Selva Politica

MIGUEL BARBA

• Preparan Diputados Acciones Para Detectar Compra de Gasolina Robada en el País

• Desabasto de Gasolina, por la Errónea Estrategia de Combatir el “Huachicoleo”

Ante la crisis de desabasto de gasolina que enfrentan más de 10 estados del país y la posibilidad de que la situación provoque desabasto de víveres e inflación, la Comisión de Energía analiza reformas a las leyes de Hidrocarburos, y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, a fin de crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta, para detectar adquisiciones ilícitas.

Se plantea incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de hidrocarburos de procedencia ilegal, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), promotora de la iniciativa de reforma, destacó que las organizaciones criminales han visto en el robo de combustible, una importante fuente de ingresos para sus actividades delictivas, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.

La llamada “ordeña”, se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.

El combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.

Fernández Cruz mencionó que en 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó 10 mil 101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.

En 2017, las pérdidas de Pemex por robo de combustible ascendieron a los 30 mil millones de pesos, agregó.

Los daños económicos por estas prácticas son acumulativos, ya que no sólo implican el robo de hidrocarburos, sino que causan problemas al ambiente y la muerte de personas por accidentes provocados en las tomas clandestinas; adicionalmente, el blanqueo o lavado del combustible, provoca pérdidas millonarias al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Destacó la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para generar bases de datos cruzados que permitan a los órganos reguladores del sector hidrocarburos y dependencias con competencia directa en la comercialización y manejo de combustibles, tener acceso a información que ayude a la inspección, vigilancia y supervisión.

La iniciativa, suscrita también por el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM), busca crear un sistema de información en el que participen las secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

Tal sistema deberá integrar, cuando menos, identificación de permisionarios del sector hidrocarburos, registros contables, volumen de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos obtenidos lícitamente para llevar a cabo su actividad, y en el caso de la comercialización, expendio y distribución, el volumen y monto de las ventas, así como personas físicas o morales sancionadas por alguna irregularidad en el desarrollo de su actividad, sea por robo de combustible, evasión de impuestos, falsificación de reportes o venta de litros incompletos.

Estas reformas permitirán que autoridades encargadas de verificar el correcto actuar de las actividades del sector hidrocarburos, tengan información integral de los permisionarios, y desincentivar el lavado de combustible al amparo de las autorizaciones correspondientes.

Sobre esta situación, la vicecoordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró que la crisis de desabasto de gasolinas en al menos siete entidades, es resultado de una mala estrategia implementada por el gobierno federal para combatir robo de combustible.

Además, es consecuencia de designar en áreas estratégicas a personas sin experiencia, sostuvo en un comunicado.

“Hay una responsabilidad total del Ejecutivo por nombrar en espacios estratégicos para el país, y que tienen que ver con la seguridad nacional, a personas sin experiencia”, como el caso de Rocío Nahle García, titular de la Secretaria de Energía (Sener); y Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Hay coincidencia en la necesidad de combatir el huachicol, pero “no hay una respuesta adecuada de quienes están al frente de estas dependencias para resolver las contingencias generadas por el desabasto”.

La ciudadanía sigue esperando una respuesta concreta para resolver el problema, pero hasta el momento sólo se ha dicho “que será pronto y eso es una irresponsabilidad”, manifestó.

Cuando se toma una definición de este calado debe haber tiempos y alternativas, cosa que no se ha visto.

“Somos testigos del resultado de una mala estrategia implementada por el gobierno federal, hablar ya de desabasto en alimentos por supuesto que es un asunto mayor, vemos antecedentes que están pasando en otros sectores, lo que tiene que ver con distintas industrias y las afectaciones que han tenido en la vida diaria las ciudadanas y los ciudadanos”.

En este sentido, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, fortalecen las acciones en contra del robo de combustible, entre ellas, establecer mayores sanciones a quienes participen en esta actividad ilícita.

Aseguró que este delito en México no es nuevo es un mal que ha exacerbado la violencia en el país desde hace más de ocho años y se incrementó de manera exponencial a partir de la indiferencia de las instancias competentes.

Su propuesta va dirigida para “quienes tienen la posibilidad de utilizar de manera ventajosa la concesión otorgada por el Estado para el manejo de hidrocarburos e impiden que haya un uso adecuado, racional y eficiente de los recursos que corresponden a la hacienda pública”.

Bonifaz Moedano subrayó que las causas principales del robo de combustible son: corrupción, complicidad y colusión, que favorecen a mucha gente, dañando de manera directa a la sociedad.

Rugidos

La Otra Guerra

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López está decidido a cerrar la llave de la corrupción, sobre todo si se trata de ganar la batalla para frenar el robo de gasolina que mucho afecta a la economía nacional y, con ello, a quienes menos tienen.

Tan decidido está el Primer Mandatario que parece olvidar la otra guerra que se vive a diario por el tráfico de drogas en nuestro país, la cual no debemos olvidar, sigue cobrando vidas humanas, efectos que podrían evitarse.

Si el combate contra el robo y venta de gasolina llevará tiempo, debido a que el gobierno todo parece indicar enfrenta a un verdadero cartel en el comercio de hidrocarburos robados, muy seguramente ya no le dará tiempos para emprender bajo una nueva estrategia, la lucha contra el narcotráfico.

Parece ser que la decisión de enfrentar abiertamente a la corrupción y delincuencia, ha dejado atrás la propuesta de “abrazos, no balazos para quienes se portan mal”, citada en tiempos de campaña por el hoy Presidente de la República.