legales otorgadas en el país —equivalente a 782,770 personas— se obtuvieron precisamente bajo el esquema de ajuste interno que ahora queda prohibido. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el mayor impacto lo resentirán los parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses, así como trabajadores religiosos y beneficiarios de programas de ayuda humanitaria como el TPS o el parole.

Organizaciones como el Economic Policy Institute (EPI) tacharon de "desinformación peligrosa" los argumentos oficiales que presentan este trámite como una simple espera fuera del país. Los analistas puntualizan que los procesos consulares pueden demorar meses o incluso varios años, exponiendo a los solicitantes a perder sus puestos de trabajo en los casos donde no es factible el empleo remoto, además de generar afectaciones severas en el entorno familiar de las comunidades receptoras.

Finalmente, expertos en economía laboral señalaron que esta política confirma una estrategia sistemática de la Casa Blanca para reducir los canales de inmigración legal, sumándose a medidas previas como la suspensión de visados de inmigrantes para setenta y cinco países, incluidos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. Advirtieron que obstaculizar la integración de mano de obra extranjera —aunado al impacto internacional derivado de los conflictos geopolíticos recientes en Medio Oriente— propiciará un fuerte impacto económico negativo con consecuencias directas en la productividad y en el mercado laboral general de los Estados Unidos.