Salud en México

En 2025, el sector salud de México se enfocará en mejorar la prevención y atención oportuna de enfermedades, además de ampliar la cobertura de servicios. Sin embargo, el presupuesto para salud en 2025 será 11% menor que en 2024. Históricamente, el gasto en salud ha mantenido una brecha presupuestaria de más de 3 puntos del PIB. Esta diferencia se debe a que, a nivel internacional, la sugerencia de inversión mínima en el sector salud es de 6% del PIB y México invierte menos de la mitad de ese porcentaje. El objetivo de este documento es analizar los principales cambios propuestos en el paquete económico 2025, con el fin de identificar las implicaciones en materia de política del gasto en salud en diferentes grupos de la población. En 2025, el presupuesto del sector salud sumaría 918.4 mil mdp, lo que representaría un recorte de 11.0%, respecto a 2024. La inversión para el sector salud sería equivalente a 2.5% del PIB y la brecha presupuestaria para avanzar hacia la CUS se ampliaría; ahora se requieren, al menos, 3.5 puntos del PIB adicionales. En el IMSS, todos los programas presentarían incrementos, a excepción de: Actividades de apoyo administrativo con 14.9 mil mdp menos, Proyectos de infraestructura social con 3.9 mil mdp menos e Investigación y desarrollo tecnológico con 0.04 mil mdp menos. También destaca el incremento en el ISSSTE con 2.8%. En cambio, Pemex, Sedena y Semar tendrían recortes de 8.2%, 20.0% y 7.7%, respectivamente. Para la población sin seguridad social, la SSa presentaría un recorte de 34.0%, equivalente a 34 mil 420.9 mdp. Mientras que el aumento en el OPD IMSS-Bienestar sería de 31 mil 207 mdp. Aunado a estos recursos, los estados recibirían menos aportaciones para el fortalecimiento de sus sistemas estatales de salud, a través del FASSA, con un recorte de 60 mil 134 mdp. Los gastos ya comprometidos, las presiones fiscales y la falta de prioridad en el sector salud se reflejan en los recortes propuestos en el Paquete Económico 2025. Solo los institutos de seguridad social, IMSS e ISSSTE presentarían aumentos. En cambio, los recursos para la población sin seguridad social caerían.

A pesar del aumento de 31.2 mil mdp en el OPD IMSS Bienestar, éste no es suficiente para compensar los recortes en otros programas que se suman a los recursos destinados a este grupo de la población. Solamente el recorte en las aportaciones que se destinan a los estados y municipios sería de 60 mil 134.3 mdp. El bajo nivel de gasto ha sido un factor determinante en la crisis del sistema de salud mexicano desde hace décadas. Esto se traduce en insuficiencia de personal médico, de infraestructura, medicamentos, vacunas, métodos anticonceptivos, insumos y tratamientos. Además, persisten brechas de acceso entre grupos de población, regiones y enfermedades. Es importante recalcar que, con menos recursos, no podrán alcanzarse los objetivos de universalidad en salud que el gobierno se ha propuesto y se pone en riesgo la implementación del IMSS-Bienestar como el sistema que brindará servicios de salud a la población históricamente marginalizada. Además, se limita la capacidad del Estado mexicano de garantizar este derecho con los más altos estándares de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 que realizará la Cámara de Diputados en los siguientes días, la instamos a: Revertir los recortes propuestos en el área de salud, pues son regresivos y tendrán graves impactos en este derecho. Aprobar un presupuesto con enfoque de derechos humanos y género y con una perspectiva interseccional e intercultural que asegure que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar una atención de salud integral, con los más altos estándares. Cumplir con su responsabilidad de vigilar que el presupuesto aprobado se ejerza de manera eficiente, transparente y con rendición de cuentas a lo largo del año por parte de las distintas instituciones del sistema de salud. El derecho a la salud no puede ser objeto de recortes. Instamos a las personas legisladoras a priorizar la vida, dignidad y bienestar de la población desde una perspectiva de derechos.