Selva Politica

MIGUEL BARBA

• Desaparece el Programa de Fomento Ganadero; Afectará Cadena Pecuaria

• Abatir el Rezago en Garantías Individuales, Reto de los Nuevos Tiempos

La Comisión de Ganadería, presidida por el diputado Eduardo Ron Ramos (MC), aprobó el proyecto de Opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)-2019, en el que solicita rediseñar la asignación presupuestal, porque refleja disminución y desaparee al Programa de Fomento Ganadero, lo que genera un impacto negativo en las cadenas productivas pecuarias.

La propuesta del ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural, apunta la opinión de la instancia legislativa, presenta una reducción superior a 20 por ciento, en relación con el año anterior, equivalente a 14 mil 800 millones de pesos, y cancela el Programa de Fomento Ganadero, que atiende necesidades en materia de repoblamiento, infraestructura, sustentabilidad e investigación, “rubros que deben de ser reforzados, toda vez que el sector se encuentra en crecimiento y requiere atención pro-vital”.

Ron Ramos expresó que, por el bien de la ganadería y para que el país siga siendo productivo y aspire a mayores niveles de bienestar, es importante incrementar los recursos económicos.

La opinión que se enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala: “Proponemos incorporar los componentes del Programa de Fomento Ganadero al nuevo programa de Crédito Ganadero a la Palabra, los cuales son: capitalización productiva pecuaria, estrategias integrales para la cadena productiva, sustentabilidad pecuaria, programprodutivo, investigación e innovación y desarrollo tecnológico”.

 Además, se plantea para Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria un incremento de dos mil 678.9 millones de pesos, y para Agroasemex GROASEMEX otro de 340 mdp.

Al concepto de Trazabilidad, se piden 200 millones de pesos, a Estrategias Integrales para la Cadena Productiva, 610 millones; a Sustentabilidad Pecuaria, 300 millones; a Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Integral Pecuario con los gobiernos estatales y municipales, se piden mil millones de pesos.

Asimismo, plantea asignar a Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios, 50 millones; Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, 20 millones, y para el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, solicitan 10 millones.

En otros temas, los integrantes de la Comisión avalaron un proyecto de dictamen para que el Ejecutivo federal decrete medidas sanitarias, para evitar la entrada y propagación de la fiebre porcina.

En otro tema, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz (Morena), sostuvo que el reto para garantizar el bienestar, seguridad y felicidad de la infancia es abatir el rezago de sus garantías individuales y en su interés superior.

Durante el Foro: Hacia una Agenda Legislativa de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes expresó que para generar espacios de diálogo, discusión y debate acerca de las necesidades de los infantes se integrará una agenda legislativa que dé cabida a las aportaciones de organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles y ciudadanos.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Christian Skoog, mencionó que la niñez requiere que los tres órdenes de gobierno realicen su labor de proteger de manera efectiva derechos cuando son vulnerados; para ello, propuso fortalecer las secretarías ejecutivas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el ámbito federal, estatal y municipal para que pueda coordinar políticas públicas en la materia y la Ley de Planeación del Programa Nacional de Protección, a fin de articularlas.

Asimismo, dijo que deben adecuarse las legislaciones en materia penal, civil, administrativa, migratoria, educación, salud, y realizar reformas para hacer expresa la prohibición del castigo corporal, establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, que las madres adolescentes puedan acceder a la seguridad social, y ampliar las licencias de maternidad y paternidad.

Por otra parte, cuando está en consideración de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación es fundamental asegurar una adecuada inversión para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia, particularmente, en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

El representante del Unicef enfatizó que en el diseño de políticas públicas en la materia, se requiere de la participación de las niñas, niños y adolescentes, pues es uno de sus derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, por lo que solicitó que esta garantía se respete.

Francisco Castellanos García, director de coordinación Interinstitucional del SIPINNA, expuso que se debe reglamentar la obligación general de todas las autoridades en materia de derechos humanos; es decir, realizar una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución.

Consideró que otra tarea que tiene que realizar el Congreso es una Ley Nacional de Adopción, lo cual implica una reforma al artículo 73 de la Constitución, una Ley General de la Primera Infancia con el propósito de establecer la política del Estado para el desarrollo integral de la niñez entre cero a tres años de edad, así como una Ley General de Juventudes y una Ley General de Cuidados, para garantizar la atención a personas que necesitan sean velados sus intereses.

También, se requieren modificaciones a la Ley General de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal del Trabajo para evitar trabajo infantil y regular la ejecución de medidas de los menores que tienen problemas con la justicia.

Patricia Secunza, coordinadora de Incidencia y Expansión de la Fundación Quinta Carmelita IAP, subrayó que de acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 en el país existían 33 mil niñas, niños y adolescentes privados de cuidados que viven en los casi 900 centros de asistencia social.

“Lamentablemente los menores que se encuentran en estas instituciones son condenados a permanecer en estos sitios hasta la mayoría de edad, pues sólo el 15 por ciento tiene restituido su derecho a la vida familiar”, por lo que solicitó se regule en la materia.

Georgina Hernández Alonso, representante de Embajadores y Embajadoras, México, urgió a los legisladores generar una Ley Nacional de Adopción. En la actualidad, cada entidad maneja su código y al hacerlo independientemente, propicia que los niños que se encuentran en los centros de asistencia, no se integren a una familia porque los procesos jurídicos son muy lentos.

Se deberá dar un acompañamiento profesional a los padres biológicos, adoptivos e infantes para que realmente se logre por un desarrollo integral y óptimo, de niñas y niños que se integran a un nuevo núcleo familiar.

Rugidos

Más Recortes

Los altos y medianos mandos de la administración pública federal, vive una de las más fuertes y serias sacudidas de que se tenga memoria, al acatar la disposición del nuevo gobierno de la República de bajar y ajustar los salarios que perciben.

La disposición, como es sabido, obedece en gran medida a la política de austeridad ordenada por  el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha señalado que en el servicio público federal no puede haber salarios elevados.

Ayer sorprendió el anuncio del rector de la UNAM y del director del IPN, quienes dieron a conocer  que se suman al ordenamiento de reducir en buena medida las percepciones salariales que  devengan.

Al paso que vamos podríamos llegar a la depauperación del desempeño profesional de la administración pública federal.