Selva Politica

• Habrá Sanciones a Empresas que no Bloqueen Llamadas Desde Penales

• Urge Fortalecer los Programas de Prevención de Embarazos Entre Jóvenes

La Comisión de Comunicaciones y Transportes analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer con claridad las sanciones para las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.

La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), plantea crear un capítulo denominado “Sanciones en materia de Seguridad y Justicia”, a fin de considerar una multa equivalente de 1.1 a 4 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia reiterada, la revocación de las concesiones.

Destaca que la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar, según un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Menciona que el Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones, expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. En algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete días más de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.

Este panorama, abunda, “habla de la notoria falta de cumplimiento con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

Dicho ordenamiento precisa que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades competentes, para que, en el ámbito técnico-operativo, se cancelen o anulen, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores, ya sean federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

Preciado Rodríguez argumenta que las concesionarias tienen el deber de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptación social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad y el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, “tomar la medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traería consigo la disminución considerable, a medio plazo, de la extorsión por medio de llamadas telefónicas”.

Resalta que actualmente no pasa nada con las empresas de telefonía que incumplen la ley, porque no existe una sanción suficientemente coercitiva para obligar su acatamiento, lo cual afecta a la sociedad, ya que la inobservancia trae consigo el alza de la extorsión telefónica.

Da un ejemplo de extorsión: “Suena el teléfono, y tras contestar, a uno le toman desprevenido los gritos de un menor, puede ser niña o niño. ‘¡Ayúdame papá!’, se escucha, entre balbuceos entrecortados, que alguien llora sin cesar; entonces, el presunto secuestrador toma la llamada para pedir la recompensa por el menor, como si este fuera el hijo de quien recibe la llamada”.

Ese es el modus operandi con mayor popularidad en México, de acuerdo con un reporte del Consejo Ciudadano, el cual da cuenta de una alarmante alza en llamadas de este tipo. Tan sólo de enero a agosto de 2017, hubo 206 mil reportes de personas que lamentablemente fueron víctimas de alguna extorsión.

Además, la realidad se vuelve más alarmante cuando se sabe que en el mismo año hubo cinco millones de llamadas en el país, 63.95 por ciento a líneas fijas y 36.05 por ciento a líneas móviles, según datos de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones; de éstas, 3.7 millones fueron para extorsionar y salieron de las cárceles, según datos IFT.

Por ello, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos plantea que el IFT para determinar, el monto de las multas, deberá considerar la gravedad del desacato, la capacidad económica del infractor y la reincidencia.

Las multas serían ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria y el importe obtenido se destinaría al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas que contempla la ley.

**************

En otro tema, ayer la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias que aseguren la disponibilidad y financiamiento de métodos anticonceptivos altamente efectivos, principalmente aquellos de mínima invasividad y fácil adherencia para la usuaria, con el objetivo de intensificar la prevención del primer embarazo en adolescentes.

Además, propone que las secretarías de salud de las entidades federativas también establezcan acciones de prevención, por segmento de edad, con especial enfoque en las mujeres adolescentes y jóvenes, dado que la edad promedio del primer embarazo es alrededor de los 20 años.

En un punto de acuerdo, que analiza la Comisión de Salud, señala que datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indican que en México 43 de cada 100 que son madres lo fueron durante la adolescencia. Cada año hay aproximadamente 220 mil embarazos en mujeres entre 15 y 19 años, de los cuales casi la mitad son no esperados o no planeados.

Expuso que la disponibilidad de métodos anticonceptivos y su adopción después del primer embarazo, ha sido uno de los principales aciertos para lograr avances en materia poblacional, lo que ha contribuido a reducir la fecundidad global, de 3.4 hijas o hijos por mujer en 1990 a 2.2 en 2015.

Además, la implementación del Programa de Salud Reproductiva y la Ley General de Población, en los últimos 40 años, ha contribuido a este resultado. Sin embargo, “disminuir la tasa de mujeres que experimentan la maternidad a una edad temprana y de forma no planeada, se mantiene como uno de los principales retos”.

Regalado Mardueño destacó que el embarazo en edades tempranas es un elemento de exclusión social, ya que contribuye al deterioro de las condiciones de vida en las jóvenes y sus hijos, mientras favorece la transmisión generacional de la pobreza y acentúa los procesos de desigualdad, además de disminuir las oportunidades de progreso personal, social y profesional de las madres.

Mencionó que la mitad de las mujeres que tengan su primer hijo antes de los 20 años procrearán cuatro hijos o más durante su vida. Únicamente 22 por ciento de las mujeres que tienen un hijo en la adolescencia alcanza la educación media superior, mientras la probabilidad de hacerlo se incrementa a 50 por ciento cuando el primer hijo llega en un punto posterior a los 19 años.

La tasa de reinserción al mercado laboral, después de tener un hijo en la adolescencia, es de 46 por cada 100 mujeres. En cambio, para las que tuvieron su primer hijo después de los 19 años, es de 55 por cada 100.

Rugidos

Lluvia de Despidos

El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, está empeñado en dejar sin empleo a decenas de miles de trabajadores y padres de familia que laboran dentro del gobierno federal, sin la seguridad que representa estar sindicalizado.

En su afán por ahorrarse unos pesos más por el pago de salarios, lo que le permitirá acumular más recursos para poder cumplir sus compromisos de campaña, el Presidente de México ha comenzado a lastimar y dejar en la orfandad laboral a miles de trabajadores que tenían muchos años de laborar “a lista de raya”.

La percepción social inmediata es que el gobierno no está calculando debidamente el alcance de sus decisiones. Además de poner en riesgo la marcha de la administración pública federal, los despidos podrían empujar a los trabajadores cesados a iniciar la lucha con marchas y plantones a nivel nacional.

El Presidente López Obrador parece estar empeñado en gobernar sin la alianza y el apoyo de los trabajadores.